Senadores y diputados ratifican derogación del decreto que intervenía a Vicentin

Podía fallar, y falló. El decreto Nº 522/20 que firmó Alberto Fernández a principios de junio pasado ordenando la intervención de Vicentin con la vocación de rescatar a una empresa que va derecho a la quiebra, no cumplió sus objetivos. El propio presidente, asumiendo que en política no siempre alcanza con la sola buena voluntad, decidió dictar otro decreto (Nº 636, del 31 de julio) que deroga el anterior, incluso antes de que se cumplan los 60 días de vigencia inicialmente previstos.

Ayer, en el Congreso nacional, la comisión bicameral de Trámite Legislativo, que preside Marcos Cleri (FdT, Santa Fe), que se encarga de revisar —avalar o no— la vigencia de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) que llegan desde la Casa Rosada, perfeccionó el trámite, avaló el nuevo decreto.

El gobierno nacional se retiró, no pondrá recursos para rescatar a Vicentin, aunque sí instruyó (Fernández) a todos los organismos estatales a que desplieguen las acciones legales que correspondan para salvaguardar los recursos que están en riesgo, en especial los del Banco Nación (BNA), principal acreedor de la familia con referencia principal en Gustavo Nardelli.

El escenario

"Encontramos obstáculos de parte de los accionistas, que no accedieron a brindar la información necesaria para rescatar a la empresa. Y a un juez en Reconquista (Fabián Lorenzini) que legitimó las acciones obstruccionistas", explicó La Capital Cleri, luego de la sesión de la bicameral, donde si bien todos sus integrantes apoyaron el nuevo decreto presidencial, no faltaron cruces picantes respecto del proceso político sobre Vicentin, que encontró un nuevo capítulo. Aunque seguramente no será el último.

"Se dio por finalizada la intervención en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Y se instó a todas las partes del gobierno como la UIF, el Banco Nación y la Afip, entre otras, de avanzar con todos los juicios contra ese holding que está en un concurso camino a una quiebra", abundó el diputado peronista.

El nuevo momento de la saga Vicentin, con todo, puede no ser el definitivo. En el gobierno nacional se lamentan de que la posición de la enorme mayoría de los casi dos mil productores de Santa Fe y Córdoba, acreedores de Vicentin con chances concretas de no cobrar nunca, no hicieron pública su posición de apoyo a la intervención estatal en la crisis de la cerealera.

"Lo hicieron, pero tal vez eso no se expresó en la discusión en los medios de comunicación", evaluó Cleri ante este diario. Lo que sí se vio en la escena mediática fueron las protestas de grupos minoritarios, aunque activos, con una consigna favorable a los empresarios —investigados penalmente— de la agroexportadora y contraria a la intervención estatal.

Magistrado en la mira

Finalmente, Cleri aclaró que la competencia de Lorenzini está discutida, y eso "lo va a terminar dirimiendo la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe".

Al respecto, agregó: "Si la Justicia actúa de acuerdo a lo que están pidiendo los acreedores, la causa debería pasar a los juzgados de Rosario y de San Lorenzo, donde se produce la mayor parte de la actividad de la empresa. También debería cambiar el sentido de lo que hace Lorenzini, y en el aspecto penal".