Como consecuencia del año electoral en curso, la Corte Suprema de la Nación parece haber dejado en pausa la resolución de expedientes en su momento considerados como trascendentes por el propio máximo tribunal de Justicia.

Son unos 150 casos sensibles que tienen como protagonistas a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al ex mandatario Mauricio Macri y a otros dirigentes políticos de peso.

Paralelamente, no hubo avances en dos ejecuciones de sentencias de casos sobre los cuales la Corte Suprema se expidió, como el amparo del Gobierno porteño por la quita de coparticipación y la presentación del senador nacional Luis Juez para que le restituyan su lugar en el Consejo de la Magistratura.

Si bien nadie lo verbaliza en voz alta, en los pasillos judiciales no pocas voces coinciden en que el alto tribunal acordó -sin formalismo alguno- no tratar ni resolver en causas con impacto político, al menos hasta que concluyan los meses con impronta electoral. Y advierten que es el presidente de la Corte Suprema, el santafesino Horacio Rosatti, el encargado de fijar el orden de prioridades. La mayoría de esos casos se encuentra en su vocalía.

De todos modos, recientemente la Corte Suprema aceptó dos medidas cautelares para suspender elecciones en Tucumán y en San Juan (en esta última provincia el oficialismo terminó perdiendo el control político del territorio luego de 20 años).

En ese sentido, se espera una eventual decisión que podría tallar en las elecciones porteñas en función del pedido de impugnación de la candidatura del ex intendente de Vicente López y referente del PRO Jorge Macri.

En pendiente también se encuentra una seguidilla de pedidos para que la Corte Suprema declare inconstitucional el artículo de la Carta Magna de Formosa que respalda la reelección indefinida de los gobernadores. Un punto que podría activarse luego de que el ministro de Justicia nacional, Martín Soria, solicitara al máximo tribunal anular artículos de la nueva Constitución de Jujuy.

Lo cierto es que la postergación de las definiciones de la Corte Suprema alimentan las suspicacias políticas y sobre una hipotética falta de transparencia en la administración de los pleitos.

También abona la puja de poderes la continuidad en la Cámara de Diputados nacional del proceso administrativo contra los cuatro ministros de la Corte Suprema, con un extenso desfile de testigos y audiencias con final en duda por la falta de votos del oficialismo para abrir la acusación formal en el recinto.