El radioaficionado José Néstor González, acusado de las amenazas de muerte a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, seguirá detenido pues el juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido de excarcelación, informaron fuentes judiciales.
El radioaficionado José Néstor González, acusado de las amenazas de muerte a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, seguirá detenido pues el juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido de excarcelación, informaron fuentes judiciales.
Según radioaficionados consultados, González ya no tiene la licencia respectiva —usaba la identificada como LW8DOW, desde la localidad bonaerense de Monte Grande— porque la Comisión Nacional de Comunicaciones no se la renovó a raíz de haber protagonizado distintos incidentes.
La sección de radioaficionados en la CNC es dirigida por Luis Calabrese, un funcionario de carrera.
Ayer por la mañana, González, de 62 años, fue sometido a pericias de voz en la División Scopometría de la Policía Federal para cotejarla con la que se escucha en la grabación de las amenazas perpetradas contra la presidenta, a través de interferencias al helicóptero oficial.
Antenas y armas. González fue detenido el miércoles en su casa de Monte Grande y la policía secuestró allí equipos electrónicos, antenas portátiles, direccionales y fijas; computadoras, teléfonos, una escopeta y un revólver, informaron fuentes judiciales.
El acusado fue llevado a los tribunales del barrio porteño de Retiro para prestar declaración indagatoria, pero se negó a hacerlo, asistido por la defensora oficial Silvia Otero Rella.
El hombre quedó acusado de los delitos de interrupción de comunicaciones al helicóptero presidencial y tenencia de armas de guerra.
El acusado se presentó ante el juez que lleva adelante la investigación como técnico en computación y también sería técnico mecánico en aviación civil, según información que posee el juzgado, aunque por el momento se descartaron vínculos con alguna fuerza de seguridad.
Los voceros explicaron que Lijo ordenó pericias sobre los teléfonos y las computadoras secuestradas "para determinar si detrás de las interferencias hay otras personas".
Las amenazas. Las interferencias al sistema de comunicaciones del helicóptero presidencial ocurrieron el 11 de diciembre pasado, cuando la jefa del Estado, junto a sus secretarios, era trasladada desde la Quinta de Olivos hasta el helipuerto del Correo Central, ubicado a metros de la Casa de Gobierno.
Los mensajes que el piloto de la nave recibió fueron "maten a la yegua", "mátenla", "boludo, maten al pescado" y cinco segundos de la marcha militar "Avenida de las Camelias", que la última dictadura militar utilizaba asiduamente para dar a conocer sus comunicados.
Coincidencias. El hecho ocurrió a las 11.34, cuando comenzaba el juicio oral a 19 acusados de cometer delitos de lesa humanidad en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada durante la última dictadura militar.
Cuando se conocieron las amenazas, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, calificó de "golpistas" a los autores y no descartó que el hecho estuviera vinculado con el comienzo del juicio.
"No van a conseguir amedrentar" a la presidenta, había advertido el ministro.
La Casa Militar elaboró un informe sobre lo sucedido que fue remitido al secretario General de la Presidencia, Oscar Parrilli, que a su vez lo envió al Procurador General de la Nación, Esteban Righi, que radicó el 14 de diciembre una denuncia por delito de acción pública.