Uno de los cambios fundamentales en la persecución penal que promueve el paquete de leyes de seguridad que el gobierno provincial mandó a la Legislatura es el que traslada a fiscales provinciales la potestad de ir contra el comercio urbano de drogas o narcomenudeo. Los argumentos esgrimidos para que Santa Fe opte por esta posibilidad que da la ley nacional, y por la que optaron las mayores provincias argentinas, son varios. Los principales es que la Justicia provincial ya investiga a los mismos actores por otros delitos y que su estructura mayor en recursos humanos y técnicos permite una acción de mayor racionalidad política y económica.

¿En qué casos en Rosario, por caso, intervendrán los fiscales provinciales? Cuando la venta de drogas se desarrolle en espacios públicos o con posibilidad de acceso público. Cuando haya participación de los vendedores de drogas en otras actividades delictivas o contravencionales, o utilización de armas de fuego. También cuando haya participación o involucramiento de menores de edad o de personas en situación de vulnerabilidad, o distribución de estupefacientes.

También en los hechos en distribución de drogas en búnkeres, puestos fijos, escuelas, plazas y parques. Cuando haya situaciones de alteración de la tranquilidad pública, apropiación de instalaciones o lugares de uso público, o degradación del espacio urbano. Y en los casos que determine la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a cargo de María Cecilia Vranicich, por razones de política criminal o utilidad social.

El mismo texto de la ley, que fue aprobada con objeciones de siete legisladores, indica que el principal motivo para avanzar en que la Justicia provincial tome los casos de venta de droga al menudeo tiene que ver con los recursos. “Santa Fe es una provincia con una población aproximada de 3.300.000 habitantes en sus 361 localidades; tan solo 7 jueces y 8 fiscales Federales tienen que investigar todas las causas de droga de Santa Fe, mientras que el sistema provincial tiene 167 fiscales y 42 jueces que podrían asumir competencias de venta de drogas que se dan en sus propias jurisdicciones”, indica el texto.

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La norma será válida en una provincia que tiene en Rosario, su mayor ciudad, al comercio de drogas como fenómeno criminal más complejo. La principal incógnita es cuándo empezará a regir. Tras su aprobación está en el despacho de Maximiliano Pullaro para su promulgación. Si el gobernador la promulga comenzará a tener vigencia a nueve días de su firma.

En el medio hay pendientes asuntos muy serios. Los primeros tienen que ver con la adaptación de las dinámicas de trabajo que tendrá que hacer el MPA para disponer a los fiscales de flagrancia para ser afectados a asuntos de microtráfico de drogas. Le siguen la disposición de los recursos técnicos propios de las pruebas reactivas a estupefacientes de las que el MPA carece. Y por supuesto de las transferencias de partidas nacionales para esta mayor carga que hoy va a la Justicia federal.

Este viernes la fiscal general Vranicich estaba en pleno estudio de la ley para el rediseño de gestión que se viene. El desafío es también de política criminal. En el MPA aspiran a perfilar una política en la que la urgencia no empañe lo estratégico. Tener que salir a atender casos de pequeños vendedores en un barrio no debe impedir un objetivo mayor. Que es abordar los mercados abiertos de drogas para entender y frenar las violencias altamente lesivas, es decir los delitos de sangre que en Rosario causan la mayoría de los 245 homicidios que van en el año, y los negocios de lavado de activos.

Más investigadores

Lo que postula el gobierno de Pullaro es que a la venta de droga como delito se la debe enfrentar con todas las herramientas disponibles. “Santa Fe no puede despreciar a cerca de 200 jueces y fiscales que pueden ayudar a desbaratar la venta de droga multiplicada en todo el territorio tan solo por no asumir una competencia legal que hoy resulta imprescindible”.

La posición también alude a que las lejanías de los juzgados federales hacen que las denuncias no prosperen y que el delito de drogas crezca. Y que se agraven los problemas cuando suceden hechos en localidades muy alejadas en donde los tribunales federales tienen competencia territorial, lo que conspira contra una respuesta rápida.

Un ejemplo que da la ley: un caso de venta de drogas en un quiosco de algún lugar en Tostado, Villa Minetti, del norte provincial, actualmente es investigado por un juez y un fiscal federal ubicados en la ciudad de Rafaela, con una distancia de más de 250 kilómetros cada una.

Otro ejemplo: en localidades como Vera o Gobernador Crespo, las investigaciones son llevadas a cabo en la capital provincial, a 160 kilómetros, pero se podría realizar la investigación por parte de la Fiscalía de San Justo, a menos de la mitad de camino. En la ciudad de Las Rosas si sucede un hecho similar debe intervenir la Justicia Federal de Rosario, que está a más de 130 kilómetros.

La decisión de pasar a la provincia los casos de narcomenudeo exigen que el gobierno provincial requiera las transferencias de los créditos presupuestarios de la administración pública nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de Justicia que deben pasar a esos ámbitos de los organismos provinciales. Hasta tanto eso pase, el Poder Ejecutivo provincial debe adecuar y compensar las partidas para que se implemente la nueva ley. La intervención de agencias provinciales en microtráfico de drogas será gradual en función de los recursos disponibles.