Rosenkrantz retrucó el pedido de juicio político

El presidente de la Corte Suprema de Justicia nacional, Carlos Rosenkrantz, afirmó ayer que son “completamente infundadas” las acusaciones en su contra, sostuvo que nunca incumplió “deber funcional alguno” y se consideró “blanco de una persistente campaña de desprestigio”.

Rosenkrantz se pronunció de ese modo en una carta que difundió luego de que se conociera un pedido de juicio político en su contra realizado por la diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Vanesa Siley.

La legisladora apoyó su planteo en la actuación de Rosenkrantz en la causa de la Noche del Apagón del Ingenio Ledesma y en los “compromisos políticos y económicos” del magistrado “con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar”.

“Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”, escribió el titular de la Corte.

Luego cuestionó la veracidad de imputaciones realizadas por el Juzgado Federal Nº 4, en cuanto a que él posee “71 cuentas en el exterior” —a su nombre— “para cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales”.

“Antes enfrenté otras dos acusaciones penales: una por el delito de prevaricato por haber firmado el fallo Muiña (aplicabilidad de la ley denominada del 2x1) y otra por ser partícipe, durante el tiempo en que ejercía la profesión de abogado, en una quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell. Ambas fueron desestimadas por el juez Daniel Rafecas”, detalló.

“Ahora, una diputada oficialista presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara baja para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con mi destitución”, agregó.

Entre otras objeciones, Rosenkrantz señaló que Siley lo acusa de haber frustrado “gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución al haber favorecido, y muchas veces asegurado, la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente”.

“Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de Muiña, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces”, advirtió en su carta el magistrado.

Sin embargo, en 2017 hubo tres pedidos de juicio político a los jueces de la Corte Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti por parte de diferentes bloques de diputados, relacionados con el fallo del máximo tribunal por el 2x1 a represores.

Rosenkrantz también aludió a la causa Blaquier, un expediente que —dijo— “está en trámite”, que tuvo en estudio sólo “en dos oportunidades” y para el cual, además, consideró “completamente absurda” la hipótesis de que pesaran en su actuación como juez los vínculos laborales de su esposa con un sobrino del acusado.