Buenos Aires .-El represor Jorge “el Tigre” Acosta, entre otros,
deberá afrontar otro juicio oral por su actuación en la Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA) durante la última dictadura militar, debido al desapoderamiento de bienes de
prisioneros ilegalmente alojados en ese centro clandestino.
El juez federal Sergio Torres dispuso esta medida al declarar clausurada la instrucción
por los hechos que tuvieron como damnificados Jorge Carlos Muneta, Hugo Abraham Tarnopolsky
y Mercedes Inés Carazo, a quienes despojaron de un departamento ubicado a una cuadra
del Departamento Central de Policía, en esta Capital, un automóvil y hasta una biblioteca.
Fuentes allegadas a la investigación confirmaron a Télam que el magistrado imputa a
Acosta y a los procesados represores Carlos José Pazo y Jorge Carlos Rádice haberse apoderado
ilegalmente de un departamento ubicado en el piso 12, del edificio de la Avenida
Belgrano 1651/57; de propiedad de Muneta.
El magistrado -quien durante la “feria” estival permanece “de
turno” en los tribunales de Comodoro Py 2002- también responsabiliza al grupo por el
robo de un Chevrolet, modelo Special, de Tarnopolsky; y la biblioteca que tenía Carazo en
su casa, la que luego fue instalada en las oficinas de Acosta.
En su resolución, Torres recordó que Muneta fue privado ilegítimamente de su libertad
el 12 de enero de 1977 y conducido a la ESMA donde fue obligado a firmar documentos y poderes
que luego fueron utilizados por Radice (con la falsa identidad de Juan Héctor Ríos)
para lograr la “venta” del departamento de la calle Belgrano, la que se realizó
el 4 de julio de ese mismo año.
“Todas esas actuaciones resultarían falsas en su contenido y en el nombre de los
participantes”, explicó el magistrado quien también detalló que a Tarnopolsky le
robaron al auto el 16 de julio de 1976 cuando los represores ingresaron a su domicilio
de Peña al 2600 “mediante el uso de un artefacto explosivo” para detener a
sus moradores.
De acuerdo a las constancias del expediente los procesados obligaron a Muneta a otorgar
un poder a favor de Ríos (Rádice) que luego tuvo una “sustitución” a favor de
Pascual Gómez (identidad falsa de Hugo Daniel Berrone) efectuada el 9 de junio de 1977
ante el fallecido escribano Ariel Sosa Moliné.
Acosta deberá responder, además, por el “desapoderamiento ilegítimo de la
biblioteca” que Carazo tenía en su casa ubicada en avenida Jujuy y Belgrano, el 21 de
octubre de 1976; “la que posteriormente fue instalada en la oficina” del
represor.
A Pazo, en tanto, el magistrado le imputó “haber formado parte de una
organización que actuaba de manera sistemática, coordinada y permanente, destinada a cometer
diversos delitos”, durante el período en que se desempeñaba como Jefe del Departamento
de Logística“ del Grupo de tareas 3.3.2 integrando ”el grupo que disponía
de los bienes que eran apropiados“ a los prisioneros.
Por el desapoderamiento ilegítimo de bienes de los cautivos, en el mes de noviembre
último, el juez procesó a la ex jueza en lo contencioso administrativo federal Emilia Marta
García, quien trabajaba en la escribanía Sosa Moliné que llevaba la “estructura
financiera” del proyecto del dictador Eduardo Emilio Massera.
García -quien renunció luego que la Comisión de Acusación del Consejo de la
Magistratura aconsejara su destitución- fue responsabilizada por su participación en
maniobras de desapoderamiento de bienes de Victorio Cerutti, Conrado Gómez y Horacio
Palma, entre otros.
Esta investigación es un desprendimiento de la “megacausa ESMA” que lleva
adelante Torres, con la intervención del secretario Diego Slupski y el fiscal Eduardo Taiano,
tras la derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto
final.
Según constancias del expediente, la ex jueza habría sido, en la década del '70,
empleada de la escribanía y síndica de la empresa “Will-Ri” que conformaban,
entre otros, los represores Acosta, Radice y Francis William Wahmond.
El nombre de la empresa (“Will-Ri”) se conforma con la primera sílaba de
los nombres “de cobertura” con que actuaban Radice (Ríos) y Wahmond (que actuaba
con la falsa identidad de Federico Williams).
Aquella investigación permitió establecer que, en 1977, distintos grupos de tareas de
la ESMA realizaron allanamientos casi simultáneos en la provincia de Buenos Aires, Mendoza y
en la ciudad de Buenos Aires, donde secuestraron a Cerutti -de 80 años- y a su yerno,
Omar Pincolini, al contador Palma y al abogado Gómez.
Según esa pesquisa, el grupo que asaltó la casa de Gómez se llevó de la caja fuerte
varios fajos de dinero, un teléfono, ropa, una máquina de escribir y los títulos de propiedad
Cerro Largo, una sociedad vitivinícola formada entre las víctimas y de la que el
letrado administraba unas veinticinco hectáreas en Chacras de Coria, una exclusiva zona
residencial de Mendoza. (Télam).