En un texto llamado Soñar con Rousseau y despertar con Hobbes, el historiador Waldo Ansaldi analizó el largo y sinuoso camino de formación del Estado nacional argentino, que ocupó casi todo siglo XIX. Entre la Revolución de Mayo y la federalización definitiva de la ciudad de Buenos Aires cambiaron los protagonistas, los contextos, los objetivos, las tareas y los instrumentos.

Seguramente, antes y después de asumir como presidente Alberto Fernández soñó con repetir la experiencia nestorista. Habiendo hecho otros el trabajo sucio del ajuste, encabezar un proceso de recuperación económica sostenida.

Sin embargo, la profundidad de la crisis, agravada por el Covid-19, parece haber puesto a Fernández en el lugar del antecesor de Kirchner: Eduardo Duhalde. Antes que inaugurar un nuevo ciclo económico y político, ordenar una transición.

Desde diciembre, el gobierno dio señales que más que redistribuir, la prioridad era estabilizar. Ya en modo pandemia, aparecieron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que tienen la impronta del plan Jefes y Jefas de Hogar, lanzado por el caudillo bonaerense en el verano caliente de 2002. Como entonces, se privilegió la llegada de recursos a la sintonía fina.

Pero si Duhalde y Kirchner eran jefes, Fernández es el administrador de una coalición heterogénea, integrada por accionistas de diversos tamaños.

Hace dos semanas, a través de una carta la accionista mayoritaria remarcó al CEO su tarea histórica: sentarse a negociar con quienes ella no puede. Empezar a construir un gran acuerdo. Fernández empezó a cumplir su parte: la semana pasada, Martín Guzmán se reunió con los popes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la crema del empresariado local.

Al Fondo

Ayer, la misión del FMI llegó a la Argentina para negociar un nuevo programa. En la última semana, el gobierno dio muestras ortodoxas de voluntad de acuerdo: anunció que el Tesoro no tomará adelantos del Banco Central hasta fin de año, lanzó bonos en dólares para cerrar la brecha entre el oficial y las otras cotizaciones y confirmó que el IFE y el ATP desaparecerán cuando el almanaque cambie a 2021.

El detalle es que el ministro de Economía indicó que que negociará con el Fondo una línea de facilidades extendidas. Un plan que extiende los plazos de pago pero que impone mayores condicionalidades. Por ejemplo, reformas cambiarias y en el sistema jubilatorio. La Argentina ya firmó dos programas de este tipo, en 1992 y 1998, bajo la presidencia de Carlos Menem.

De aprobarse el EFF (Extended Fund Facilities, por sus siglas en inglés) el gobierno transitará por un desfiladero angosto, y con los burócratas de Washington en el asiento de copiloto indicando qué rutas pueden transitarse. Aparecen en el horizonte dos riesgos opuestos. Si el ajuste se queda corto, asoma el abismo del default y la turbulencia financiera. Pero si el recorte es por demás de exitoso —aritméticamente hablando— aparece un riesgo cierto de veto social y político al tijeretazo. Incluso, y sobre todo, de actores de la coalición oficialista.

En este marco, la decisión del gobierno de enviar un proyecto de ley al Congreso para declarar la “sostenibilidad de la deuda pública” como política de Estado es además de una decisión constitucionalmente saludable una jugada que busca inyectarle consenso a la renegociación de los pasivos.

La administración Fernández se juega un pleno a un 2021 positivo: con vacuna y reactivación económica, a pesar de la caída del IFE y el ATP y con salarios planchados. Se verá si la realidad y las expectativas oficiales están alineadas.

Lo cierto es que en cualquiera de los escenarios Fernández deberá entrenar duro en el arte de la explicación. El mandato del electorado en 2019 fue dejar atrás el ajuste macrista. Encender la economía, como decía el entonces candidato del Frente de Todos.

Este fin de semana, Fernández viajó a Bolivia para participar de la asunción presidencial de Luis Arce, tras un año de gobierno de facto. Allí, el primer mandatario argentino firmó junto a otros líderes y ex gobernantes progresistas de América Latina y Europa la Declaración de La Paz en Defensa de la Democracia.

Uno de los firmantes es Alexis Tsipras, referente de Syriza, una especie de primos griegos de los españoles de Podemos. La coalición llegó al poder en 2015 con un discurso anti austeridad. Sin embargo, a pesar del rechazo mayoritario a las condiciones del rescate propuesto por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo el gobierno de Tsipras avanzó con los recortes y privatizaciones que impuso la troika. El año pasado, Syriza perdió las elecciones.