Senadores y diputados removieron a Sain de su cargo en el MPA

Como se esperaba, el director del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marcelo Sain, fue ayer removido de su cargo en una sesión conjunta de las Cámaras alta y baja por actividad partidaria incompatible con su cargo en el Poder Judicial. Pero la controversia generada en torno al funcionario, primero en el gobierno del socialismo, ahora del peronismo, lejos de considerarse concluida parece enardecida.

Tanto porque el mismo Saín había adelantado que demandaría al Estado si ayer se plasmaba la decisión, como por la aspereza del enfrentamiento que generaron las más de dos horas de debate entre quienes estuvieron de acuerdo con la medida, que también inhabilita al acusado por diez años para acceder al MPA, y quienes objetaron ya el procedimiento, ya la proporción de la sanción o la solidez de la prueba acusatoria: unos posteos que hiciera el titular del OI en una red social.

Una derivación trascendente, casi al final del trámite que se cumplió en modalidad mixta (algunos legisladores presentes en el recinto de Diputados y otros vía online) que, lamentablemente, no se profundizó fue la libertad de expresión que, al estar del diputado Rubén Giustiniani o del senador Ricardo Kaufmann, se ponía seriamente en cuestión con la medida sancionatoria.

Argumento en el que también se basó el diputado Leandro Busatto para advertir que el segundo en la línea de conducción de OA, Víctor Moloeznik, tiene publicados en sus redes sociales opiniones "generales, pero por más que configuren críticas a otro sector político" como se le cuestionaron al destituido Sain.

Busatto, quizás anticipando una reacción del kirchnerismo por su hombre caído, se preguntó "si los posteos de Moloeznik también lo pondrían en breve en el banquillo de acusado y sería pasible de la misma sanción" y "quién pagará el juicio que hará Saín, porque ciertamente no serán los políticos sino todos los ciudadanos de la provincia".

Hasta se llegó a cuestionar la integridad ética del senador Lisandro Enrico, quien ofició de acusador y luego votó la destitución por "haber actuado como juez y parte, viciando todo el proceso", según la diputada Matilda Bruera.

Aun así, la dura sanción a Sain tuvo una contundencia de una nada desdeñable mayoría apropiada a un corolario de la proporción del enfrentamiento que el funcionario mantuviera con la Legislatura, tanto como ministro de Seguridad de la gestión de Omar Perotti, como luego de renunciado, y por esa misma mala coexistencia, y vuelto a su cargo de concurso al frente del OI, que también dejó cajoneados los proyectos de leyes de seguridad que el Ejecutivo sigue reclamando a las Cámaras.

La sesión conjunta fue convocada para tratar un dictamen que aconsejó sancionar al acusado, a quien se escuchó la semana pasada y que, luego de reunirse, se declaró públicamente condenado de antemano. Es decir, antes que el dictamen aconsejara la destitución el propio Sain había salido a los medios a afirmar que ese sería el veredicto del juicio.

El presidente pro témpore del Senado, Rubén Pirola, condujo la sesión conjunta que comenzó, pasadas las 15, con un informe del presidente de la comisión bicameral de Acuerdos, el diputado Fabián Bastía, quien luego de hacer leer el dictamen de ese cuerpo pidió que se debatiera lo allí aconsejado.

Con números en desventajas, el kirchnerismo intentó en vano frenar, o al menos demorar el trámite. Busatto no tuvo quórum para su propuesta de un cuarto intermedio. Se puso a votación y fue rechazado. Bruera acusaría luego de "persecución, ensañamiento y desproporción", sugiriendo que una suspensión podría haber sido una medida acorde a la densidad de la prueba expuesta por Enrico. "Es inconstitucional que por su actuación como integrante del gabinete del Ejecutivo, en condición de ministro de Seguridad, se cuestione su desempeño en el OI", descerrajó Bruera.

El dictamen (único ya que no hubo otro en minoría) aconsejaba la remoción del funcionario y su inhabilitación para acceder al MPA por diez años, fue leído y se procedió a la votación. De los 19 senadores que integran la Cámara alta, sólo cuatro votaron en contra. Y sólo nueve de los 50 diputados —algunos no estuvieron presentes o conectados— se opusieron a la eyección de Sain de los cargos judiciales por la década siguiente, que, como dijo Giustiniani "se cumplirán cuando cumpla los 65 años" y, por ello, concluyó en que "lo jubilaron".

Doce senadores y 38 diputados votaron de modo afirmativo, mientras que por la negativa lo hicieron cuatro y nueve, respectivamente.

Quien argumentó la acusación fue Enrico (tuvo ese rol en la comisión): "Los miembros del Poder Judicial no pueden actuar en manera alguna en política. Sain nunca dejó su actividad política cuando ingresó al Poder Judicial y, cuando tuvo la oportunidad de defenderse, nunca negó la acusación", enfatizó.

Para el senador, el Legislativo es el Poder "más democrático del Estado" y describió la "incompatibilidad funcional enorme" de Sain en el "desempeño público", para el cual "nunca se sacó su camiseta partidaria" violatoria de la Constitución Provincial y la taxativa prohibición de la ley Nº 13.459 del OA a los miembros del Poder Judicial de actuar de manera alguna en política. También señaló que, adentro del MPA, Sain se peleó con todos y generó un clima de tensión.

Luego expuso la "evidencia digital probatoria" certificada por analistas informáticos y escribano de las opiniones políticas de SaIn en una red social. Reveló también que se esperó hasta las 15, hora en que se había convocado la sesión, "porque se suponía que podría haber una decisión judicial que la impidiera".

Posteriormente, distintos legisladores expusieron los argumentos con los cuales fundamentaron sus respectivos votos. Los que hablaron luego de Enrico fueron los diputados Julián Galdeano (UCR-JxC), Juan Cruz Cándido (UCR-Evolución), Bruera (PJ), Joaquín Blanco (PS), Carlos Del Frade (FSP-CF), Fabián Palo Oliver (Radicales Libres), Busatto (PJ), Dámaris Pacchiotti (FSP-CF), Giustiniani (IP) y el senador Kaufmann (PJ, bloque Lealtad).

Galdeano defendió el "diseño constitucional de controles entre poderes" votados y aceptados, aunque se quejó que fue "tensionado y agravado por los constantes ataques de Sain". Y reclamó que la provincia ingrese a "transitar un carril de normalidad política e institucional en la que valorar el desempeño de un funcionario político es tarea de la Legislatura".