La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó este jueves que se tome juramento a los cuatro diputados nacionales designados para representar a la Cámara baja en el Consejo de la Magistratura, al considerar correcta su designación inicial y señalar que tiene “el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización” del organismo.
Los diputados a los que se ordenó tomar juramento son Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, del Frente de Todos (FdT), Alvaro González (PRO) y Roxana Reyes (UCR).
La Corte consideró válida la resolución parlamentaria que designó a esos legisladores propuestos por los respectivos bloques y elevados oportunamente al Consejo para que les tomara juramento el presidente del organismo, Horacio Rosatti, también titular del máximo tribunal de Justicia.
En una acordada, la Corte dispuso que “el presidente del tribunal reciba de los consejeros y consejeras Siley, Tailhade, González y Reyes el juramento de ley para su incorporación al Consejo en representación de la Cámara de Diputados”, se indicó en el texto difundido en el Palacio de Justicia.
“El acto tuvo como antecedente la resolución (parlamentaria) de la Presidencia de esa Cámara, mediante la cual se designó a los mencionados diputados y diputadas como miembros titulares del órgano”, añadió.
También recordó que el 30 de noviembre pasado el secretario parlamentario remitió a Rosatti copia de la resolución de la Presidencia de la Cámara baja que dejaba sin efecto la resolución anterior, tras conocerse un fallo del juez Diego Cormick que había anulado la designación de Reyes como consejera dispuesta en abril de 2022, y ahora postulada para la reelección en la Magistratura.
Cronología
La suspensión de la lista, dispuesta por la titular de Diputados, Cecilia Moreau, sobrevino a una apelación a la medida de Cormick, lo que generó el rechazo de la oposición y, además, derivó en varios incidentes que hicieron frustrar una sesión el 1º de diciembre.
“Ante todo, el tribunal tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura y, en ese sentido, debe propender a la integración y funcionamiento del órgano de conformidad con la Constitución Nacional en el menor tiempo posible y garantizando la seguridad jurídica”, sostuvo la Corte.
“Asimismo, los distintos estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura tienen el deber constitucional y legal de designar a sus respectivos representantes, y la demora o el incumplimiento de ese deber no pueden retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de ese órgano constitucional”, añadió.
En ese sentido, recordó que la ley Nº 24.937 del Consejo de la Magistratura prevé que en ese cuerpo haya ocho legisladores: cuatro senadores y cuatro diputados nacionales.
“Como surge del texto de la norma, la competencia de los presidentes de ambas cámaras del Congreso para designar a sus representantes ante el Consejo solo puede ser ejercida previa propuesta de los respectivos bloques parlamentarios. De ahí que los presidentes de ambas Cámaras únicamente pueden modificar o revocar esa designaciones siguiendo el mismo procedimiento previo”, aclaró, al objetar la medida dispuesta por Moreau.