El gobernador Omar Perotti se pronunció ayer por primera vez sobre la puja entre la Cámara alta santafesina y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y pidió a “todos” los poderes que “recapaciten”. Además de cuestionar la resolución del Senado que solicitó el archivo de la causa del peronista Armando Traferri, criticó la creación en ese cuerpo parlamentario de una comisión para investigar a los fiscales y reconoció que la autoría del proyecto fue de un legislador del PJ, pero objetó al Frente Progresista (FPCyS) por acompañar la polémica iniciativa. La réplica fue inmediata en la oposición, que exigió al Ejecutivo “dar el ejemplo tratando de mejorar las relaciones institucionales”.
“Lo que uno quiere es tener en la provincia un piso institucional alto, y me parece que ese no es un camino. Deseo que puedan funcionar las instituciones, la división de poderes”, afirmó el jefe de la Casa Gris acerca del pedido de la Cámara alta al juez Carlos Leiva para que cierre las actuaciones contra Traferri en la causa por juego clandestino, que fue firmado por la vicegobernadora Alejandra Rodenas, junto a la creación de una comisión — en suspenso— para auscultar la labor de los fiscales.
Sobre la autoría del proyecto que impulsó la comisión, a manos del senador provincial Rubén Pirola (PJ), Perotti enfatizó: “No son legisladores solamente de nuestro partido. El resto acompaña, pero no es un tema menor. Integran el Frente Progresista”.
“De lo contrario, sería parcializar la mirada y llevarla al viejo esquema de una interna, y no la es. El Frente Progresista, obviamente, garantiza que eso salga, no es un invitado más. Es tan directamente responsable de esa sanción como cualquiera. Hay que leer adecuadamente la situación”, subrayo en declaraciones a el diario El Litoral.
Al respecto, Perotti añadió: “Mi deseo es que puedan funcionar la división de poderes y las instancias de contralor. Si hay que mejorar alguna de las existentes, planteémoslo. Pero apartarse de esas cosas, a veces implica el riesgo de que la gente siga alejándose de la creencia del buen funcionamiento de las instituciones. Todos tienen que hacer un esfuerzo por subir el piso y no bajarlo”.
El pronunciamiento de Perotti se enmarcó en un conflicto de poderes que detonó posiciones contrastantes en el propio Ejecutivo. Rodenas sostuvo que no propició el archivo de la causa y que la comunicación a la Oficina de Gestión Judicial de Rosario fue un acto administrativo propio de las funciones que le asigna el reglamento del Senado.
Pero el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, advirtió que, al firmar la vicegobernadora, no sólo comunicó una resolución de la Cámara que preside sino que terminó avalándola. También señaló que el planteo sí traía aparejado, al pedir el cierre de las actuaciones contra Traferri, el archivo del expediente.
La otra vereda
Paralelamente, el titular de la Cámara baja provincial, el ex gobernador Miguel Lifschitz, fue tajante: “El poder político debe respetar a la Justicia”.
No obstante, el senador provincial Felipe Michlig (UCR-FPCyS) insistió en que la Constitución de Santa Fe faculta a los legisladores a crear comisiones para obtener información o investigar temas de interés público. Y reiteró que la decisión, junto a sus pares del PJ, de freezar el cuerpo especial fue por el “revuelo político e institucional” que generó la movida. “Quisimos evitar un conflicto de poderes. Tampoco pretendíamos interferir en la labor del MPA y de la defensa penal”, agregó a La Capital.
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Michlig. El senador radical se despachó con críticas hacia la Casa Gris.
En esa línea, abundó: “Ahora nos reuniremos con Baclini y con (la defensora general) Jaquelina Balangione para analizar el tema y para que Pirola se explaye sobre su proyecto. Hay que recordar que la Cámara baja tiene una comisión similar —caso ex fiscal Gustavo Ponce Asahad— y nadie elevó queja alguna”.
“Lo importante es que Perotti empiece a dar el ejemplo tratando de mejorar las relaciones institucionales, el vínculo entre los poderes. Lo vemos en la falta de diálogo del Ejecutivo”, retrucó el radical.
Y ejemplificó: “Cuando el gobernador visita un departamento de la provincia, si el senador o las autoridades locales no responden a su signo político son ignoradas. Eso no ocurrió con las anteriores administraciones santafesinas, incluso con las del propio justicialismo”.
