El abogado querellante Rodolfo Yanzón remarcó ayer la responsabilidad institucional de la
Prefectura Naval y sus hombres en el homicidio de Héctor Febres, tras el procesamiento dictado por
la jueza Sandra Arroyo Salgado contra los dos efectivos de esa fuerza.
La de la jueza “es una decisión que robustece nuestra hipótesis de
homicidio, que desde un principio sostuvimos, y de la responsabilidad institucional de la
Prefectura como institución y de sus hombres”, sostuvo el abogado integrante de la Fundación
Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
Yanzón también exigió “avanzar hacia otros estamentos”
institucionales de la Armada argentina para determinar claramente las responsabilidades en la
muerte de Febres. Dijo que “una investigación no puede acabar en estos dos agentes, sino que
es importante avanzar”. Se refería al procesamiento, de los prefectos Angel Volpi y Rubén
Iglesias, que fueron los oficiales en actividad que estuvieron hasta último momento cerca de
Febres.
“Es importante que surjan de la investigación los móviles por los
cuales Febres tenía un amplio margen de movimientos. Salía sin controles, tenía un arma dentro de
la base donde estaba alojado. ¿Y cómo es que llegó el veneno y cómo le fue suministrado?”,
preguntó.
Insistió en que “no fue una decisión ni familiar, ni individual,
sino que hubo responsabilidad institucional. Eso es lo que se tiene que investigar”, remarcó
el abogado querellante.
Yanzón especuló sobre el móvil del crimen: “Vimos una conducta (de
Febres) durante el juicio, y antes, donde dejó en claro que no era el único que tenía que ser
juzgado, que faltaban oficiales de la Armada en el proceso. Consideraba que quienes estuvieron con
él en esa época le estaban soltando la mano. Eso podría tener algún coletazo en el rompimiento del
pacto de silencio” hecho entre algunos represores.