Política

Reabren causa contra Kicillof, Moreno y Vanoli

Es por la escandalosa asamblea en el Grupo Clarín donde participaron en representación del gobierno. Los acusan de hostilidad y agresiones

Sábado 21 de Noviembre de 2015

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso la reapertura de una investigando a Axel Kicillof, Guillermo Moreno y Alejandro Vanoli por una tumultuosa asamblea del Grupo Clarín en la que estuvieron presentes el 25 de abril de 2013.

Los jueces Liliana Catucci y Eduardo Riggi, con la disidencia de Mariano Borinsky, anularon un fallo de la anterior instancia y dispusieron que se siga investigando el hecho en el que participaron el ministro de Economía (por entonces viceministro), el ex secretario de Comercio Interior y el presidente del Banco Central.

El fallo, con fecha de este jueves pasado, se dio a conocer ayer.

La causa iniciada por una denuncia del Grupo Clarín había sido archivada en primera instancia por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, tras un dictamen del fiscal que consideró la inexistencia de delito.

La Cámara Federal dispuso que el magistrado se pronuncie sobre el fondo, esto es, si había o no delito, y Canicoba Corral volvió a archivar la denuncia al considerar que no existió.

El fallo fue ratificado por los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, pero la querella apeló ante Casación Penal, que ahora dio vuelta la situación.

Los jueces Riggi y Catucci votaron por reabrir la investigación que tiene en la mira a Kicillof, Moreno, Vanoli y también a Daniel Reposo, actual jefe de la Sindicatura General de la Nación (Sigén).

Los funcionarios, en su carácter de representantes de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, participaron de la cuestionada asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013.

Según la denuncia hecha por la empresa, los integrantes del gobierno "mantuvieron una actitud hostil, con groseras agresiones para con las autoridades de la asamblea y accionistas". Incluso, advirtieron que Moreno hizo referencias a su "intención de quedarse con la empresa". La acusación apuntó también a que Moreno permitió el ingreso de personal no autorizado a la asamblea, como fue el caso de su esposa, Marta Casales.

Para los denunciantes, se intimidó y amedrentó a los presentes, "logrando infundir temor de sufrir un mal grave e inminente".

"No podemos dejar de observar que a partir del ingreso de la comitiva estatal autorizada y de todo el personal que la secundaba, no sólo se produjo un gran revuelo en el interior de la empresa donde iba a llevarse a cabo la reunión que puede calificarse como una alteración del clima de normalidad que debía reinar en la asamblea, sino que, además, el acto tuvo una prolongación excesiva e inusual producto de reiteradas intervenciones formuladas por los funcionarios", señalaron los jueces.

A la vez, consideraron que la denuncia imponía "mínimamente la producción de toda la prueba pertinente y útil, tendiente a determinar la verdad real de lo sucedido, por lo menos a los efectos de despejar esas dudas que parecen afirmar la tipicidad del delito cometido contra la libertad de reunión".

La Justicia frenó

la designación de dos auditores

oficialistas

La Justicia hizo lugar al pedido opositor para frenar la designación de dos integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) por parte del oficialismo.

La jueza Macarena Marra Giménez dio viabilidad al amparo presentado por diputados del Frente Renovador, que sostuvieron que la forma en la que se realizó la designación de los nuevos auditores en la última sesión significaría una violación al reglamento de la Cámara baja.

Los diputados opositores (entre ellos, Graciela Camaño y Felipe Solá) señalaron que la elección no estaba debidamente publicada en el orden del día y que para tratar la designación de Julián Alvarez y Juan Forlón la Cámara debía contar con las tres cuartas partes de los legisladores presentes.

Por otro lado, según los diputados opositores, la elección de los auditores fue realizada en un plazo que no es el establecido por la legislación y por un dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, que es el que debería servir para la interpretación de los mandatos de los auditores.

De acuerdo al planteo, la designación indicaría que el Frente para la Victoria, habiendo sacado un 35 por ciento de los votos en la elección del 25 de octubre pasado, tenía el 70 por ciento de los representantes de la AGN.

Los legisladores massistas presentaron el amparo hace 10 días ante la Cámara Federal en lo contencioso administrativa.

De acuerdo a lo planteado, los legisladores que asuman después del 10 de diciembre tendrían que proponer la nulidad de los nombramientos y designar nuevos auditores.

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