El Secretario de Justicia de Santa Fe, Gabriel Somaglia, repasó la labor desplegada a lo largo de 2021. Con más de 30 años en la docencia académica y una larga trayectoria profesional, continúa en el gabinete provincial desde el inicio del gobierno de Omar Perotti y es uno de los funcionarios que propicia y practica el diálogo entre los poderes estatales.
—¿Satisfecho con la labor realizada por la secretaría en 2021?
—Muy contento con las tareas realizadas, la salida gradual del régimen de aislamiento social posibilitó incrementar los servicios que se brindan a la población, generalmente en los Registros General, Civil e IGPJ, donde los resultados son manifiestos. La pandemia nos mostró la transición hacia una nueva época, hacia la virtualidad, la electrónica, y los vínculos interpersonales e interinstitucionales mediante diversas plataformas de conectividad, constituyendo una nueva forma de relacionamiento. Como todo arranque abrupto, causó obstáculos que necesariamente el tiempo acomoda, no sólo con la provisión de nuevos insumos sino en la adaptación de los ya existente. Los sistemas informáticos tenían capacidad de almacenamiento y transferencia de datos de acuerdo a 2019. Por eso, con la pandemia en reiteradas oportunidades colapsaban e impedían que los trámites salieran con la urgencia necesaria, lo cual generó inconvenientes que, mayormente, fueron solucionados. Pero frente a las conductas actuales, sobre la exaltación del presente, ejemplo del “quiero ya”, o la exaltación del subjetivismo del “hacé la tuya”, toda demanda social parecería que debe satisfacerse de inmediato, porque fuimos perdiendo la capacidad de tolerancia, la actitud para la reflexión, e incrementado los niveles de ansiedad.
—¿El Programa Santa Fe + Cerca rindió los frutos esperados?
—La secretaría, más allá de interactuar con el Poder Judicial, centralmente rinde servicios a la comunidad. Por eso, el gobernador tomó la decisión de acercar al territorio alejado de los grandes centros urbanos y a los barrios más vulnerables y precarios las distintas oficinas que integran nuestras áreas. El Registro Civil, con todos los documentos que expide, posibilitó que miles de ciudadanos accedan a su DNI y pudieran canalizar en sus propios barrios y localidades trámites inherentes a nacimientos y defunciones. El Registro General instrumentó la extensión gratuita de actas públicas para protección de la vivienda (ex bien de familia). La Labor de IGPJ con ONGs, vecinales y demás asociaciones deportivas y culturales de los diversos barrios pudieron regularizar sus estatutos y así acceder a la formalización de sus dirigencias y acceso de subsidios. Los Centros de Asistencia Judicial continuaron brindando asesoramiento jurídico gratuito en materia de hechos delictivos, defendiendo a víctimas y acompañando a las mismas mediante querellas criminales. Hoy procuran más de mil en toda la provincia. En ese orden, se realizaron numerosos convenios con la Ansés, el Pami, Cajas de Jubilaciones y entidades análogas para proveerles actas del Registro Civil y agilizar trámites.
En 2022 tenemos el desafío de encontrar entendimientos con el Legislativo, sosteniendo el diálogo en torno a las reformas judiciales” En 2022 tenemos el desafío de encontrar entendimientos con el Legislativo, sosteniendo el diálogo en torno a las reformas judiciales”
—¿Y las expectativas para 2022?
—Será un año de mucho trabajo y fortalecimiento institucional hacia los poderes Legislativo y Judicial. Con el primero tendremos el desafío de encontrar entendimientos, sosteniendo el diálogo para que las reformas judiciales puedan concretarse y los pliegos de futuros jueces sean diligenciados con inmediatez sin devolución o rechazos. Este tema requiere una mayor maduración del diálogo y evitar posiciones extremas que en nada contribuyen a la política y a la sociedad. Tendremos que tratar leyes que incrementan la competencia de jueces comunitarios, acercando así la justicia a los ciudadanos alejados de las urbes más pobladas, instaurar la Justicia Contenciosa Administrativa de 1ª Instancia, reformar el régimen actual del Registro Publico de Comercio, del Código Procesal Civil y Comercial, el Código Procesal Penal Juvenil y la ley de defensa al consumo. La mayoría de esos temas fue objeto de estudio en Santa Fe + Justicia (lanzado a principios de 2021). Con el Poder Judicial fue un año de construcción institucional, colaborando en la satisfacción del servicio de justicia frente a la demanda de la sociedad y los operadores del derecho.
—¿Advierte en la gestión de Perotti la politización de la justicia, o la judicialización de la política?
—Ese fenómeno es presentado a nivel nacional como una cuestión preocupante. Santa Fe es una provincia con un alto grado de institucionalidad, nuestra historia lo avala y debemos sostenerlo. No creo que eso ocurra en Santa Fe, es un tema que interpela la configuración constitucional y funcional de cada poder estatal y a los funcionarios que los integran para no caer en supuestos de gravedad institucional. No veo hoy en Santa Fe esas circunstancias, pese a que algunos actores pretenden así presentarlo, pues para que ello sea posible se requiere no solo de jueces o fiscales cómplices sino también de medios masivos de comunicación que actúen coordinadamente con esos objetivos. La guerra jurídica es un arma diseñada para destruir al enemigo mediante el uso, mal uso y abuso del sistema legal y los medios de comunicación para provocar protestas públicas contra ese enemigo, y eso no lo advierto en Santa Fe. Existen en nuestros tribunales casos que involucran a sectores del poder estatal y que circulan por contornos constitucionales sinuosos, donde se ponen en juego los alcances y congruencias entre la Constitución local y nacional y los alcances de las potestades de un poder del Estado sobre otro, por ejemplo ley de enjuiciamiento a fiscales, fueros parlamentarios, incompatibilidad de funcionarios respecto de un poder y otro. Debemos respetar las diferencias y no puede sonrojarnos que resulten debates jurídicos de alto impacto donde se postulen posiciones extremas según cada visión jusfilosófica, pero bajo ningún punto de vista podemos calificar de lawfare o judicialización de la política, o viceversa, toda vez que los fallos resultan sobradamente fundados en sus argumentaciones y que, por emanar de la judicatura, obligan a su acatamiento, aunque a algunos no les gusten.
El Ejecutivo desea un Poder Judicial que ejerza y cumpla su rol de colaborar con las grandes transformaciones que necesita la provincia” El Ejecutivo desea un Poder Judicial que ejerza y cumpla su rol de colaborar con las grandes transformaciones que necesita la provincia”
—¿Ve un Poder Judicial firme en su independencia e institucionalidad y en su percepción social?
—Sí, el Poder Judicial integra el Estado y es un actor que participa en la transformación de la sociedad. El Ejecutivo desea un Poder Judicial que ejerza y cumpla su rol de colaborar con las grandes transformaciones que necesita la provincia, respeta su independencia y sus decisiones, recrea la necesidad de su fortalecimiento. Por eso apostamos a la búsqueda de consensos transformadores, pues hay un excesivo crecimiento de la litigiosidad en todos los campos y no es conveniente. Eso ocurre porque muchas veces faltan los mecanismos institucionales de entendimiento. Entonces, debemos entender cuál es la misión que tenemos todos los funcionarios del Estado, de enfocarse en las aspiraciones del ciudadano común y solucionar los problemas que más le preocupan relacionados con la seguridad, el trabajo y la exclusión social. Hay ámbitos en los que se formulan denuncias escandalosas y declaraciones fuertes con la idea de exhibir poder, pero con anárquicas y flojas argumentaciones, lo que refleja cierta paranoia. Eso es peligroso, primero porque se busca debilitar al Poder Judicial y, segundo, porque detener la crítica en la persona del juez y no en los fundamentos de la decisión puede llevarnos a una situación peligrosa.
—¿El MPA, su organización y los fiscales están en crisis?
—Creo que es una institución nueva. Si bien fue legislada en 2007, comenzó a funcionar en 2014. Siempre puede revisarse su implementación y gestión, quizás pueda haber un sobredimensionamiento en las estructuras burocráticas contra la cantidad de investigadores y auditores, circunstancia posiblemente viciada desde su génesis. Para eso deberían encontrarse altos consensos, pero no en la línea que todos piensen igual sino que el entendimiento sea el fruto de posiciones, incluso, diferentes. Lo que sí no debemos olvidar es que el MPA no tiene autonomía plena sino funcional. Su propia ley de creación lo expresa, depende y está inserto dentro del Poder Judicial, y eso quizás no lo adviertan algunos integrantes del órgano investigador, lo cual puede, o pudo, complicar su relacionamiento con la Corte. Podría ser un momento propicio, aunque ello sea un imperativo del propio interés del MPA, para que reflexione sobre su verdadero rol y alcance de sus límites y atribuciones dentro de la esfera de su competencia como órgano integrante de un poder del estado y en consonancia con él defender su principal valor: la independencia.
—¿Usted y el gobernador se reúnen periódicamente con la Corte?
—Es normal que así ocurra. El gobernador es el titular del Ejecutivo y la Corte es la máxima autoridad del Poder Judicial. Hay colaboración entre ambos y ellos trazan las políticas centrales. En mi caso, debo coordinar y relacionar las acciones que ellos disponen.