Política

Polémica sobre el fallo que reintegra fondos millonarios a Santa Fe

El diputado del FPV Eduardo Toniolli quiere saber si los abogados cobrarán 7.500 millones de pesos. Para el procurador Barraguirre esa idea es descabellada.

Viernes 27 de Noviembre de 2015

Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que establece la devolución a Santa Fe, entre otras provincias, de fondos detraídos a la masa coparticipable que se utilizaban para financiar el sistema previsional nacional, estalló una polémica sobre los honorarios que cobrarían los estudios de abogados que llevaron adelante el litigio para la provincia. Mientras el diputado provincial Eduardo Toniolli (FPV) hizo un pedido de informes para saber si el erario santafesino debe abonar una suma que ronda los 7.500 millones de pesos, el procurador de la Corte Suprema de Santa Fe, Jorge Barraguirre, rechazó de plano esa posibilidad.
  Toniolli presentó un pedido de informes, aprobado en la sesión de ayer en la Cámara baja, en el que solicita información al Poder Ejecutivo provincial sobre los bufetes de abogados que estuvieron a cargo de la demanda. En ese marco, Toniolli caracterizó el fallo como un “mazazo que puede hacer volar por los aires un sistema previsional”.
  El legislador peronista agregó que “cuándo a Hermes Binner le tocó ser gobernador contrató a los estudios Gil Lavedra y Bouzat para demandar a la Nación por tres causas ligadas a la coparticipación”.
  Pero más allá del debate de fondo, Toniolli interpela al gobierno provincial por aquellos contratos “realizados en el año 2008 con los dos bufetes jurídicos”, que “se llevó adelante sin licitación previa, a pesar de que los montos lo exigían, y pese a que el Estado provincial contaba, y cuenta, con una Fiscalía de Estado con un centenar de abogados disponibles para esta tarea”.
  “Queremos saber cuánto le costaron al Estado santafesino los servicios de Ricardo Gil Lavedra y de Bouzat durante estos años”, señaló Toniolli, y agregó: “Asimismo solicitamos se explicite a la Legislatura los términos del contrato firmado con ambos juristas, en la medida que reportes de prensa de la época señalaban que el mismo establecía que en caso de prosperar la demanda sus estudios jurídicos se quedarían con el 30 por ciento de lo obtenido por el Estado provincial”.
  Barraguirre, en tanto, salió al cruce y dijo que “es disparatado sostener que los dos estudios jurídicos contratados por la provincia vayan a quedarse con el 30 por ciento de lo que obtiene el Estado provincial. Se les pagó 2 millones de pesos con toda lógica para litigar con dos estudios de Buenos Aires que es donde estaba radicado el trámite. Se habla de que cobrarán 7.500 millones lo que es realmente desconcertante. Ahora el tribunal le ajustará honorarios pero hay un tope. La provincia no contrajo un compromiso de pagar de más”, dijo.
  El procurador dijo que “este fallo no va a implicar desfinanciar a la Nación”, ya que “la Corte Suprema evita el impacto negativo para las finanzas nacionales al obligar a las partes a llegar a un acuerdo en 120 días sobre la modalidad de reembolso. Además, si se generan desequilibrios el fallo propone firmar una nueva coparticipación. No se desfinancia el sistema de seguridad social nacional con 500 millones mensuales que Santa Fe dejará de mandar. El problema sería si todas las provincias lo hicieran. Santa Fe no adhirió al pacto fiscal y no transfirió a la Nación su Caja de Jubilaciones. Esa no es la situación de la mayoría de las provincias”, explicó. “No hay desfinanciamiento de los servicios sociales nacionales, no habrá impacto sobre la macroeconomía nacional ni ningún estudio cobrará 7.500 millones de honorarios”, resumió Barraguirre.

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