El presidente Javier Milei insiste en reducir a una simple explicación económica la complejidad de la crisis argentina. Y las últimas palabras de su discurso ante la Asamblea Legislativa así lo expresan: “Les pido paciencia y confianza a los argentinos”, dijo porque “vamos a combatir el déficit fiscal que es la causa de todos los problemas”, agregó.

El mandatario que está al frente de un gobierno que devaluó la moneda y licuó un 16% el poder adquisitivo del salario en un solo mes, y en el cual la inflación acumuló 51% entre diciembre y enero, sólo apeló como oferta a mediano plazo a dos sustantivos abstractos (paciencia y confianza), sin definir más acciones concretas que la profundización del severo ajuste que viene aplicando e, incluso, anunciando que lo acelerará.

De hecho, Milei valoró, entre las acciones de su corta gestión “la eliminación de la obra pública y la reducción en un 98% de las transferencias a las provincias”, dos medidas que entre otras cosas paralizaron la construcción y a las industrias proveedoras, como el caso de la siderúrgica Acindar, que esta semana anunció que frenaría por un mes la actividad de sus plantas en Argentina debido a la caída de las ventas.

Pero más allá de no detallar cómo logrará revertir la fuerte licuación de los ingresos de la población, el mandatario dejó en claro que está decidido a ir por el corpus legal que ampara a los trabajadores formales, un universo que opera de trinchera ante el avance de la informalidad en el mundo laboral, con herramientas como las discusiones paritarias o garantizando el derecho esencial a la salud a través de las obras sociales.

Es justamente hacia el corazón de ese sistema que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) apuntó con medidas concretas. En el decálogo de medidas que le propuso en el Pacto de Mayo a los gobernadores, figuran una reforma laboral y una reforma previsional, dos reclamos de vieja data del sector empresario, principalmente la primera, que nunca logró garantizar el objetivo de sumar puestos de trabajo de calidad y sí agudizó la precarización.

También aprovechó para celebrar el desmantelamiento de otras que protegían al consumidor de la voracidad remarcadora como “la nefasta ley de abastecimiento”, dijo , un mismo adjetivo que uso para destacar la derogación de la ley de alquileres. Por otra parte, prometió una reforma tributaria para “simplificar y promover el comercio” como una forma de reiterar su respaldo al sector empresario, pero al mismo tiempo planteó la “apertura del comercio internacional para que Argentina sea protagonista del comercio global”. Dos anuncios que amenazan, a priori, con quedar neutralizados uno con otro si no están en el marco de un plan coordinado que mire con atención los efectos nocivos de una apertura indiscriminada en una economía con fuertes problemas de restricción externa.

Y aunque acercó un armisticio a los gobernadores - previa amenaza de que avanzará “con o sin ayuda de la dirigencia política”-no declinó con su intención de modificar el statu quo en cuanto al reparto de los recursos. “Proponemos la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual”, apuntó en la enumeración del Pacto de Mayo. Una decisión que de facto fue tomando durante estos dos meses, cuando aplicó un fuerte recorte de envíos a las jurisdicciones provinciales que según datos del Instituto Argentina de Análisis Fiscal (Iaraf) registró en enero de 2024 el menor valor real de los últimos 31 años.

La celebración del ajuste para reducir el déficit, la contracción monetaria para frenar la inflación, el acuerdo con el FMI, y un mayor endeudamiento de largo plazo para saldar un problema de corto plazo como era la deuda con los importadores —partiendo incluso de una amañada descripción de los indicadores macroeconómicos del pasado reciente— son parte de ese “contrato electoral de esfuerzo y sacrificio” que dijo les planteó a los argentinos cuando fue electo. Sólo resta saber si ese contrato tiene fecha de vencimiento.