Ricardo Silberstein tacha de "exorbitante" el contrato a un criminólogo

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Ricardo Silberstein, cuestionó con argumentos políticos la contratación por parte del Servicio Público de la Defensa provincial del ex funcionario del Ministerio de Seguridad Enrique Font, que recibirá 1.200.000 pesos pagaderos en doce cuotas mensuales de 100 mil pesos en funciones de asesoría.

"Es una remuneración exorbitante que supera en forma holgada lo que gana el gobernador y por tareas como asesor. Entendemos que hay una alta posibilidad de que este contrato sea objetado por los órganos de control de la provincia por su falta de racionalidad", dijo.

Más que el gobernador. Silberstein estimó que el contrato ya firmado por el defensor provincial Gabriel Ganon que beneficia a Font tiene puntos que lo vuelven reprochable. En primer lugar porque se invoca urgencia para una labor de asesoramiento en prevención de violencia institucional, cuando según el ministro existen dependencias en los Poderes Ejecutivo y Judicial que se encargan de esas funciones, con prescindencia de la valoración sobre cómo las cumplen. Además porque aparece desproporcionado y no razonable pagar 100 mil pesos por mes a un contratado con un sueldo superior no solo al del gobernador sino al de los defensores públicos que obtuvieron aval legislativo para el cargo y desarrollan tareas en la atención a personas acusadas y al representarlos en Tribunales en audiencias públicas.

"También hay que considerar si el nombrado tiene experticia para la función para la cual se lo contrata y atender a que la Legislatura rechazó prestarle acuerdo para un cargo por el que concursó en su momento", dijo Silberstein.

La Defensa Pública es un organismo autónomo y autárquico pero integrado a la estructura del Poder Judicial en el suministro de las partidas económicas para su funcionamiento. El Tribunal de Cuentas de la provincia deberá revisar y expedirse sobre este contrato con el dictamen por escrito de sus vocales.

Argumentos de la Defensa. La Defensa Pública respaldó la designación por contrato de Font en funciones similares al cargo de Secretario de Prevención de Violencia Institucional, por el que ganó en un concurso interno de ese organismo en 2012, no objetado en su análisis de legalidad por la Corte Suprema, pero que requiere aval del Poder Ejecutivo, precisamente del ministerio que conduce Silberstein, donde el expediente se encuentra desde el 13 de febrero de 2013.

Ganón sostuvo en un comunicado que la función en ese cargo resulta indispensable para la Defensoría que él encabeza y que se encontró en la figura de contrato de servicio una solución rápida para sanear la situación por la que atraviesa ese Ministerio Público, a los efectos de cubrir la falencia de recursos humanos .

Reparos. Silberstein señala que el Poder Ejecutivo no avaló el expediente de la designación porque tiene legitimidad para ello y por reparos hacia la naturaleza del concurso interno que ganó Font. Aduce además que la Justicia no dio la razón a uno de los postulantes de ese concurso cuando intentó destrabar el nombramiento con un recurso de amparo.

"En un momento en que todas las dependencias del Estado provincial hacen políticas de austeridad es un despropósito sin excusas desembolsar 100 mil pesos mensuales para pagarle a un asesor", dijo Silberstein. Y dijo que ese órgano tiene otros contratos celebrados por montos exagerados en relación al tipo de prestaciones recibidas de sus beneficiarios.

Hace un mes el diputado provincial Julián Galdeano (UCR) presentó un pedido de informes en la Legislatura a raíz de este contrato, al que calificó de "gravísimo".

Font es un experto en Política Criminal y comparte como docente la cátedra de Criminología con Ganon en la Facultad de Derecho de la UNR. Fue secretario de Seguridad Comunitaria durante el gobierno de Hermes Binner y considerado para ser ministro de Seguridad por Antonio Bonfatti, quien se inclinaría por designar a otro funcionario en esa cartera. Font se tornó un opositor expreso del Frente Progresista luego de que, tras ganar el concurso para ser auditor de fiscales del Ministerio Público de la Acusación, la Legislatura rechazara su pliego.