Nuevo proceso a Reynaldo Bignone por sustracción de bebés

La Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex dictador Reynaldo Bignone por tres nuevos casos de sustracción y supresión de identidad de niños nacidos en el Hospital Militar de Campo de Mayo cuando sus madres se hallaban secuestradas, durante la última dictadura cívico militar.

En 2012 Bignone fue condenado a 15 años de prisión por otros hechos que tuvieron distintas víctimas y este fue uno de los argumentos de la Sala I de la Cámara para rechazar los planteos de las defensas del último presidente de facto y de otros procesados por el juez federal Sebastián Casanello.

El tribunal también confirmó el procesamiento por nuevos casos de sustracción y supresión de identidad de menores y privación ilegal de la libertad y tormentos a las madres de recién nacidos al ex comandante de Institutos Militares Santiago Omar Riveros.

Más imputados. La resolución también alcanzó al ex jefe del Servicio Clínica Médica del hospital de esa guarnición militar Raúl Eugenio Martín.

En ese hospital "eran alojadas mujeres embarazadas secuestradas a los fines de dar a luz y para el posterior secuestro de sus hijos", consignó la resolución firmada por los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero.

Las defensas dijeron que ya se habían dictado procesamientos en el marco del denominado "plan sistemático de robo de bebés" implementado durante el período comprendido entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, pero la Cámara recordó que en este caso se los responsabiliza por otros casos puntuales, con distintas víctimas.

"Todos los casos —acotó el tribunal— obedecían a una misma metodología en cuanto a cómo debía procederse ante las embarazadas detenidas, los nacimientos en cautiverio y los menores sustraídos, todo ello para asegurar que, finalmente, llegasen a mano de determinados matrimonios, quienes los inscribían como hijos propios".

Agregó que "en el intento desmedido de querer cortar todo rastro con la verdadera familia y callar todo reclamo no se reconocieron límites: asesinaban, salvo excepciones, a las madres, y ello ocurría al poco tiempo de dar a luz o de ser separadas de sus hijos" y que "los padres habían corrido la misma suerte tiempo antes".

La defensa de Riveros lamentó que se lo procesara por el hecho de comandar el Instituto Militares, pero Ballestero y Farah dijeron que existió "una metodología clandestina que consistía en la sustracción violenta de menores a los padres, su entrega a terceros y el ocultamiento de todo rastro del verdadero origen".

Para los camaristas "no sólo se trató de avalar lo que realizaban sus subordinados" sino de "órdenes precisas impartidas para que se procediera de un determinado modo y en busca de un resultado concreto y permanente pues el plan era que nunca se supiese el destino de esos niños".

Los nuevos casos por los que se confirmaron los procesamientos son por privaciones ilegales de la libertad agravadas y tormentos sufridos por Beatriz Recchia de García, Marcela Esther Molfino de Amarilla, María Teresa Trotta, Rosa Taranto de Altamiranda, Celina Amalia Caleano, Paula Elena Ogando, María Cristina Cournour de Grandi, Ana María Lancilotto de Mena, María Eva Duarte de Aranda, Mónica Susana Masri de Roggerone y Valeria Beláustegui Herrera.

También fueron analizados por la Justicia los siguientes casos de sustracción de menores nacidos en cautiverio: la hija de Recchia de García y Antonio Domingo García, quien el 13 de febrero de 2009 recuperó su identidad; el hijo de Molfino de Amarilla y Guillermo Amarilla, quien recuperó su identidad el 15 de diciembre de 2009; la hija de Trota y Roberto Castelli, quien recuperó su identidad el 25 de julio de 2008; la hija de Taranto y Horacio Antonio Altamiranda, quien recuperó su identidad el 29 de junio de 2007.

También los bebés de Carnour de Grandi y Nicolás Grandi, de Masri de Roggerone y Carlos María Roggerone y de Beláustegui Herrera y Ricardo Waimberg, que al igual que sus padres continúan desaparecidos. Y los casos de los bebés de Lancilotto de Mena y Domingo Mena y de Duarte de Aranda y Samuel Manuel Aranda, cuyos destinos finales son desconocidos.

En 2012 la Justicia reconoció la existencia de un plan sistemático de robo de bebés al condenar a 50 años de reclusión al ex dictador Jorge Videla, y aplicar severas penas de hasta 40 años a otros ex represores.