Tres marinos argentinos, un funcionario letrado del Ministerio de Defensa, un abogado porteño suizo-argentino, un ex servicio de inteligencia de Alemania y dos miembros del consorcio alemán Ferrostaal (su ex presidente a nivel mundial y un ex presidente en Argentina) fueron imputados por cohecho, tráfico de influencias y soborno trasnacional.
La medida fue tomada por el fiscal federal Eduardo Taiano tras una denuncia del Ministerio de Defensa presentada 24 horas después de que La Capital publicara el testimonio de un testigo de identidad reservada, detenido en Munich, sobre cómo fue la operación ilegal, finalmente frustrada en parte, para la construcción de buques patrulleros para la Armada.
La causa está bajo secreto de sumario por importantes medidas de prueba y allanamientos que se realizaron ayer (ver recuadro), ordenados por el juez federal Ariel Lijo, a cargo de la investigación, tras el dictamen del fiscal que encontró elementos suficientes para sospechar de los delitos denunciados.
Los ochos imputados son los mismos que mencionara este diario en varios informes periodísticos y en base al relato de un testigo alemán, cuya declaración completa obra en poder de La Capital. Son el vicealmirante (retirado) Gustavo Efraín Leprón; el contraalmirante (retirado) Alejandro Francisco Uberti y el contralmirante Juan Carlos Palma. También el abogado de la Armada Osvaldo Luis Parrinella (apodado como “Goldlocke” o “rizo dorado”); el ex presidente de Ferrostaal a nivel mundial, Matthias Mitscherlich; el ex asesor y presidente de la filial local, Gustravo Frers; el ex agente de inteligencia del Servicio Secreto Alemán Peter Fischer-Hollweg y un abogado con influencias en la Armada, Helmut Cristian Graf.

La maniobra. Según relató con datos muy precisos el testigo alemán arrepentido, que fue ejecutivo de Ferrostaal durante muchos años, todos los nombrados habrían tenido algún grado de participación en el pago y cobro de sobornos para que el consorcio alemán, asociado con el astillero también germano Fassmer, proveyera de varias unidades del Patrullero Oceánico Multipropósito (POM) a la Armada Argentina en el año 2006. En un primer momento el abogado Graf habría pedido un 10 por ciento de “comisión” sobre un contrato global de entre 230 y 250 millones de euros para viabilizar el negocio. Los alemanes desconfiaron porque el letrado, de nacionalidad suizo-argentina, no decía entre quiénes se repartirían el soborno y por eso lo apartaron de las negociaciones.
Finalmente, se concretó solamente la venta del diseño de los buques por un monto de 3,5 millones de euros y para conseguirlo los alemanes habrían pagado coimas de entre el 6, al 6, 5 por ciento, es decir unos 218.750 euros en promedio. Esa suma, declaró el testigo alemán, fue recibida en efectivo por el abogado de la Marina Osvaldo Parrinella (“Goldocke”) de manos de Gustavo Frers, asesor externo y ex presidente de Frerrostaal en la Argentina.
Tres causas penales. Llamativamente tres días antes de la publicación de La Capital sobre el escándalo de los sobornos, el Ministerio de Defensa presentó una denuncia penal por una contratación aparentemente irregular entre Ferrostaal y la Armada en 2004. En este caso, por presuntas irregularidades en la contratación de una planta propulsora para la Fragata Libertad. En esa presentación, el Ministerio imputó penalmente por defraudación y administración fraudulenta al vicealmirante retirado Gustavo Leprón, a los capitanes de navío Alberto Pérez y Eduardo Harris (retirado) y a los capitanes de fragata Gerardo Bellino y Mario Pontello (retirado), entre otros funcionarios de la Marina. La causa, número 7428/2010, la lleva adelante el juez Norberto Oyarbide.
Otra denuncia del Ministerio de Defensa por soborno trasnacional y otros delitos fue presentada 24 horas después de que este diario revelara los detalles de cómo argentinos y alemanes habrían participado en el pago y cobro de coimas. La causa, número 7544/2010, está en el juzgado del juez federal Ariel Lijo, quien también ha investigado en el pasado un caso similar que involucró a la empresa alemana Siemens.
Finalmente, la Oficina Anticorrupción, a cargo de Julio Vitobello, presentó también pocos días después de la publicación de este diario, una denuncia penal por cohecho contra funcionarios de la Armada y del Ministerio de Defensa y pidió vía exhorto diplomático a la Fiscalía de Munich tener acceso a la causa y a la declaración del testigo alemán arrepentido, cuyo testimonio ya fue publicado por este diario el 10 de junio pasado. La causa penal, número 7701/2010, recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, pero ya pasó al del juez Ariel Lijo, en cuyo Juzgado se unificaron dos de las tres denuncias sobre los sobornos en la Armada nacional.