Santa Fe: la secretaría de DDHH de la Nación no asistirá a represores detenidos

Buenos Aires-  La Secretaría de Derechos Humanos  de la Nación negó hoy que sus profesionales tomen parte en la  provincia de Santa Fe de un plan de asistencia psicológica a los  represores de la dictadura que están detenidos por delitos de lesa  humanidad.

La toma de posición del organismo a cargo de Eduardo Luis  Duhalde se debe a que la Secretaria de Derechos Humanos santafesina  extendió a los ex represores su programa de protección de testigos y  querellantes en las causas por los crímenes de la dictadura.

Para la Secretaría nacional, esa atención debe ser  “resguardada por las autoridades judiciales y el sistema  penitenciario en un plano de igualdad con cualquier ciudadano sometido a  privación de la libertad en el marco del Estado de Derecho”.

En cambio, para María Bressa, secretaria de Derechos Humanos  del gobierno del socialista Hermes Binner, se los debe asistir  porque “no podemos repetir lo que ellos no les dieron a sus víctimas”  y para “demostrar que sabemos vivir en una sociedad, y en un  Estado de derecho”.

Esta mañana, la comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados recibió en el recinto a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, María Bressa, con el objeto de interrogarla sobre sus declaraciones en las que sugirió ampliar el Programa de Protección de Testigos y Víctimas del Terrorismo de Estado a los propios verdugos de la dictadura, a quienes prometió “asistencia psicológica” -si la piden- para afrontar los juicios en los que deben responder por sus crímenes.

Bressa -quien se mantuvo en silencio durante la reunión- y el director del Programa de Protección de Testigos, Oscar Blando, concurrieron atendiendo el pedido de la presidenta de la comisión de Derechos y Garantías, Mónica Peralta (UCR) para “intercambiar opiniones sobre la aplicación” del plan en la provincia, ante los juicios orales y públicos a represores que se realizarán en Rosario y Santa Fe.

Durante su alocución, Blando aclaró que  “esta cuestión excede los términos en que se planteó la iniciativa”. Luego marcó poosición al destacar: “Hoy por hoy, más allá de todas las limitaciones e indicaciones, este programa es para testigos y querellantes, no para beneficiar a imputados”.

Por otra parte, integrantes de entidades de drechos humanos resaltaron que la renuncia de Bressa sería “el único gesto político que se necesita para ser claros en la cuestión”. Al menos así lo expresó el querellante Daniel García quien le solicitó que "cuando vuelva a su despacho, firme su renuncia y se vaya".