Integrantes de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura provincial presentaron este miércoles un recurso legal ante la Cámara Laboral de Rosario para insistir en la arremetida contra el exministro de Seguridad de Santa Fe Marcelo Sain, quien volvió a estar al frente del Organismo de Investigaciones (OI), puesto al que había accedido por concurso previo al Ministerio de Seguridad.

El presidente de esa comisión, el radical Fabián Bastía contraatacó en la Justicia luego de que este martes la magistrada Calace Vigo denegara el planteo de apelación y nulidad interpuesto al amparo otorgado el 30 de junio pasado por la misma jueza Laboral al titular del OI, que de ese modo buscó detener el sumario administrativo en su contra por presuntas faltas graves.

La defensa de Sain

Sain considera que se lo quiere juzgar como miembro del MPA por su actuación en otro poder, cuando ejerció como ministro de Seguridad provincial, cargo al que renunció el pasado 20 de marzo a partir de la presión política ejercida en su contra.

Para la magistrada, Bastía no posee “legitimación procesal”, en su doble condición de diputado y presidente de la bicameral de Acuerdos, para participar del proceso judicial, al tiempo que entendió que sólo el Fiscal de Estado, Rubén Weder, está en condiciones de ejercer la defensa de la provincia.

No obstante, el titular de la comisión presentará un recurso de queja para que un camarista del fuero Laboral resuelva la cuestión. Y luego ingresará a la Corte Suprema un planteo de conflicto de poderes.

Weder, el apuntado

El legislador sigue apuntando a Weder ya que, a su entender, el haber compartido el gabinete provincial con Sain obligaba a una toma de distancia del incidente. Pero también advierte que contradice sus posiciones en otros caso similares (como la investigación al fiscal rosarino Adrián Spelta).

A su vez, legisladores de la oposición continúan analizando el desempeño reciente de Weder para una inminente solicitud de juicio político.

La apelación le había sido encomendada a Bastía durante la sesión conjunta del jueves, en la que por mayoría senadores y diputados también resolvieron dejar en pausa el pedido de suspensión —con quita de la mitad de sus haberes— de Sain hasta tener “certezas judiciales”, en el marco de un expediente abierto por presuntas faltas graves.