Por Javier Felcaro
Foto: Archivo / La Capital.
La Legislatura fue caja de resonancia de la decisión adoptada por la administración de Perotti.
El arco opositor santafesino reaccionó con recelo frente a la decisión del gobernador Omar Perotti de instruir al fiscal de Estado, Rubén Weder, para intervenir como querellante en la investigación del presunto espionaje ilegal a dirigentes políticos, empresarios, gremialistas y periodistas, entre otros, atribuido a la gestión de Marcelo Sain en el Ministerio de Seguridad de la provincia.
Para el diputado provincial Maximiliano Pullaro (UCR Evolución), “parece que el gobierno busca despegarse de Sain”. Y añadió: “No sabemos las razones del cambio de estrategia. Primero negaban el escándalo, tanto de la corrupción al estilo kirchnerista de la compra irregular de armas como la investigación por espionaje. Luego del silencio, ahora querellan”.
“El fondo de la cuestión es la improvisación y el fracaso de la política de seguridad, donde en vez de ver cómo cuidar a los santafesinos se dedicaban a espiar a todo aquel que creían que, quizás, debían apretar o atemorizar”, aseveró el legislador.
En esa línea, el ex ministro de Seguridad provincial afirmó: “Todo es grave, no sólo lo que se investiga por espionaje sino también la causa por corrupción que denunciamos, que nos valió operaciones de todo tipo. Los hechos empiezan a demostrar que teníamos razón”.
Respecto del supuesto espionaje ilícito, Pullaro se había presentado el 4 de enero pasado ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) para confirmar si su nombre figuraba entre las presuntas carpetas elaboradas por la gestión de Sain. Y prometió, en función de la respuesta que obtenga su petición, asumir el rol de querellante.
Vía Twitter, su par de bancada Fabián Bastía señaló: “Señor gobernador, Sain era su ministro. Usted ordenó al fiscal de Estado que sea querellante en la causa de espionaje ilegal. Es decir, se autoinvestiga. Recordemos que usted ordenó antes al fiscal de Estado allanarse en una causa de Sain como actor para protegerlo”.
Bastía aludió, de ese modo, a la batalla judicial previa a la destitución de Sain, el 4 de noviembre, como jefe del Organismo de Investigaciones (OI) del MPA. El legislador es presidente de la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura santafesina, que se encargó de emitir la acusación contra el ex funcionario.
Apenas destituido por la Legislatura, acusado de actividad proselitista incompatible con el cargo que ostentaba, Sain asumió a fines de noviembre como asesor en criminalidad compleja en la cartera de Seguridad de la Nación, que conduce Aníbal Fernández.
Poco después, los allanamientos en las oficinas del Ministerio de Seguridad de Santa Fe en busca de evidencia sobre espionaje ilegal provocaron un tembladeral político que fue acompañado por las renuncias de los funcionarios que respondían a Sain y seguían trabajando en la cartera al mando de Jorge Lagna (asumió en marzo de 2021).
A su turno, la diputada provincial Lionella Cattalini (Frente Progresista, FAP) sostuvo que la decisión de la Casa Gris “llega tarde”. Y agregó: “Ratifica lo que se venía diciendo públicamente. Es evidente que dentro de Seguridad, en vez de cuidar a los santafesinos, hacían otras cosas presuntamente ilegales”.
“El gobernador tiene que intervenir porque lo que se está investigando habría ocurrido a muy pocos pasos de su despacho. Por eso los santafesinos nos merecemos saber si él estaba al tanto o no” del supuesto espionaje ilícito, subrayó la socialista.
Asimismo, Cattalini rememoró que los funcionarios de Seguridad actualmente bajo la lupa “recibieron el respaldo del gobierno, incluso luego de haber sido denunciados por irregularidades en la licitación de compra de armamento”.
La legisladora se refirió, de ese modo, al proceso de licitación de armamento frenado y readecuado por el Ministerio de Economía provincial luego de una denuncia del jefe regional del MPA, Carlos Arietti, al momento en que Sain retornó al Organismo de Investigaciones (tras renunciar al frente de Seguridad).
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