Política

"No somos destituyentes sino paladines de la observancia constitucional"

El constitucionalista Eduardo Barcesat viene de denunciar penalmente al presidente Mauricio Macri.

Domingo 18 de Febrero de 2018

El constitucionalista Eduardo Barcesat viene de denunciar penalmente al presidente Mauricio Macri y otros integrantes de su gabinete por el reciente megadecreto de necesidad y urgencia que desburocratiza el Estado y fundamenta a La Capital: "Desde 1994, nuestra Carta Magna sostiene que el pueblo tiene el derecho de resistencia a actos de violencia institucional, de modo que no somos destituyentes sino paladines de la observancia constitucional".

De paso por Rosario, donde brindó una charla denominada "El derrumbe institucional" en la Casa de la Corriente, el letrado —de sintonía fina con el kirchnerismo— no ahorra críticas a la administración de Cambiemos y alienta mecanismos de movilización que considera necesarios para llegar al enjuiciamiento político del primer mandatario.

—¿Los argentinos están asistiendo a un derrumbe institucional?

—El factor más gravoso es el tema de la apropiación de potestades o la intrusión en áreas que les corresponden a otros poderes del gobierno federal. Por ejemplo, el Legislativo, que es el primero que regula la Constitución. Entonces, aparece un Ejecutivo que, desde el principio, se rige por decretos simples y de necesidad de urgencia (DNU). Paradójicamente, para los temas mas difíciles utiliza muchas veces el decreto simple porque, como aborda las materias taxativamente prohibidas por los de necesidad y urgencia, de ese modo evita el control parlamentario y, llegado el caso, el judicial. Eso ocurrió con el decreto de emergencia de seguridad interior. Pero luego vino el DNU que aborda la llamada desburocratización, que deroga y modifica leyes siguiendo la premisa de achicar el Estado para agrandar los negocios de los privados. Al mismo tiempo, en la parte formal nos encontramos con la descalificación del tema, porque nuestra Carta Magna sostiene que en ningún caso, y bajo pena de nulidad absoluta, podrá emitir disposiciones legislativas.

—Otro punto cuestionado por la oposición fue la decisión de esquivar el debate parlamentario...

—En la sesión de la comisión bicameral permanente, a modo de aligerar culpas o responsabilidades institucionales, dijeron que iban a mandar tres proyectos de ley para hacerlo todavía más gravoso al caso. Si cuando ese decreto fue pergeñado estaban en sesiones extraordinarias, ¿qué costaba plantearlo en esa etapa legislativa? El sistema de pesos y contrapesos es el mecanismo de la democracia y, si eso se suprime, quebrantamos el Estado de Derecho. Todo se complica con la posición del gobierno frente al Poder Judicial, cuando el presidente dijo sin tapujos: "Necesitamos magistrados que nos representen". En realidad, que lo representen a él. De hecho, apelaron al Consejo de la Magistratura como un instrumento de sometimiento y tortura ideológica a jueces independientes. Pero debemos recordar que, desde 1994, nuestra Carta Magna sostiene que el pueblo tiene el derecho de resistencia a actos de violencia institucional, de modo que no somos destituyentes sino paladines de la observancia constitucional y los tratados internacionales de derechos humanos.

—Con todas esas objeciones sobre la mesa, los argentinos igualmente respaldaron en las urnas el modelo vigente.

—La sociedad argentina está sufriendo un embate económico, pero tampoco lo peor del mismo. Porque, como se trata de la deuda externa y la fuga de capitales y eso va más a largo plazo, sí generan preocupación los tarifazos, el ajuste, la inflación o la desocupación. Es lógico que el pueblo viva eso con mayor intensidad, pero hay que hacer un esfuerzo para decir que el quiebre del plan económico viene de la mano de la pérdida de institucionalidad y se compensa con mayor fuerza represiva. Porque se ha militarizado la sociedad y existen ejemplos sobre cómo están actuando, con pérdidas de vidas y lesiones a la integridad física o afectación psicológica de las personas. Además, el Congreso primero tuvo un vallado externo y ahora lo tiene adentro, a través de las actitudes del Ejecutivo.

—¿Cómo evalúa la nueva denuncia por dinero en el exterior que afecta al subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan?

—Las responsabilidades y cuantías mayores están en otro lado. La Argentina tiene 420.000 millones de dólares en paraísos o guaridas fiscales. Somos octavos en el mundo en materia de fuga de capitales y terceros en proporción a la población. Frente a eso, ¿qué hizo el Ejecutivo? Sacó una ley para que declaren el dinero que está afuera y tributen algo, pero no llegaron los capitales. El mecanismo sigue intocable. El leitmotiv del último blanqueo fue despenalizar la conducta de los involucrados, que en buena medida abarcan al propio entorno familiar y al presidente, además del protoplasma empresario que colabora con el gobierno.

—Días atrás el juez de la Cidh Eugenio Zaffaroni reiteró su deseo de que Macri se vaya antes del poder para evitar otra crisis como la de 2001. ¿Coincide con ese diagnóstico?

—El diagnóstico es exactamente el mismo, aunque él pone más énfasis en lo económico que en lo institucional. La diferencia es que todo aquello que denosté siempre lo llevé a sede judicial u otros Estados, como los pedidos de juicio político, para preservar un principio: primero hay que poner los huevos y después cacarear.

—La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento del policía porteño Luis Chocobar. ¿La Casa Rosada quedó en posición adelantada frente a este caso?

—Efectivamente, existe apología del crimen e instigación a cometerlo. Porque felicitar a alguien por haber privado de la vida a otro, más allá de que esa persona sea un delincuente, significa un quiebre del principio de legalidad: detener, juzgar y condenar.

—¿La Justicia deberá hacer una autocrítica alguna vez?

—Ignoro si alguna vez trazará una autocrítica, porque hay que recordar que es el único poder aristocrático, vitalicio y contramayoritario que tiene nuestro régimen de gobierno y no satisface sus dos primeros recaudos: no es representativo ni republicano, sí federal. Cuando busquemos una nueva Constitución que consolide un proyecto democrático inclusivo y de igualdad social, deberemos avanzar en una reforma de la Justicia y su órgano político, el Consejo de la Magistratura, para que sea electo por el voto popular.

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