Política

Somaglia: "Respetar la independencia no es tener indiferencia por la actividad judicial"

El secretario de Justicia provincial trazó un balance de gestión y habló sobre los efectos de la crisis de confianza por la que atraviesan las instituciones públicas y la relación con el Poder Legislativo

Lunes 11 de Enero de 2021

El secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia, realizó un balance sobre la gestión del área durante 2020 y fijó las metas de 2021, además de considerar los efectos de la crisis de confianza por la que atraviesan las instituciones públicas y la relación con el Poder Judicial y el Legislativo.

—¿Cómo fue 2020 en la vinculación con el Poder Judicial?

—Es inherente a la Secretaría de Justicia articular la gestión del Poder Judicial con las actividades del Ejecutivo en ése ámbito. Decimos que respetar la independencia no es tener indiferencia por la actividad judicial. En esa línea, 2020 ha sido diferente, los efectos del Covid-19 pusieron a prueba el quehacer judiciario, pero resultó provechoso por cuanto nos permitió delinear y avanzar en consensos para una agenda común a ejecutarse en 2021. Entre los temas encarados, y en el marco del plan de conectividad provincial, la necesidad de concluir la informatización del proceso Penal, avanzar en un cambio sustancial en las competencias de los Juzgados de Pequeñas Causas, instituir la Justicia Contenciosa Administrativa de 1° Instancia de fuero pleno, unipersonalizar los Tribunales Colegiados, avanzar con el proceso Civil y Comercial y afrontar las contingencias del fuero Laboral rosarino, sin caer en la recurrente generación de nuevos juzgados, son transformaciones imperiosas que, junto a los concursos abiertos para cubrir vacantes de magistrados, posibilitarán adaptarnos gradualmente y resolver las necesidades de la época.

—¿Los Colegios de Abogados fueron críticos de la actividad judicial en el curso de la pandemia?

—El Poder Judicial brinda un servicio a la comunidad y los abogados la auxilian para obtener de aquél resoluciones oportunas y hacen de ello su medio de vida. Los obstáculos nacidos a la sombra del Covid-19 fueron excepcionales. Nadie quedó marginado de sus efectos, ni se estaba preparado para afrontar semejante crisis. Las reacciones gremiales forenses fueron justificadas, aunque con palabras irascibles, cuyos pedidos sólo pueden proveerse mediante un diálogo institucional serio y tolerante de la situación que transita cada parte involucrada. Conversamos con todos y creemos haber avanzado, tanto en acuerdos como en la admisión de las reales dificultades que sólo pueden satisfacerse con eficiencia y tiempo, en especial cuando se involucra al sistema de gestión informática.

—Frecuentemente se habla de crisis de confianza en el Poder Judicial, ¿lo entiende así?

—La confianza en la totalidad de las instituciones públicas está en crisis. Si bien los indicadores exhiben una sociedad descreída de la Justicia, no es menos cierto que la misma sociedad también está en crisis y resulta excesivamente judicializada, pues se demanda concreción de Justicia, pero ese valor sólo puede ser proveído por el único Poder del Estado encargado de ello, el cual también debe transitar múltiples factores internos y externos que impiden satisfacerlo del modo que dicha sociedad pretende. La anomia caracteriza a nuestra sociedad, se nos enrostra no sólo frente a las leyes sino frente a las normas sociales, que también se han puesto en crisis, pues las condiciones de eficacia dependen de la propia sociedad que vive en modos diversos y contradictorios al relacionarse con las reglas. Esta forma de comportarse va moldeando nuevos hábitos y muestra un nuevo contexto vital. Los jueces tienen un gran desafío, deben ser ingenieros sociales, la Constitución y el nuevo Código Civil y Comercial nacional les brindan suficientes herramientas para interpretar la realidad y resolver así los conflictos. Afrontar esa realidad es también corresponsabilidad de los tres Poderes del Estado.

—Ese desafío, a la luz de la situación que vive el Ejecutivo con el Legislativo, ¿cómo cree que impacta?

—La convivencia nacional exhibe una característica general que se particulariza en Santa Fe, y es la grieta que está instalada en el juego de resolver las disposiciones normativas que surgen de la Legislatura. Sin dudas repercuten en la visión que la sociedad toma de ese Poder estatal, pues véase que un sector del justicialismo senatorial coincide en acciones con el Frente Progresista (FPCyS), junto a otras líneas políticas, en diversas iniciativas legislativas contrarias a los propósitos gubernamentales. Eso acarrea la paradoja de que algunos que colaboraron en alcanzar el éxito eleccionario de 2019, hoy alineados a fuerzas opositoras, obstruyen el avance y ejecución del plan de gobierno del Ejecutivo, inhibiendo concretar políticas de Estado acorde a los tiempos que corren. La sanción del entonces presupuesto 2020 y el modo de tratar la reciente ley impositiva son dos muestras de ello.

—¿Entonces cómo trabajar sobre esa coyuntura?

—La concreción de las ideas requiere una forma de pensar, para que resulten útiles deben ser concebidas en función de la vida social, y partiendo de la experiencia nos permitirá anticipar juicios acerca de futuras conductas. La evolución humana, como de las instituciones, es un esfuerzo que requiere pensarse y adaptarse velozmente a los cambios aprehendiendo la realidad ambiente diversa e independiente de los dogmas radicalizados. Desconocer ello, es renunciar a pensar e imaginar un mejor futuro. No podemos entonces caer en la práctica rutinaria, ya que la rutina a condescender o admitir el statu quo, como decía José Ingenieros en su obra “El hombre mediocre”, resultará estéril. Por eso, los pasos a gestionar tendrán valor por las decisiones y hechos que se produzcan. Lo será por nuestras energías propulsoras de cambios. Debemos inteligir este momento, y quien ignore este cambio de época y no se adapte a los cambios que la evolución social nos interpela, profundizará las contradicciones de hoy. Y quienes así actúen deberán asumir las consecuencias de la situación en la que estamos.

—¿Los Registros y otras dependencias de su área pudieron sostener los servicios en 2020?

—Pese a las dificultades, los resultados fueron satisfactorios. Algunos de ellos se acoplaron a sistemas de información y registración por web, que van ajustándose según el avance tecnológico. Se tomaron recaudos eficientes y sin pausa en el área de Justicia Penal Juvenil y en el Programa de Protección a Testigos. En Inspección de Personas Jurídicas se produjeron 4.850 trámites, de las cuales más de mil fueron creaciones de nuevos entes y modificaciones estatutarias. En los Registros de la Propiedad se produjeron más de 225 mil trámites en toda la provincia, número más que aceptable en orden a que dicha oficina nunca cerró sus puertas. El Registro Civil verificó, entre todos sus trámites, más de 220 mil gestiones, donde casi 14 por ciento refirió a defunciones. En las AGEM se recibieron 6.700 pedidos de mediación, de los cuales sólo se realizaron 4.000, obteniendo acuerdos sólo en 710 casos, mientras que los CAJ han continuado procurando más de cien querellas criminales, profundizándose su inserción en el programa lanzado durante 2020 de Asistencia a Víctimas de Delitos. El Ruaga pudo realizar dos convocatorias en el año con excelentes resultados. El Consejo de la Magistratura llamó a concurso para cubrir numerosos cargos de funcionarios y magistrados judiciales. Además, asumió la conducción en la causa Vicentin y coordinó las acciones en la Mesa de Diálogo Penitenciaria.

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