La Cámara Federal porteña fijó para el próximo 24 de junio la audiencia de "mejora de fundamentos" que deberá realizar el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, en el marco de la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito del matrimonio conformado por la presidenta Cristina Fernández y su antecesor en el cargo, Néstor Kirchner.

La Cámara Federal, integrada por los jueces Horacio Cattani y Martín Irurzun, convocó a Garrido para escuchar sus argumentos contra el archivo de la causa dispuesto por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

La causa se inició en febrero de este año por denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, quien reclamó un "procedimiento que despeje toda duda" sobre el patrimonio de los Kirchner.

El abogado acompañó recortes de diarios panameños en los que se lee que Kirchner "fue el mandatario que más se enriqueció durante su gestión, con amplio despliegue informativo, fotografías", y también pidió que se solicitara a la cadena televisiva estadounidense CNN la grabación del informe en el que se consignaba que "el gobierno argentino se había negado a proporcionar explicación de ninguna naturaleza".

Según su declaración patrimonial, los Kirchner aumentaron su patrimonio en aproximadamente un 160 por ciento, por valor de unos 11 millones de pesos, desde que llegaron a la Casa Rosada en 2003.

El fiscal federal Eduardo Taiano notificó a Néstor y Cristina Kirchner sobre la existencia de la denuncia, y después el matrimonio presentó un informe contable explicando su evolución patrimonial.

Ese informe, elaborado por el contador Víctor Alejandro Manzanares, daba cuenta de inversiones financieras e inmobiliarias que satisficieron al fiscal, quien consecuentemente promovió la desestimación y el archivo de la causa.

A renglón seguido, el juez Canicoba Corral hizo lugar al dictamen del fiscal Taiano y consideró que hubo "inexistencia de delito" en el aumento patrimonial.

Pero el fiscal Garrido apeló la medida, sostuvo que era necesario profundizar la investigación y argumentó que algunos de los datos presentados en el informe contable carecían de "documentación respaldatoria".

Tras el trámite judicial que se cumplirá el próximo 24 de junio, la Cámara porteña de Cattani e Irurzún deberá resolver si confirma el archivo de la causa o impulsa nuevamente la investigación.