Política

Telecomunicaciones: el decreto del gobierno anticipa una larga pulseada

La decisión de Alberto Fernández de declarar servicio público a la telefonía, cable e Internet introdujo en la agenda política un tema de alto impacto social

Sábado 29 de Agosto de 2020

Hace una semana, la decisión del gobierno de Alberto Fernández de devolver a las telecomunicaciones su status de servicio público en competencia y congelar las tarifas hasta fin de año apareció como un rayo en un cielo estrellado. Sobre todo, sorprendió a una oposición, concentrada en la crítica a la estrategia sanitaria y el rechazo a la reforma judicial, y a los grandes jugadores del sector, que ya habían anunciado aumentos a partir de septiembre y ahora aseguraron que caerán las inversiones.

Después de la ola expansiva del decreto 690/20 la agenda pública se centró en la pandemia y en la reforma judicial, pero el gobierno ya empezó a mover sus fichas. El jueves, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el titular del Enacom, Claudio Ambrosini, iniciaron una ronda de reuniones. Recibieron a representantes de pymes y cooperativas _actores fuertes en las provincias_ y la semana que viene harán lo propio con las grandes compañías de televisión por cable y telefonía celular.

Lo cierto es que la medida tiene un alto impacto social. De acuerdo al Indec, en el cuarto trimestre de 2019 82,9% de los hogares tiene acceso a internet, 79,9% de la población utiliza la red. Además, las empresas del sector estiman que hay más de 50 millones de líneas de celulares en servicio.

Pero en concreto, ¿Qué implica el decreto presidencial?

Para el doctor en Comunicación Sebastián Castro Rojas el elemento central es que no puede haber aumentos en servicios de telecomunicaciones entre julio y diciembre. “Como política es acertada, sobre todo pensando en que el ciudadano no sufra más aumentos como los que sufrió en los últimos años, que siempre fueron por delante de la inflación _evalúa el también docente de la UNR_. Es tratar de adaptar al sector a la situación que estamos viviendo con la pandemia”.

Según el doctor en Ciencias Sociales Santiago Marino a partir del decreto “el Estado recupera una capacidad de control que había perdido en la gestión de Mauricio Macri, sobre todo a partir de los decretos con los que cambió la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la ley Argentina Digital”. Desde ahora, remarca el director de la de la Maestría en Industrias Culturales de la Universidad Nacional de Quilmes, el Estado puede fiscalizar las tarifas y la calidad de las prestaciones.

“Ahora los aumentos no serán automáticos ante el humor o la necesidad de la corporación que presta el servicio, podrá hacerlo a partir de una presentación oficial que se haga ante la autoridad de aplicación, que deberá avalar estos aumentos”, explica.

En el texto, aclara Marino, no hay ningún lineamiento que permita al Estado intervenir las empresas o afectar su estructura de propiedad.

Por su lado, ambos especialistas plantean posiciones diferentes sobre la herramienta del decreto. Mientras Marino considera que se debería haber sancionado una ley, porque le daba más legitimidad a la normativa, Castro Rojas señala que los lentos tiempos parlamentarios no permiten introducir esos cambios en una coyuntura que requiere medidas urgentes.

Donde sí acordaron es en la necesidad de despejar la grieta política de las discusiones sobre políticas públicas para el sector y en la crítica a las grandes empresas del sector.

En este sentido, Castro Rojas afirmó que la reacción de las firmas a la medida es “una respuesta casi lógica de lobby empresarial para tratar de seguir maximizando las ganancias” y Marino criticó el argumento de la posible caída de inversiones. “En 2018, durante el gobierno de Macri, Telecom anunció una inversión de 5 mil millones de dólares que terminaba en 2021, vamos la mitad de ese plazo y no invirtió ni por asomo la mitad de ese monto _advirtió_. Las empresas invierten de acuerdo a sus necesidades, los contextos macroeconómicos y la tecnología; estamos en un escenario en el que debería aumentar la inversión para la expansión del 5G”.

En esa pulseada hay mucho dinero en juego. De acuerdo al informe que realiza todos los años la revista Mercado Telecom Argentina se ubicó en el cuarto puesto de las 1.000 empresas que más venden: en 2019 facturó 221.970 millones de pesos. Claro, en el escalón 23, vendió por 102.624 millones. Telefónica Móviles, se ubicó en el lugar 25 con 97.308 millones y Telefónica de Argentina (que provee telefonía fija, datos e internet) en el 49 con 60.135 millones.

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