Se aprobó el paquete de modificaciones a la ley enviado por el gobernador Pullaro para agilizar la respuesta del sistema de seguridad y Justicia. Los detalles
09:40 hs - Viernes 20 de Noviembre de 2026
La reforma en seguridad enviada por el Ejecutivo provincial fue aprobada por el Senado de Santa Fe. De esta forma, amplía las facultades del Estado provincial para investigar y prevenir delitos, con cambios en el Código Procesal Penal, el Código de Convivencia y otras leyes.
La aprobación cerró un recorrido legislativo que estuvo lejos de ser sencillo y que dejó al descubierto diferencias dentro de Unidos para Cambiar Santa Fe. El radicalismo del gobernador Maximiliano Pullaro, impulsor de la iniciativa, debió negociar con el socialismo en Diputados para conseguir los consensos necesarios y evitar que las discusiones internas terminaran complicando una de las reformas que el Ejecutivo considera centrales. En el Senado hubo unanimidad.
Entre las principales incorporaciones aparecen los allanamientos sin autorización judicial en determinados supuestos, los juicios en rebeldía, nuevas herramientas para los fiscales y modificaciones al régimen de recompensas. El objetivo oficial es agilizar la respuesta del sistema de seguridad y justicia.
Los puntos de la reforma de seguridad
Uno de los puntos centrales es la declaración informativa, que permitirá al fiscal tomar declaración a personas que aparezcan vinculadas a un hecho delictivo aunque todavía no existan elementos suficientes para formalizar una imputación.
También se habilita la posibilidad de realizar juicios en ausencia cuando se demuestre que el acusado conocía las citaciones y que se agotaron las medidas para garantizar su comparecencia. En ambos casos se establecen condiciones y resguardos para el ejercicio de la defensa.
Otro cambio significativo es la ampliación de los supuestos de allanamiento sin autorización judicial. El fiscal podrá disponerlos en investigaciones por homicidios, amenazas y extorsiones vinculadas con criminalidad organizada o conmoción pública, además de otros escenarios previstos en la norma.
También se incorpora la posibilidad de ingresar a domicilios cuando existan indicios precisos sobre la ubicación de armas u otros materiales controlados, con posterior control judicial en un plazo de 24 horas.
La iniciativa suma herramientas para recuperar inmuebles utilizados en actividades ilícitas. Se habilitan desalojos inmediatos, restituciones a quienes aparezcan como legítimos tenedores y la inactivación de propiedades mediante demolición, desmontaje o bloqueo de accesos. Incluso se contempla su refuncionalización para servicios estatales o actividades comunitarias, con el propósito de evitar que vuelvan a ser utilizados por organizaciones criminales.
En materia procesal, se incorporan medidas cautelares de menor intensidad para evitar la fuga o el entorpecimiento de las investigaciones sin recurrir necesariamente a la prisión preventiva. Entre ellas figuran presentaciones periódicas, restricciones territoriales, prohibiciones de acercamiento, controles de contacto y obligaciones de informar cambios de domicilio.
A su vez, se modifican las reglas de exclusión probatoria y se regulan nuevas condiciones para utilizar anticipos de prueba en los juicios.
La reforma incorpora además un procedimiento monitorio para determinadas contravenciones, que permitirá dictar sentencias sin un debate oral previo. Comprende multas, clausuras, prohibiciones de concurrencia o acercamiento y suspensiones de servicios telefónicos, internet o cuentas en redes sociales. El condenado tendrá 60 días para oponerse y acceder a un procedimiento contradictorio ante otro magistrado.
En el sistema penitenciario se crea un régimen agravado para internos cuyas acciones representen una amenaza grave para la seguridad pública. Podrán aplicarse aislamiento individual, suspensión de visitas y comunicaciones y retiro de elementos de entretenimiento, con posibilidad de revisión judicial.
También se modifica el sistema de inteligencia preventiva, estableciendo cuándo se requiere autorización judicial para acceder a comunicaciones, correspondencia y dispositivos digitales, y se reorganiza el mecanismo de ofrecimiento y pago de recompensas.
En la discusión política hubo modificaciones respecto de las versiones anteriores del proyecto. Es que hubo observaciones jurídicas sobre los límites constitucionales y las garantías individuales.
El socialismo cuestionó principalmente dos herramientas por considerar que podían concentrar un poder excesivo en la policía: los interrogatorios durante los primeros momentos de la investigación por parte de la fuerza de seguridad y la creación de zonas especiales de intervención para controlar barrios o áreas en emergencia. Ambos puntos fueron retirados del último borrador.
