Piden a la Corte intervenir por la reforma judicial

La Corte Suprema de Justicia recibió ayer el primer pedido de intervenir directamente, bajo la modalidad de per saltum en la reforma judicial recientemente sancionada por el Congreso nacional.

El planteo fue presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, contra uno de los proyectos de los seis que forman parte de la reforma, el que limita el régimen de medidas cautelares contra el Estado.

El abogado recurrió al máximo tribunal ante el rechazo "in limine" de la jueza de primera instancia Cecilia Madariaga de Negre de tratar su planteo, con el argumento de que no había un caso concreto que lo afectara.

Gil Domínguez dijo que en el caso hay "gravedad institucional", que es uno de los requisitos que establece la ley para permitir la aplicación del per saltum.

"Después del fallo de primera instancia oportunamente apelé y me toco la Sala I del fuero Contencioso, pero interpuse un per saltum y le notifique a la Cámara planteando que hay una situación de gravedad institucional", señaló el abogado.

Al fundamentar su presentación, enumeró que las Naciones Unidas dijeron que "la ley viola el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos; también por los derechos que la ley deja indefensos y porque la comunidad jurídica se ha expedido en contra"

Si bien indicó que el planteo se limita a la ley que regula las cautelares, el planteo de gravedad institucional se expande a otras dos normas sancionadas: la reforma del Consejo de la Magistratura y la de creación de nuevas Cámaras de Casación.

Ahora la Corte debe determinar si hay gravedad institucional y en ese caso abrirá el grifo para intervenir en los planteos de las otras leyes cuestionadas del paquete de reforma judicial.

Rechazo. En otro orden, la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría rechazó "por el momento" expedirse sobre las cautelares contra la reforma del Consejo de la Magistratura y corrió vista al Poder Ejecutivo por cinco días para que opine sobre los mismos.

"Dada la naturaleza de la acción no corresponde expedirse por el momento con respecto a la medida cautelar intentada y hágase saber al Poder Ejecutivo que en el plazo de cinco días deberá producir el informe", indicó la resolución de Servini de Cubría.

Sobre la excusación del fiscal electoral Jorge Di Lello, la magistrada federal remarcó que "no resulta imprescindible la participación del representante del Ministerio Público", por lo que resolverá el expediente sin su pronunciamiento.

De esa manera, Servini de Cubría optó por escuchar al Estado antes de resolver sobre las cautelares y, para ello, habilitó días y horarios inhábiles: apunta así a dar una definición lo más rápido posible, a fin de que las demandas queden resueltas antes del 22 de junio próximo, fecha límite para la presentación de candidatos para las elecciones.

El miércoles, el fiscal Di Lello se había excusado de intervenir por ser "socio" de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, una de las entidades que presentó uno de los cinco amparos en contra de la reforma del Consejo. En la Corte Suprema de Justicia prevén que el trámite ante la Justicia electoral será de rápida definición.