Política

Piden llevar a Cristina Kirchner a juicio oral en la causa Hotesur

Lo solicitaron los fiscales Pollicita y Mahiques al juez Ercolini. La acusan de lavar dinero a través de alquileres de hoteles su propiedad.

Sábado 22 de Diciembre de 2018

Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron ayer la elevación a juicio oral del caso Hotesur, en el que está procesada la ex presidenta Cristina Kirchner, entre otros, por supuesto lavado de dinero a través de falsos alquileres de plazas hoteleras a la ex familia presidencial.

El pedido fue elevado al juez federal Julián Ercolini y alcanza a otros 18 imputados, entre los que se encuentran los hijos de la ex presidenta, Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario detenido Lázaro Báez.

Se trata de la causa iniciada en noviembre de 2014, cuando la entonces diputada nacional Margarita Stolbizer denunció una supuesta operatoria inmobiliaria, con alquiler de hoteles de la familia Kirchner, para justificar el cobro de dinero proveniente de sobreprecios en obras públicas.

"La acusación fiscal se encuentra enmarcada en la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los ex presidentes de la Nación Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner", y otros ex funcionarios y empresarios, sostuvieron los fiscales en el dictamen.

Pollicita y Mahiques remarcaron que la estructura estaba integrada, además, por "ex funcionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado".

Según la acusación fiscal, la asociación ilícita funcionó "ininterrumpidamente al menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016" y estuvo "destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos".

Los fiscales remarcaron que a través de la compra de hoteles como el Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea, se constituyó el "mecanismo a través del cual los ex mandatarios y los empresarios allegados canalizarían el dinero que era sustraído al Estado a través de la obra pública vial otorgándole así la apariencia de provenir de una actividad lícita".

Ropaje

"Ello en definitiva les aseguraría a los ex presidentes y a sus hijos poder disponer de una parte del dinero de la corrupción, ya que ante los ojos de las autoridades fiscales y anticorrupción dichos fondos contarían con un ropaje de licitud que enmascararía el verdadero origen del dinero", remarcaron.

Una vez que el dinero se encontraba en poder de las empresas de Báez y que los ex presidentes contaban en su patrimonio con los hoteles, la maniobra se perfeccionaba a través del pago de alquileres apócrifos, según surge de los procesamientos y del requerimiento de elevación a juicio.

"El segundo paso de la maniobra consistió en interponer una persona jurídica —Valle Mitre— para que administrara los hoteles y funcionara como sociedad pantalla entre el grupo económico y los ex presidentes; y que por lo tanto, por un lado, absorbiera los fondos ilícitos provenientes de la obra pública vial asignados a las empresas del Grupo Báez", detallaron los fiscales.

Entre los procesados de esta causa se encuentran Lázaro Báez, su hijo Martín; la sobrina de la ex presidente, Romina Mercado, el contador Víctor Manzanares (detenido) y el empresario Osvaldo Sanfelice.

La ex presidenta Cristina Kirchner cuenta con 6 procesamientos en el marco de las causas conocidas como Hotesur, Dólar Futuro, Memorándum con Irán, Obra Pública, Los Sauces y Cuadernos de la Corrupción.

Salvo la causa de los Cuadernos, en la que el jueves le confirmaron el procesamiento como jefa de una asociación ilícita destinada a recolectar fondos ilegales de empresarios contratistas de obra pública, todas las demás causas fueron elevadas a juicio oral.

El primer debate oral y público que tendrá a la actual senadora en el banquillo de los acusados será el relacionado con la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública en favor de las empresas de Báez: la fecha de inicio es el 26 de febrero del 2019.

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