Comunidades originarias y organizaciones sociales que mantenían cortes de rutas en el norte de Jujuy, en rechazo a la reforma parcial de la Carta Magna provincial que “limita el derecho a la protesta social” y fue recientemente aprobada por una Asamblea Constituyente, fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad locales.

En tanto, el gobernador de Jujuy y precandidato presidencial de la UCR, Gerardo Morales, defendió la prohibición de realizar cortes de rutas y calles, contemplados en el texto constitucional, y consideró que la implementación de esa prerrogativa debería ser discutida “a nivel nacional”.

Las manifestaciones contra la reforma —aprobada parcialmente este viernes a la madrugada— se llevaban adelante en distintas localidades, entre ellas, Purmamarca, donde los manifestantes establecieron un corte en el cruce de las rutas 9 y 52 durante toda la noche, soportando incluso temperaturas bajo cero.

Los pobladores que participaban de esa medida de acción directa denunciaron que, a las 6, llegó un importante contingente de efectivos de la Infantería policial con el propósito de desalojar la ruta.

Cuando amanecía, la policía avanzó sobre los manifestantes y se inició una represión en el cruce de caminos, donde los efectivos no lograron concretar el despeje de las rutas.

Fuentes ligadas a los organizadores de la protesta indicaron que dos integrantes de las comunidades originarias de Coquena y de Collamboy resultaron detenidos y liberados luego de unas horas. Los manifestantes, en tanto, quedaron en alerta por un posible nuevo intento de desalojo.

El viernes, al norte de Jujuy, la policía ya había intentado avanzar con el desalojo de un corte total de la ruta nacional 9, en la localidad puneña de Abra Pampa, distante a 212 kilómetros de la capital provincial.

En tanto, en solidaridad, el sector docente que mantiene un paro por tiempo indeterminado desde hace dos semanas también convocó a permanecer en el acceso sur a la capital provincial.

Además, en torno a la reforma, resolvieron que presentarán un recurso de inconstitucionalidad al Superior Tribunal de Justicia y declararán personas no gratas a los convencionales que votaron a favor de la modificación de la Carta Magna.