Cuadernos de las coimas

Szpolski admitió que Abal Medina le dio fondos millonarios para las elecciones de 2013

El empresario de medios K admitió que recibió 200 millones de pesos en plata negra para imprimir 16 millones de boletas electorales del Frente para la Victoria.

Lunes 01 de Octubre de 2018

El empresario Sergio Szpolski completó hoy ante el juez federal Claudio Bonadio la declaración que había comenzado el viernes pasado en la causa de los Cuadernos de las coimas, a raíz de la documentación en la causa que señala que recibió unos 200 millones de pesos de dinero en negro para la impresión de boletas del Frente para la Victoria para las elecciones de 2013.
El exempresario de medios K presentó un escrito y además respondió preguntas del juez. Sostuvo que el exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, le encargó la impresión de "16 millones de boletas" electorales del Frente para la Victoria (FPV), para las elecciones PASO y las generales bonaerenses de 2013. Y aseguró que ese dinero se lo dieron desde Jefatura de Gabinete del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
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En su imprenta Poligráfica del Plata se imprimieron millones de boletas del FPV, así como las revistas 7 Días, Veintitrés, Cielos Argentinos, Forbes, Newsweek, Auto Bild, Lonely Planet y El Sensacional, entre otras, que formaban parte del grupo de medios de Szpolski y Matías Garfunkel. Pero a fines de 2014, Szpolski vació la imprenta y dejó de pagarle el sueldo a sus 60 empleados, hasta llevarla a la quiebra.
Luego de la declaración ante Bonadio, Szpolski conversó con los periodistas y aseguró que cuando se disolvió su grupo de medios, "no hubo 800 despidos, de ninguna manera", pese a que tiene cientos de juicios laborales, por periodistas que dejó en la calle, sin indemnizaciones ni aportes laborales. Su grupo era el que más publicidad oficial recibía del gobierno kirchnerista, alcanzando $ 422 millones sólo en el año 2015. Pero se disolvió días despues de que Cristina Kirchner dejó el Gobierno.
Arresto domiciliario al empresario Néstor Otero

En tanto, la Cámara Federal concedió este lunes el arresto domiciliario al empresario Néstor Otero, de 79 años, quien había pedido la medida por padecer "hipertensión arterial, diabetes y antecedentes de hipertrofia protática, bronquitis, y esteatosis hepática".
"Entendemos que corresponde conceder el beneficio peticionado, ya que un análisis lógico en sentido humanitario, indica -sin duda alguna- que el nombrado, con una edad avanzada, un estado de salud deteriorado y con las patologías crónicas, evolutivas y no curables que reviste (sobre todo en relación a la atención de la diabetes), pueda permanecer en su domicilio, atendido por sus médicos de confianza y contenido por su núcleo familiar", sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Otero, según los magistrados, está en una situación "altamente riesgosa en cuanto a su estado físico, puesto que resulta de público conocimiento que una persona longeva y con serios trastornos en su salud".
También tuvieron en cuenta la situación de la cónyuge del empresario, quien sufre de alzheimer y parkinson, "requiriendo asistencia respiratoria y alimentación por botón gástrico circunstancia que por demás amerita cuidados permanentes y contención afectiva de su familia".
"No sólo se destaca el delicado cuadro clínico del imputado al cual ya hicimos alusión, sino que, a su vez, se verifican particularidades por las cuales atraviesa su entorno íntimo, más específicamente su esposa, que no pueden soslayarse al momento de resolver la incidencia", sostuvo el Tribunal en su fallo al que accedió NA.
Los camaristas evaluaron, además, que para asegurarse la eventual sujeción de Otero a la causa existen dispositivos electrónicos como ser pulseras y sistema de GPS, que "de modo eficiente, pueden asegurar que el nombrado continúe cumpliendo de manera estricta su detención".
"Sobre el punto, cabe advertir que una medida de esta índole que se cumpla bajo una modalidad de restricción de menor entidad -como lo es el arresto domiciliario- fundado en razones humanitarias, no puede implicar un peligro procesal mayor, más cuando este beneficio presupone la prisión preventiva, y no la libertad durante el proceso", concluyeron los jueces.


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