Blindados por el consenso, senadores y diputados santafesinos emitieron ayer un duro pronunciamiento a favor de la división de poderes como respuesta a la declaración de inconstitucionalidad de la norma de control legislativo sobre fiscales y defensores que, una semana atrás, había dictado la Cámara de la Justicia Laboral de Rosario.
Paralelamente, los legisladores respetaron la resolución de la Cámara Laboral —que la Casa Gris apelará la semana próxima— y se abstuvieron de suspender al fiscal Adrián Spelta por 90 días y sin goce de sueldo por haber consentido la excarcelación a Emanuel Ema Pimpi Sandoval, implicado junto a su hermano en un intento de triple homicidio en un incidente con un contexto de narcomenudeo, delito que no habilitaba esa instancia.
El breve debate comenzó con una exposición general a cargo del senador justicialista Joaquín Gramajo, presidente de la comisión bicameral de Acuerdos, y continuó con los fundamentos en boca de cada jefe de los bloques de ambas Cámaras.
La sesión conjunta fue de modo virtual y sólo estuvieron presentes en el recinto del Senado la titular del cuerpo, la vicegobernadora Alejandra Rodenas, y su par de Diputadas y Diputados, Miguel Lifschitz, entre otros escasos referentes parlamentarios. El resto de los legisladores participó del debate por videoconferencia.
Gramajo argumentó el disenso total con la resolución de la Cámara Laboral: “Algunos párrafos atentan contra la honorabilidad de la Legislatura que representamos”.
El pronunciamiento diseñado por la comisión de Acuerdos, que fue revisado hasta poco antes del inicio de la sesión, reflejó el rechazo de senadores y diputados al fallo que sostuvo que la ley votada por unanimidad en 2017 implica el control político sobre otro poder del Estado santafesino. Y se dictó tras un pedido de nulidad elevado por Spelta, fiscal jefe de Homicidios de Rosario.
“La Legislatura realizará todas las acciones necesarias ante los demás poderes del Estado conducentes a reafirmar un respetuoso, armónico y ordenado funcionamiento de los poderes, rechazando enfáticamente el contenido del fallo” de la Cámara Laboral, expresaron los senadores y diputados.
Reacciones
A su turno, el senador Armando Traferri (PJ) comparó la resolución con “una defensa corporativa por parte de un sector de la Justicia”, al tiempo que advirtió que la misma tiene “errores groseros” y “una curiosa interpretación de la independencia de poderes”.
Su par radical Lisandro Enrico, designado acusador en el procedimiento que tiene a Spelta en el centro de la escena, alertó: “Es un fallo anacrónico, una rémora del siglo pasado donde nadie puede tocar a los miembros de un poder”.
Del lado de los diputados, el peronista Leandro Busatto instó a “hacer una introspección legislativa sobre el proceso de designación de funcionarios judiciales”, mientras que Pablo Farías (Frente Progresista, FPCyS) fue contundente: “Mucho menos se puede entender la inconstitucionalidad en el caso Spelta, cuya investigación la inició el propio Ministerio Público de la Acusación (MPA)”.
Asimismo, el diputado Rubén Giustiniani (Igualdad) fogoneó la discusión sobre cómo ingresan un magistrado o un fiscal al sistema judicial de Santa Fe.
En Juntos por el Cambio (JxC) también arremetieron contra la decisión de la Cámara Laboral. “Este inédito fallo es, peligrosamente, un retroceso en el funcionamiento del sistema penal de la provincia”, afirmó Julián Galdeano, a la vez que Gabriel Chumpitaz subrayó que la medida “intenta pisotear y atropellar a los santafesinos”.
Los integrantes del Ministerio Público de la Acusación no quieren que senadores y diputados revisen su actuación. La ley bajo la lupa deja en manos de la Auditoría del MPA las faltas leves, mientras que deriva a la Legislatura las graves.
Por su parte, el Ejecutivo provincial, a través del fiscal de Estado, Rubén Weder, continuaba preparando la correspondiente apelación.
En caso de que la Cámara Laboral no habilite el pase del expediente a la Corte Suprema, la Casa Gris podría echar mano a un recurso de queja ante el máximo tribunal de Justicia.