Pablo Farías no trepida en afirmar que para lograr una Convención Constituyente que ponga en práctica una nueva Carta Magna, en mayo debería estar aprobada la declaración de la necesidad de la reforma. El ministro de Gobierno habló de todos los temas y tomó posición en la polémica por la negociación salarial con los gremios. En ese sentido, no dudó en vincular con el kirchnerismo a los dirigentes sindicales que rechazaron un acuerdo paritario.

El titular de la cartera política confía en que la reforma vea la luz y asegura que el presidente de la Nación nunca salió al cruce de la novedad. Para él, Macri "propone temas para el debate" de una eventual reforma. Farías no descarta la implementación del ballottage por ley, si es que no hay reforma constitucional.

—¿En su libreta de trabajo, qué cuestiones están agendadas para 2018?

—La prioridad de la agenda es la reforma constitucional. Pero nos ocupan de manera prioritaria, también, cuestiones de la gestión. Como el tema de los aumentos salariales. La conflictividad alrededor de eso se va a extender un poco más de lo normal, pero tendremos que encontrar una solución por medio de paritarios. Y luego están las cuestiones de la agenda del gobernador. Hoy es el desafío de la reforma, porque si no logramos plasmar la presentación y aprobación del proyecto e el mes de mayo será muy difícil llegar a una Convención Constituyente antes de fin de año. Para poder tener la Constitución reformada en 2018, a fines de noviembre o primeros días de diciembre, tenemos que lograr que en mayo se apruebe la necesidad de la reforma.

—Entonces tienen que enviar la iniciativa a la Legislatura antes del 1º de mayo.

—Puede enviarse antes o presentarse el mismo día en el mensaje del gobernador a la Asamblea Legislativa. Lo importante es el tiempo que tenemos para aprobarlo. Hay que contar con un consenso lo más amplio posible, y lo vamos a buscar.

—Usted habló con todas las referencias de los partidos políticos opositores. ¿Alguien le dijo: "Estamos en contra de la reforma constitucional"?

—No, nadie está en contra de la reforma. Las diferencias en las otras fuerzas son respecto de la oportunidad, pero no hay discusión sobre la necesidad de la modificación de la Carta Magna.

—Adelantamos en este diario que el proyecto de reforma incluirá rango constitucional para que EPE, Aguas y Caja de Jubilaciones permanezcan en manos del Estado. López Molina sostiene que proponer definir la naturaleza jurídica de dos empresas de servicios públicos por reforma constitucional es no tener idea de lo que significa.

—No. Hay posibilidades de establecer en el texto constitucional que determinados servicios deben ser prestados por el Estado. Después se verá por una ley qué figura traduce mejor ese principio, pero se puede establecer que el Estado mantenga la propiedad de servicios esenciales y monopólicos. Eso evitaría cometer otra vez errores como los que sucedieron con las privatizaciones de Agua y EPE.

—¿Puede haber ballottage por ley en la provincia, si es que no se reforma la Constitución?

—Sí. Se puede reformar la legislación y buscar un esquema de segunda vuelta. Sí, podría hacerse. El gobernador lo planteó como una idea a incorporar en la reforma, ustedes lo publicaron esta semana en el diario. La doble vuelta es una figura interesante. Hoy tenemos un muy buen sistema electoral, el mejor del país. La boleta única es muy bien ponderada y se está explorando la posibilidad de incorporar tecnología. Introducir una novedad de este tipo en la Constitución, como el ballottage, es interesante.

—¿Descartan un acuerdo con Macri por la reforma o creen que se puede alcanzar un punto de consenso?

—No sé si es necesario un acuerdo con el presidente, incluso él no plantea objeciones a la reforma. Plantea una posición de temas para llevar a la reforma que, a mí, me parecen interesantes para debatir. Lo escuché más aportando temas para la reforma que oponiéndose. Sería clave que sus legisladores no obstaculicen la necesidad de la reforma.

—¿El gobierno está decepcionado con los dirigentes gremiales estatales?

—No sabemos bien por qué pasó lo que pasó con las paritarias. Nosotros tuvimos en el mismo día dos instancias paritarias que todos ponderamos como muy buenas. incluyendo los dirigentes gremiales. Luego de eso, cuando entendíamos que la propuesta que iban a tener en consideración los gremios, tenían grandes chances de ser aprobadas, no sucedió. Había un ambiente de acuerdo paritario, pero después hubo algo que cambió las cosas. No lo pudieron sostener ATE y los docentes. Con el agravante de que los dirigentes docentes, que se fueron conformes y diciendo que la propuesta era más que digna, no garantizaron que la propuesta esté en la moción de voto en todos los departamentos. Nunca pasó algo así.

—El gobernador dijo que detrás de esto estuvo la oposición. ¿Es el kirchnerismo el que imposibilitó el acuerdo?

—No sé si una persona en particular, sí nos da la sensación de que imperaron intereses partidarios. Los gremios que se opusieron están todos enrolados en el kirchnerismo. Sus dirigentes son militantes kirchneristas, y aún hoy comparten reuniones con Cristina. Es una de las explicaciones posibles. Pero no creo que haya habido una orden del kirchnerismo. Sí creo que está enroscado en la pelea, en el plan de lucha. Esta es la única provincia que tiene cláusula gatillo adentro del acuerdo paritario.

—¿Cómo está la relación institucional con Corral?

—Cambió cuando decidió romper con el Frente Progresista y armar Cambiemos en la ciudad de Santa Fe. A partir de ahí, se puso el traje de dirigente político opositor y comenzó a tener actitudes agresivas con el gobierno provincial. Reprochaba cosas que minutos antes pareció no ver, porque no las criticaba, no las criticó nunca. La gestión de Corral perdió impulso, novedad. El está preocupado por las cuestiones nacionales y por su posicionamiento personal. Quiere proyectarse más allá de la ciudad, y en su grupo político ha perdido algunos dirigentes que lo fortalecían, como Barletta.