Política

Piden que Boudou sea llamado a indagatoria por el caso Ciccone calcográfica

Vicepresidente en apuros. Lo solicitó el fiscal Di Lello al juez de la causa, Ariel Lijo. La medida también alcanza al titular de la Afip y otras nueve personas.

Viernes 07 de Febrero de 2014

El fiscal federal Jorge Di Lello pidió ayer, a dos años del inicio de la causa, que el vicepresidente Amado Boudou; el jefe de la Afip, Ricardo Echegaray, y otras nueve personas, entre ellas el empresario Alejandro Vandenbroele, declaren como acusados por el "rescate" de la ex Ciccone Calcográfica, que imprimía billetes para la Casa de Moneda.

Así lo informaron fuentes judiciales, quienes precisaron que el requerimiento del fiscal les imputa a Boudou y Echegaray el delito de "negociaciones incompatibles" con la función pública, castigado con uno a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua por el artículo 265 del Código Penal.

El requerimiento de indagatorias de la Fiscalía incluyó a Rafael Resnick Brenner, jefe de asesores de Echegaray en la Afip; a José María Núñez Carmona, amigo de Boudou, y a Alejandro Vandenbroele, titular de la firma The Old Fund, que se hizo cargo de Ciccone y quien vivía en un piso en Puerto Madero, cuya propiedad se atribuye al vicepresidente.

También figuran los empresarios Guillermo David Reinwick, Nicolás Tadeo Ciccone, Pablo Jorge Amato, Jorge Enrique Capirone, Máximo Eduardo Lanusse y Sergio Gustavo Martínez, a quienes el fiscal consideró "partícipes en diferente grado de la maniobra".

La solicitud de Di Lello fue presentada al juez federal Ariel Lijo, quien instruye la causa y hasta ahora sólo había realizado audiencias de declaraciones testimoniales que tenía previsto finalizar en abril próximo con la comparecencia de Echegaray.

El fiscal acusó a Boudou por su vínculo con Vandenbroele y por su actuación en el levantamiento de la quiebra en una nota enviada a la Afip.

Di Lello sostuvo "la existencia de una relación de amistad o de simple conocimiento mutuo entre Amado Boudou y Alejandro Vandenbroele", la que el vicepresidente siempre negó, como un elemento más "que demostraría que el funcionario público se interesó en el trámite del levantamiento de la quiebra".

Pruebas. Como prueba señaló que en el departamento allanado de Puerto Madero se encontraron servicios pagados por Vandenbroele.

También dijo que Boudou, como ministro de Economía, contestó un oficio de la Afip para que vele por los intereses de la empresa y los puestos de trabajo ante una consulta del organismo recaudador sobre el pedido de Ciccone de un plan de pagos.

Para el fiscal, Boudou contestó ese oficio "sin que se observen las pruebas legales o políticas de los fundamentos esgrimidos".

"Lo cierto es que durante la tramitación de esta causa se ha podido establecer que la Afip, desde el año 2007 hasta la fecha, ha solicitado aproximadamente 500 pedidos de quiebra y/o intimaciones judiciales de pago bajo apercibimiento de solicitud de quiebra y en ningún proceso de quiebra se ha solicitado la intervención del Ministerio de Economía de la Nación ni éste ha emitido opinión, esto sólo aconteció en el caso de Ciccone Calcográfica SA", sostuvo. Por esos mismos motivos el fiscal pidió las indagatorias de Echegaray y Resnick Brenner.

Connivencia. Di Lello agregó que "el levantamiento de la quiebra y el otorgamiento de un beneficioso plan de pago de las deudas que mantenía" Ciccone "se habría instrumentado con la connivencia de funcionarios de la Afip, principal acreedora".

Y que "se realizaron maniobras conducentes a efectivizar un salvataje, que tuviera en apariencia un apoyo administrativo, cuando el mismo organismo (por la Afip) dos meses antes había solicitado la quiebra de la misma".

Para el fiscal hay "indicios de un manejo irregular de las decisiones administrativas adoptadas por los funcionarios de la Afip durante el proceso que llevó al levantamiento de la quiebra de la empresa y su posterior adecuación a un plan de facilidades de pagos que, desde el año 2003 en que se inició el concurso de Ciccone, no era admitido por dicho organismo".

"Se ha logrado determinar que, paralelamente a las vicisitudes del expediente concursal, se realizaban diferentes reuniones" entre Ciccone, Reinwick, Amato, Núñez Carmona, Vandenbroele y Boudou "en las que se resolvía la forma en que los capitales privados interesados se quedarían con una de las únicas empresas dedicadas a la fabricación de billetes del país".

Además, Di Lello requirió las testimoniales del presidente del Banco Macro, Jorge Brito; del presidente de la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Ltda., Cirio Zavalía; del secretario de su comisión directiva, Mariano Andrés Maccarrone; del tesorero Mario Héctor Pelavski, de los vocales Daniel Piasek y Patricia de Souza y de la síndica Cecilia Guyot.

Todos esos testimonios —consignó— son para "ahondar respecto al origen de los fondos que permitieron a la empresa The Old Fund SA aportar el dinero suficiente para lograr el levantamiento de la quiebra de Ciccone".

¿Te gustó la nota?

Dejanos tu comentario

LAS MAS LEÍDAS