Por el caso Boudou, la Justicia allanó la Municipalidad de Mar del Tuyú

El juez federal Ariel Lijo dispuso un allanamiento en el Municipio de la Costa, en Mar del Tuyú, en el marco de una investigación sobre presuntas maniobras fraudulentas en un plan de viviendas, cuando el vicepresidente Amado Boudou se desempeñaba como secretario de Hacienda.

Se trata de una causa que se inició a partir de la denuncia que realizó el concejal Marcos García contra el vicepresidente; el ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex intendente Juan de Jesús y su hijo y actual mandatario comunal, Juan Pablo de Jesús.

La denuncia es a raíz de una licitación de 2005 por un total de 26 millones de pesos para la construcción de 486 viviendas y dos escuelas en el Municipio de la Costa, que debía finalizar en 2006 pero que, según el concejal, no fueron terminadas pese a haberse pagado dos tercios de la suma acordada.

El allanamiento fue llevado a cabo por Gendarmería Nacional en busca información y contratos con la empresa Cantera, que debía llevar a cabo las obras. La medida fue ordenada por Lijo y cursada por medio de su par, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ni bien finalizó la declaración testimonial del concejal García (Unión-PRO), en la cual ratificó lo denunciado.

El jueves pasado, el fiscal Gerardo Pollicita pidió abrir una causa para investigar los hechos y en su dictamen imputó a Boudou, De Vido y otros acusados. Lijo, a su vez, ya ordenó varias de las medidas solicitadas por el fiscal: a la Inspección General de Justicia pidió que informe sobre los antecedentes y la composición accionaria de la empresa Cantera, y al Ministerio de Planificación Federal que aporte detalles sobre las obras y los fondos que fueron adjudicados.

Según declaró García ante el juez, el Ministerio a cargo de De Vido aportó unos 20 millones de pesos para la construcción de 484 viviendas y dos escuelas en el Partido de la Costa; y que hubo cinco procesos de licitación en los cuales intervino Daniel Tarrida como cara visible de la firma Cantera.

Además, dijo que los mismos fueron suscriptos por Boudou como secretario de Hacienda de dicho partido junto al actual intendente Juan Pablo de Jesús; y su padre, quien fuera jefe comunal al momento de ocurridos los hechos.

A los ocho meses de firmados los convenios para emprender las obras, Boudou y Juan de Jesús autorizaron pagar a Cantera el 96 por ciento del presupuesto. "Luego 48 horas después de cobrar la casi totalidad de la obra, la empresa convoca a concurso preventivo que tramita ante el juzgado nacional en lo comercial número 5", señaló el concejal.

Además, aseguró que Juan Pablo de Jesús luego rescindió el contrato con Cantera por el incumplimiento de las obras, pero que no se hizo ninguna denuncia penal o civil. García precisó las direcciones donde iban a ser construidas las viviendas en el Plan Federal; y sostuvo que además se planeó la construcción de cinco o seis establecimientos "de los que hoy no hay noticia". También sostuvo que hubo "trabajadores que denunciaron el abandono por parte de la empresa de las obras y la no remuneración".

En otro orden, el fiscal federal Jorge Di Lello pidió rechazar un pedido de nulidad contra el testimonio de Nicolás Ciccone, ex dueño de la empresa gráfica, hecho por sus propios abogados, quienes aseguran que sus dichos fueron utilizados en su contra para luego procesarlo.

Fuentes judiciales informaron que se trata del testimonio que Nicolás Ciccone prestó el 5 de diciembre pasado, en el cual reconoció que hubo una maniobra en la cual participó el vicepresidente Boudou para el salvataje de la quebrada empresa, al otorgarle un plan de facilidades de pago, y posterior compra de la misma.

En esa oportunidad, Ciccone declaró como testigo y aseguró que Boudou participó en al menos dos encuentros sobre el tema, y lo mismo fue ratificado por su yerno Guillermo Reinwick. Pero luego de declarar como testigos, este año el Lijo mutó la condición de ambos y los procesó al considerar que fueron partícipes de la maniobra.

Para la defensa de Ciccone, los abogados Gabriel Palmeiro y Maximiliano Rusconi, los dichos del ex dueño de la empresa que hizo como testigo luego se utilizaron para imputarlo. Por eso plantearon la nulidad, ante la cual el fiscal federal Jorge Di Lello la rechazó y consideró que la misma debe ser declarada válida. El fiscal en su dictamen consideró que el pedido de los abogados de Ciccone fue recién que procesaran a su cliente, y también que "utiliza para todas las presentaciones argumentos iguales" para intentar declarar inválida la testimonial.