Política

Nuevo juicio oral para el represor "Tigre" Acosta

El represor Jorge “el Tigre”  Acosta, entre otros, deberá afrontar otro juicio oral por su  actuación en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la  última dictadura militar, debido al desapoderamiento de bienes de  prisioneros ilegalmente alojados...

Viernes 04 de Enero de 2008

Buenos Aires .-El represor Jorge “el Tigre”  Acosta, entre otros, deberá afrontar otro juicio oral por su  actuación en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la  última dictadura militar, debido al desapoderamiento de bienes de  prisioneros ilegalmente alojados en ese centro clandestino.
El juez federal Sergio Torres dispuso esta medida al declarar  clausurada la instrucción por los hechos que tuvieron como  damnificados Jorge Carlos Muneta, Hugo Abraham Tarnopolsky y  Mercedes Inés Carazo, a quienes despojaron de un departamento  ubicado a una cuadra del Departamento Central de Policía, en esta  Capital, un automóvil y hasta una biblioteca.
Fuentes allegadas a la investigación confirmaron a Télam que  el magistrado imputa a Acosta y a los procesados represores Carlos  José Pazo y Jorge Carlos Rádice haberse apoderado ilegalmente de  un departamento ubicado en el piso 12, del edificio de la Avenida  Belgrano 1651/57; de propiedad de Muneta.
El magistrado -quien durante la “feria” estival permanece “de  turno” en los tribunales de Comodoro Py 2002- también  responsabiliza al grupo por el robo de un Chevrolet, modelo  Special, de Tarnopolsky; y la biblioteca que tenía Carazo en su  casa, la que luego fue instalada en las oficinas de Acosta.
En su resolución, Torres recordó que Muneta fue privado  ilegítimamente de su libertad el 12 de enero de 1977 y conducido a  la ESMA donde fue obligado a firmar documentos y poderes que luego  fueron utilizados por Radice (con la falsa identidad de Juan  Héctor Ríos) para lograr la “venta” del departamento de la calle  Belgrano, la que se realizó el 4 de julio de ese mismo año.
“Todas esas actuaciones resultarían falsas en su contenido y  en el nombre de los participantes”, explicó el magistrado quien  también detalló que a Tarnopolsky le robaron al auto el 16 de  julio de 1976 cuando los represores ingresaron a su domicilio de  Peña al 2600 “mediante el uso de un artefacto explosivo” para  detener a sus moradores.
De acuerdo a las constancias del expediente los procesados  obligaron a Muneta a otorgar un poder a favor de Ríos (Rádice) que  luego tuvo una “sustitución” a favor de Pascual Gómez (identidad  falsa de Hugo Daniel Berrone) efectuada el 9 de junio de 1977 ante  el fallecido escribano Ariel Sosa Moliné.
Acosta deberá responder, además, por el “desapoderamiento  ilegítimo de la biblioteca” que Carazo tenía en su casa ubicada en  avenida Jujuy y Belgrano, el 21 de octubre de 1976; “la que  posteriormente fue instalada en la oficina” del represor.
A Pazo, en tanto, el magistrado le imputó “haber formado parte  de una organización que actuaba de manera sistemática, coordinada  y permanente, destinada a cometer diversos delitos”, durante el  período en que se desempeñaba como Jefe del Departamento de  Logística“ del Grupo de tareas 3.3.2 integrando ”el grupo que  disponía de los bienes que eran apropiados“ a los prisioneros.
Por el desapoderamiento ilegítimo de bienes de los cautivos,  en el mes de noviembre último, el juez procesó a la ex jueza en lo  contencioso administrativo federal Emilia Marta García, quien  trabajaba en la escribanía Sosa Moliné que llevaba la “estructura  financiera” del proyecto del dictador Eduardo Emilio Massera.
García -quien renunció luego que la Comisión de Acusación del  Consejo de la Magistratura aconsejara su destitución- fue  responsabilizada por su participación en maniobras de  desapoderamiento de bienes de Victorio Cerutti, Conrado Gómez y  Horacio Palma, entre otros.
Esta investigación es un desprendimiento de la “megacausa  ESMA” que lleva adelante Torres, con la intervención del  secretario Diego Slupski y el fiscal Eduardo Taiano, tras la  derogación y declaración de nulidad de las leyes de obediencia  debida y punto final.
Según constancias del expediente, la ex jueza habría sido, en  la década del '70, empleada de la escribanía y síndica de la  empresa “Will-Ri” que conformaban, entre otros, los represores  Acosta, Radice y Francis William Wahmond.
El nombre de la empresa (“Will-Ri”) se conforma con la primera  sílaba de los nombres “de cobertura” con que actuaban Radice  (Ríos) y Wahmond (que actuaba con la falsa identidad de Federico  Williams).
Aquella investigación permitió establecer que, en 1977,  distintos grupos de tareas de la ESMA realizaron allanamientos  casi simultáneos en la provincia de Buenos Aires, Mendoza y en la  ciudad de Buenos Aires, donde secuestraron a Cerutti -de 80 años-  y a su yerno, Omar Pincolini, al contador Palma y al abogado  Gómez.
Según esa pesquisa, el grupo que asaltó la casa de Gómez se  llevó de la caja fuerte varios fajos de dinero, un teléfono, ropa,  una máquina de escribir y los títulos de propiedad Cerro Largo,  una sociedad vitivinícola formada entre las víctimas y de la que  el letrado administraba unas veinticinco hectáreas en Chacras de  Coria, una exclusiva zona residencial de Mendoza. (Télam).

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