Siete altos oficiales de la Armada Argentina fueron imputados por administración fraudulenta, estafa y negociación incompatible con la función pública por irregularidades en una licitación de compra de motores para la Fragata Libertad. La Justicia sospecha que favorecieron al consorcio industrial alemán Ferrostaal para proveer la planta propulsora de la nave, valuada en un valor de 1,5 millón de euros.
La causa judicial, que recayó en el juzgado federal de Norberto Oyarbide, se inició en junio pasado por la denuncia del Ministerio de Defensa cuando detectó sospechas en la adjudicación de la licitación a la empresa alemana.
El fiscal federal Carlos Rivolo encontró elementos en la presentación judicial de la cartera de la ministra Nilda Garré como para impulsar la acción penal e imputar de los delitos mencionados a los capitanes de navío Daniel Arce, Eduardo Jesús Harris y Alberto Pérez; al contraalmirante Gustavo Efraín Leprón y a los capitanes de fragata Máximo Romano, Gerardo Bellino y Mario Pontello.
El contraalmirante Leprón, ya retirado al igual que varios de los imputados, fue director general de Material Naval de la Armada y también está siendo investigado por la Justicia por ser uno de los ocho marinos y civiles argentinos y alemanes sospechosos de haber recibido sobornos de Ferrostaal en otro contrato para comprar el diseño de buques patrulleros (ver aparte).

Seguro ganador. En la licitación, convocada en 2004, para renovar los viejos motores de la Fragata Libertad cotizaron sólo dos empresas: Macrosa del Plata SA, por 1.134.100 euros y Ferrostaal, por 1.650.000 euros. Pese a que entre una oferta y la otra había más de medio millón de euros de diferencia, ganó la más cara, la de la alemana Ferrostaal. Lo que siguió fue un trámite más que veloz: en un solo día la Armada hizo el dictamen de preadjudicación, la disposición de la adjudicación, la aceptación de dos modificaciones de la oferta originaria, la firma del contrato y la emisión del certificado de saldo de crédito presupuestario. Y, además, pagó por adelantado.
Todas estas acciones llamativas fueron detectadas por la Dirección de Transparencia Institucional del Ministerio de Defensa y constan en detalle en la denuncia. Pero no son las únicas. Hay sobrados elementos para sostener que pudo haber un direccionamiento del proceso licitatorio a favor de una de las oferentes (Ferrostaal) y el pago de un precio excesivo para la contratación.
Una de las cosas que llamaron la atención fue que en el pliego licitatorio había una cláusula muy específica que sólo la empresa Ferrostaal podía cumplir. Y por ese motivo la firma que cotizó menos pero perdió la licitación fue dejada de lado sin siquiera ser valorado su ofrecimiento. Además, Ferrostaal contó con la ventaja de obtener el pliego de condiciones un mes antes que sus competidoras, y llamativamente con anterioridad a que la Armada enviara invitaciones a diferentes empresas para que ofertaran. Muchas empresas invitadas a cotizar explicaron su imposibilidad de hacerlo. Ese llamado público se hizo 30 días antes de la apertura de las ofertas pese a la complejidad de la contratación: motores, caja reductora, alternados, línea de eje con cojinetes y bocina, hélice de paso, materiales auxiliares, información técnica para el montaje y mantenimiento, repuestos a bordo, etcétera.
En relación al valor de lo pagado por los motores para la Fragata Libertad, el Ministerio de Defensa no encontró constancias sobre los parámetros utilizados por la Armada para la estimación inicial del precio de la contratación. Se puso un valor y nadie lo revisó, analizó o calculó para saber si era correcto.

Sin factura. En la demanda penal contra los siete marinos, la Dirección de Transparencia Institucional del Ministerio de Defensa dice que pidió varias veces a la Armada la entrega de la documentación relativa a la ejecución del contrato con Ferrostaal. Esa información nunca llegó al Ministerio. Tampoco la factura que debía emitir la empresa alemana por el total del importe abonado y una constancia del seguro de caución por la suma facturada.
El Ministerio de Defensa aclaró que sólo accedió a una serie de actas donde consta la entrega de lotes de componentes de lo comprado y desconoce si fueron instalados en el barco. Sin embargo, fuentes del Astillero Río Santiago, donde se hizo la reparación de la fragata, confirmaron ayer a La Capital que los motores de la nave fueron reemplazados y provistos por la Armada, aunque ignoran si se pagó sobreprecio o si hubo una licitación a medida. “Nosotros sólo reparamos el velero, que estaba en muy malas condiciones y ahora navega con normalidad”, dijeron.
El fiscal que investiga el caso solicitó al juez Oyarbide una serie de medidas para avanzar en la investigación, entre ellas citar a declaración testimonial a la titular de la Dirección de Transparencia Institucional del Ministerio, Paula Honisch, para que ratifique la denuncia, aporte toda la documentación que posee sobre el caso y entregue los nombres de todas las empresas que participaron de la licitación. También requirió citar a los presidentes de esas empresas para que expliquen por qué se retiraron o fueron desvinculados del proceso licitatorio.
Finalmente, la ministra Garré deberá informar si los marinos imputados siguen en actividad o ya han pasado a retiro. l