La destitución de la fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, provocó reacciones en el ámbito de la Justicia. Así, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA hizo un fuerte pronunciamiento en el que se acusa al poder judicial y político de utilizar herramientas de "extorsión" para que los fiscales no investiguen posibles hechos de corrupción.
El lunes último, el Jurado de Enjuiciamiento destituyó a la fiscal Goyeneche, quien investigaba supuestas irregularidades en el gobierno entrerriano, entre ellas una que alcanzaba al ex gobernador Sergio Urribarri.
La votación terminó con cinco votos a favor de la destitución y dos en contra, y los argumentos del fallo se conocerían en las próximas horas.
Goyeneche había sido acusada el pasado 30 de noviembre por mal desempeño, al no haberse excusado a tiempo de una investigación debido a la presunta relación con un imputado en una causa que llevaba adelante, Pedro Opromolla, contador jefe del estudio donde se habrían procesado fondos malhabidos.
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La fiscal recurrió al Jury y al Superior Tribunal, pero este resolvió rechazar el amparo y abrió la puerta a la destitución, que finalmente se concretó este lunes.
Goyeneche ahora tiene la opción de presentar un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia y una apelación ante la Justicia.
En ese marco, la fiscal Gisela Paolicelli, titular de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA, señaló este miércoles en declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, que "era sabido que iba a ocurrir esto pero no deja de sorprender que se haya llegado a este punto, desconociendo incluso que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un recurso de queja presentado por ella".
Sin embargo, la funcionaria del MPA comentó que Goyeneche "insistirá ante la Corte Suprema de la Nación y llegará hasta los tribunales internacionales. No está todo dicho".
"Modificaron el sistema de enjuiciamiento, sustituyendo el órgano natural previsto para intervenir en un enjuiciamiento por otro ad hoc, que no está previsto en la ley", abundó Paolicelli al referirse a la destitución de su par de Entre Ríos.
"Es más de lo que venimos denunciando -amplió la fiscal del MPA-, las herramientas que el poder político tiene para extorsionar a fiscales para que éstos no investiguen los hechos de corrupción en los que ese poder se encuentra involucrado. Lo mismo pasa en Santa Fe: denunciar a fiscales y aplicar sistemas de remoción que son ilegales".
Para la fiscal, esa situación trae aparejada gravedad institucional: "Todavía no se llegó al punto de destituir a nadie, pero sí se denunciaron a fiscales y sí se modificó la ley para dirigirse hacia los fiscales para que éstos entiendan que si investigan determinadas cosas, pueden ser removidos con toda facilidad".