Piden la extinción de dominio para un hermano del presidente

Tras la publicación en el Boletín Oficial del decreto que le dio luz verde al Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio, cuya validez analiza el Congreso, dos diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ le pidieron al procurador interino Eduardo Casal que comience a aplicar la misma metodología con Gianfranco Macri, hermano del presidente Mauricio Macri.

   La presentación de Rodolfo Tailhade y Martín Doñate apunta a la investigación por el giro de 5 millones de dólares que Gianfranco Macri recibió de Usir Argentina SA, la firma creada por el contador del holding familiar en diciembre de 2015 que, con la venta y reventa de parques eólicos, ya le generó más de 70 millones de dólares de ganancias, según el cálculo de los legisladores.

   Según la denuncia, la empresa Sideco Americana, nave insignia de los Macri, creó junto a un grupo de socios cuatro firmas a nombre del contador de la familia, Mariano Payaslian.

   Durante el primer año de gobierno de Cambiemos, esas empresas le compraron a la española Isolux, por 25 millones de dólares, los contratos que había ganado por licitación pública para construir y explotar cuatro parques eólicos en Chubut y en Miramar.

   En mayo de 2017 las revendieron y se quedaron con la diferencia: 48 millones de dólares. En junio pasado, en tanto, Usir Argentina SA, una de las cuatro firmas, le giró a Gianfranco Macri 5 millones de dólares.

   Tomando en cuenta esos hechos, Tailhade y Doñate le pidieron a Casal que los reciba para entregarle la información que también aportaron al Juzgado Federal Nº 8.

   "Se trata de un hecho de corrupción que involucra al presidente y su familia, en tanto desde el gobierno nacional se facilitó de manera ilegal la cesión de concesiones públicas de parques eólicos a sociedades que la familia presidencial había constituido pocos días antes con ese único propósito", destacaron los diputados.

   En tanto, la comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso tendrá un plazo de diez días para tratar desde la fecha en que el gobierno envíe el decreto de necesidad y urgencia (DNU) sobre extinción de dominio que el presidente firmó el lunes pasado para recuperar los bienes adquiridos por involucrados en corrupción.