La fiscal del Tribunal Oral Federal de Santa Fe Susana Trippichio se apartó ayer de la sonada causa
Brusa, donde se juzgarán los próximos meses en un proceso oral y público los crímenes de lesa
humanidad cometidos durante la dictadura militar en la capital santafesina.
La funcionaria acompañó con su escrito una nota de La Capital en
la que los querellantes cuestionaron por “cierto nivel de compromiso” su hipotética
intervención en el expediente.
Breve. Según consignó anoche a este diario una fuente con acceso al expediente, la fiscal
negó “en un breve y poco fundado escrito” cualquier vinculación personal con el ex juez
federal Víctor Brusa, pero igual solicitó apartarse del caso por los cuestionamientos de los
querellantes durante la reunión de la semana pasada con la vicegobernadora, Griselda Tessio.
En la nota de La Capital que adjuntó la fiscal los querellantes
sostienen: “Nos encontramos con una fiscalía que, por su cercanía (con Brusa), nos despierta
serias dudas”.
Pese a su relación de parentesco con el ex juez federal Héctor
Trippichio, de quien Brusa fue secretario penal antes de llegar a la magistratura, en 1991, la
fiscal negó cualquier vinculación con quien hoy es uno de los procesados en la causa.
Además de a Brusa, el tribunal oral federal recientemente integrado
—luego de un festival de recusaciones y excusaciones— por los conjueces Carlos Renna,
Martín Gutiérrez y Andrea Alberto de Creus deberá juzgar a ex policías y militares acusados de
graves violaciones a los derechos humanos.
Se trata de Eduardo Ramos, María Eva Aebi, Juan Calixto Perizotti,
Héctor Colombini y Domingo Marcellini, a quienes el tribunal, en la primera medida adoptada, les
prorrogó por el plazo de un año la prisión preventiva.
¿Ayudita? Una fuente vinculada a la causa deslizó ayer —en estricto off— que la
decisión de Trippichio se vio ayudada por alguna sugerencia que pudo haber bajado desde los
Tribunales Federales de Rosario, donde funciona la unidad de fiscalías federales de la provincia,
dependiente del procurador general de la Nación, Esteban Righi.
Precisamente Patricia Isasa, una de las víctimas de los años de plomo,
había anticipado a este diario que los representantes de la querella tenían planeado reunirse con
Righi “para imponerlo de los temores” que tenía respecto de la fiscalía en cuestión.
Isasa también precisó que “hay usos y costumbres según los cuales
los tribunales no fallan penas superiores a las que los fiscales piden”.
Tras la excusación planteada por Trippichio, ahora deberá pronunciarse
el fiscal general Claudio Palacín. En caso de que se confirme el paso al costado, se nombrará nuevo
fiscal con vistas al juicio oral que se avecina en Santa Fe. l
