La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, juzgó ayer que una futura ley contra el negacionismo de la última dictadura no debe interferir en la libertad de expresión, pero sí penalizar "la destrucción, el ocultamiento" de la historia y una forma "mentirosa" de expresarse sobre ella de quienes ocupan determinados cargos.
"Lo que se debe penalizar es la destrucción, el ocultamiento y la forma de expresarse" de los funcionarios según el cargo que ocupen, señaló Carlotto. Y argumentó: "Acá no hubo guerra sino terrorismo de Estado, por ejemplo".
Durante su visita de la semana pasada a París, el presidente Alberto Fernández se comprometió frente a organizaciones de derechos humanos a impulsar una ley contra el negacionismo de la dictadura, similar a la que está en vigor en Francia, que contempla penas para quienes nieguen públicamente crímenes de lesa humanidad.
La ley francesa, creada para que no haya chances de que el Holocausto sea negado (en medio de una fuerte corriente negacionista en el país), incluye condenas frente a manifestaciones racistas, xenófobas y de odio.
"El que miente, el que oculta, el que destruye la historia porque le conviene, está cometiendo un delito. Y ese delito tiene que ser penado", insistió Carlotto, quien puso como ejemplo "destruir archivos o esconderlos".
"Los desaparecidos son 30 mil o más, pero si alguien que tiene un poder político o representativo del pueblo dice que eso es mentira, o nos traten de mentirosas o locas, en democracia eso no se puede sostener de ningún modo", declaró.
Carlotto consideró que los organismos de derechos humanos, el Inadi y la Secretaría de Derechos Humanos nacional deberán consensuar un proyecto contra el negacionismo "para que no se interprete como una negación al derecho a expresarse sino como un delito de ocultamiento de delitos gravísimos como fue el terrorismo de Estado".