El juez federal Julián Ercolini procesó ayer a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita y ordenó un embargo por 10.000 millones de pesos en el marco de la causa por el supuesto direccionamiento de obras públicas viales a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez.
En el mismo fallo, el magistrado también procesó a la ex mandataria por administración fraudulenta agravada, al considerar que durante su gestión se otorgaron obras a la empresas de Báez de forma discrecional.
Ercolini dispuso, además, los procesamientos por asociación ilícita de Báez, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; del ex secretario de Obras Públicas José López; del ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti; de Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner; y de los ex funcionarios Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez.
Para el juez, Cristina Kirchner es "coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública".
"La ex mandataria habría realizado diversos aportes funcionales necesarios para la materialización de la maniobra que se le achaca", enfatizó Ercolini.
Por esa razón, el magistrado ordenó un embargo sobre los bienes de la ex mandataria "hasta cubrir la suma de 10.000 millones de pesos".
Sobre De Vido, López, Periotti y Carlos Kirchner también dispuso un embargo por la misma cifra, en tanto que para Daruich, Collareda, Garro, Villafañe, Pavesi y Santibáñez ordenó otro por 2.500 millones de pesos.
"En definitiva, se permite demostrar que durante los años 2003 a 2015, a través de todos los mecanismos legales establecidos en la Constitución nacional y por las autorizaciones expresas de las propias normativas sancionadas para ello, los funcionarios mencionados intervinieron en el constante y regular aumento del presupuesto asignado a la DNV (Dirección Nacional de Vialidad), con el fin de beneficiar a las empresas del grupo de Báez por las obras contratadas en la provincia de Santa Cruz", señaló el juez.
En un extenso fallo de 794 páginas, Ercolini consideró que Cristina Kirchner, De Vido, López, Periotti, Carlos Kirchner y Báez llevaron adelante un "plan sistemático y permanente, dado que la maniobra desarrollada se extendió a lo largo de 12 años".
Los procesados, según el juez, "tuvieron por fin beneficiar a Báez con la asignación direccionada de la obra pública vial para concentrar en él los recursos económicos del Estado", y subrayó: "Para ello, necesitaron valerse de personas que también cumplieran con los planes de esta sociedad y diseñaron una estructura funcional en materia de obra pública vial para licuar las responsabilidades de todos", subrayó el juez.
A la vez, destacó la "estrecha relación" entra la ex presidenta y Báez, detenido desde abril pasado por lavado de dinero.
El magistrado indicó que, según la investigación, se concluyó que en los "procesos licitatorios, las contratistas que participaban incrementaban el presupuesto oficial", permitiendo "guiar la contratación hacia las empresas de Báez".
"Otra de las anomalías advertidas fue la celeridad con la que se dio el otorgamiento de las obras", advirtió el juez Ercolini y puso como ejemplo una obra en la ruta 9 de Santa Cruz, que se aprobó en un mes.
en problemas. El juez que la procesó se encargó de resaltar su "estrecha relación" con Lázaro Báez.
Pablo Javier Raynaud está vinculado a una resonante causa sobre narcotráfico en Rosario y lo señalan como mano derecha de un importante jefe. Quién es el hombre tras las rejas
Por Lucas Ameriso
Por Mila Kobryn
Por Nicolás Maggi