Pocas horas antes de cumplirse un año de la declaración de “estrés financiero” de Vicentin, el juez Civil y Comercial Nº 2 de Reconquista, Fabián Lorenzini, ordenó ayer la intervención por 90 días de la agroexportadora en concurso preventivo y le prohibió comprar o vender acciones. Con casi seis meses de demora, el fallo que limita al nuevo directorio del gigante cerealero —ya prepara su apelación— responde a un pedido elevado en junio pasado por la Casa Gris, que también por decisión del magistrado deberá secundar a Andrés Schocron (veedor propuesto por acreedores comerciales) al frente del proceso que despunta.
En una resolución de casi 60 páginas, Lorenzini justificó la medida en “la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones” por parte de la compañía en default —casi 1.400 millones de dólares— al juzgado que pilotea el concurso de acreedores.
En ese contexto, el magistrado designó como interventor de Vicentin a Shocron, quien tendrá facultades similares a las del presidente del directorio del grupo en cesación de pagos, Omar Scarel. Aunque ambos deberán actuar de modo conjunto. Por eso, toda iniciativa administrativa, o que demande la previa autorización judicial, recibirá un visto bueno compartido.
Además, Lorenzini ordenó que la subintervención de Vicentin quede en manos de un representante del gobierno de Omar Perotti. Hasta que el Ejecutivo provincial oficialice la designación, el cargo será ocupado por María Victoria Stratta, titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), quien en su momento formalizó el pedido de intervención.
La resolución del magistrado tomó estado público cuando el presidente Alberto Fernández recorría, junto a su equipo económico, dos fábricas en Venado Tuerto (ver página 10).
Paralelamente, diputados provinciales que integran la comisión de seguimiento de la debacle de Vicentin no ocultaron sus reparos frente a la decisión de Lorenzini (ver aparte).
Es que un día antes de la difusión de la medida habían recibido en el recinto de sesiones de la Cámara baja al nuevo directorio de la agroexportadora, junto a su asesor Diego Guelar (ex embajador en China durante el gobierno de Mauricio Macri). Una visita que, según enfatizaron los legisladores, reflejó un plan corporativo a futuro pero no despejó las dudas sobre el origen del default de la empresa.
Entre otras medidas, el magistrado también prohibió cambios en la “composición y tenencia del capital accionario de la concursada, al momento de la última asamblea ordinaria”, que se realizó en octubre.
La intervención del “órgano de administración” de Vicentin es por 90 días “hábiles judiciales prorrogables”, aunque podría extenderse hasta abril ya que excluye las jornadas no laborables (fines de semana y feriados), al igual que enero, mes en el que impera la feria judicial.
La resolución también destaca “el actual silencio —del directorio— respecto de la presentación del balance correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de octubre de 2020 y la elaboración de un plan de negocios para 2021”.
Asimismo, el juez aludió a “inconsistencias en torno a la presentación del balance 2019”, una demorada pieza clave para dilucidar las causas de la caída de la empresa.
A fines de julio, la segunda audiencia de conciliación entre funcionarios de Perotti y el anterior directorio de Vicentin (renunció en septiembre) concluyó sin acuerdo y, desde entonces, Lorenzini debía resolver si la cerealera era intervenida o no.
En ese momento, la gerencia se negó a dar un paso al costado y a transferir acciones, condiciones inamovibles para el plan de salvataje de Vicentin a través de un fideicomiso mixto impulsado por la Gobernación (que permitiría eludir la estatización propiciada por la Nación).
Un mes después, diputados de la comisión de seguimiento de Vicentin se reunieron —de modo virtual— con Lorenzini, marco en el cual el magistrado no le restó chances a la intervención planteada por el gobierno santafesino.
Anoche, en la Casa Gris deslizaron a La Capital su “sorpresa” por la decisión de Lorenzini y no aventuraron nombres para la subintervención definitiva.
Meses atrás, Perotti había propuesto a Alejandro Bento (uno de los hombres de confianza del rafaelino) como la pata santafesina del triunvirato impulsado por la administración de Fernández en su fallida intervención de Vicentin.
Reacción del arco político
El presidente de la comisión de seguimiento de Vicentin, el diputado provincial del PJ Luis Rubeo, no ocultó sus reparos frente a la intervención de la agroexportadora dispuesta por Lorenzini. Incluso, le recomendó a la Casa Gris no aceptar la participación en ese proceso.
“No me parece que la resolución judicial ayude, no es positiva. Si fuera el gobernador, no asumiría el camino de la subintervención como propone Lorenzini”, aseveró el legislador.
En ese sentido, Rubeo enfatizó: “Hay un plan para Vicentin, del cual Lorenzini no es ajeno. Al contrario, es afín a esos intereses”. En marzo, un acreedor del concurso preventivo había recusado al magistrado por asesorar durante más de 20 años al Banco Nación (BNA), entidad con la que la firma en default mantiene una gran parte de su deuda financiera.
Incluso, el juez de Reconquista fue señalado por su presunta cercanía a los dueños de la agroexportadora con sede central en Avellaneda (ciudad también ubicada en el departamento General Obligado).
“Pasaron casi seis meses desde que el gobierno provincial pidió la intervención. Me pregunto si eso no permitió el desguace de la empresa”, concluyó Rubeo.
Otro diputado de la comisión de seguimiento de Vicentin, Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), aseveró a La Capital: “Es una medida que llega seis meses tarde y sólo busca lavarle la cara a la empresa en su intento de recuperar confianza y arreglar con los acreedores”.
“Vicentin y la Justicia de Reconquista parecen recuperar la iniciativa política. Los grandes ausentes son los gobiernos nacional y provincial. Hay que retomar el camino de la expropiación para constituir una empresa pública no estatal y exigirle al grupo que traiga los millones de dólares que fugó del país y pague las deudas”, sentenció.
