El ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y parte de su equipo que trabajo, serán imputados hoy por el fiscal en la causa que se investiga supuesto espionaje ilegal durante su gestión en el Ministerio.
Marcelo Sain es investigado por espiar ilegalmente a empresarios, políticos y periodistas cuando estaba al frente del Ministerio de Seguridad santafesino.
El ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, y parte de su equipo que trabajo, serán imputados hoy por el fiscal en la causa que se investiga supuesto espionaje ilegal durante su gestión en el Ministerio.
La audiencia imputativa se desarrollará en la sede de la Fiscalía de Delitos Complejos, en la capital santafesina.
Además de Sain, serán imputados el ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro , el ex subsecretario de Investigación Criminal Pablo Alvarez, la ex directora de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman, el ex subsecretario de Control Diego Rodríguez, Milagros Bernard y Agustina Moulins.
Lo propio ocurrirá con la ex jefa de Inteligencia Criminal (Zona Sur) del Organismo de Investigaciones (OI), perteneciente al Ministerio Público de la Acusación (MPA), Débora Cotichini.
En el marco de la causa fueron admitidos como querellantes el Estado provincial (fiscal Rubén Weder); el diputado provincial Maximiliano Pullaro; el gremio UPCN; los abogados Evelin Andriozzi y Jorge Bedouret, y el empresario de medios de Rosario Gustavo Scaglione.
Para el fiscal Ezequiel Hernández, los once apuntados hasta el momento serían parte de una “asociación ilícita” dedicada a cometer “defraudaciones al Estado” y violar la ley de inteligencia nacional mediante la recopilación ilegal de información sobre personas y entidades, tanto públicas como privadas, sin autorización de la Justicia.
La imputación se realizará poco después de haberse cumplido un año de los allanamientos a las sedes Rosario y Santa Fe del Ministerio de Seguridad, en el marco de la causa por el presunto espionaje ilegal.
En la audiencia, prevista a partir de las 9, se conocerán los delitos que les imputarán a Sain y su equipo, entre ellos el incumplimiento en los deberes de funcionario público y presunto espionaje ilegal.
Sain integró el gobierno de Omar Perotti entre diciembre de 2019 y marzo de 2021, cuando fue reemplazado por Jorge Lagna. Poco después, el criminólogo ingresó como asesor en el Ministerio de Seguridad nacional.
Pero a fines de octubre, ya confirmada la audiencia imputativa, Sain le presentó su renuncia al ministro Aníbal Fernández.
La investigación fiscal se inició con el hallazgo de “carpetas” y distinto tipo de archivos con información recopilada en el área del Ministerio de Seguridad (presuntamente de manera ilegal) sobre dirigentes políticos, gremiales, empresarios y periodistas, que fueron obtenidas luego de allanamientos en las oficinas de esa cartera en Rosario y Santa Fe.
Los allanamientos se hicieron a fines de noviembre del 2021, pero el equipo de fiscales, integrado inicialmente por Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez (pidió en agosto la jubilación anticipada) se tomó todos estos meses para evaluar el caudal de información obtenido y volcarlo en lo que será la acusación formal.
En las últimas semanas trascendieron registros de audio que estaban en teléfonos celulares de ex funcionarios que fueron secuestrados en aquella operación, en los cuales Sain mencionaba a distintas personalidades e incluso actuales funcionarios de gobierno.
Un año después de los allanamientos, con la audiencia imputativa, se podrá conocer finalmente cuál es la acusación que los fiscales producirán contra Sain.
En la audiencia imputativa de hoy, el Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe expresó su solidaridad con Nadia Schujman, abogada y militante de Hijos Rosario, y denunció la persecución ilegal contra la ex funcionario. La organización anunció que se movilizará hoy a 10 hasta la Fiscalía para apoyar a Schujman.
“Allí estaremos para expresar nuestro reconocimiento a la vasta e intachable labor de Nadia Schujman en defensa de los derechos humanos y reclamando el cese de este ataque encabezado por fiscales provinciales”, adelantaron los organismos de derechos humanos.