La diputada provincial del Partido Justicialista Lucila De Ponti presentó un proyecto de ley que busca dar respuesta al sobreendeudamiento de las familias santafesinas, a partir de la creación de un sistema de refinanciación de deudas y de una serie de regulaciones sobre las prácticas del crédito digital.

Según explicó la legisladora, el objetivo es "sacar a las familias de la timba del crédito digital y devolverles capacidad de pago real".

La iniciativa propone extender a todos los santafesinos un sistema de asistencia financiera para refinanciar deudas, con una tasa fija máxima del 35% TNA, plazos mínimos de 24 meses e incentivos fiscales para las entidades financieras que se adhieran. El proyecto prevé además que las condiciones de refinanciamiento se elaboren de acuerdo a los ingresos familiares.

"Hay una clase media que se cae y nadie está ahí para tenderle una mano", señaló De Ponti, y agregó que "la gente se endeuda porque al día 20 ya no hay más sueldo, por lo que decir que es un mero acuerdo entre privados, como dijo Milei, está mal no sólo desde un punto de vista de la empatía, sino también de diagnóstico". Según datos citados por la diputada, el 40% de las personas en mora sacó créditos de menos de $370.000, "dinero destinado a tapar baches de gastos corrientes".

El proyecto también regula las prácticas del crédito digital. Por un lado, obliga a bancos y fintechs a informar el Costo Financiero Total (CFT) y su composición, prohíbe las casillas pre-tildadas y las renovaciones tácitas de crédito, y habilita la revocación automática del débito. Por otro lado, prohíbe las prácticas hostigantes de cobranza —como llamados en horarios de descanso, amenazas falsas de embargo o contacto con familiares— y obliga a pausar los reclamos cuando el deudor desconoce la deuda reclamada.

Otro de los puntos del proyecto establece el derecho de los usuarios a saber si una denegación o condición crediticia fue decidida por un algoritmo o inteligencia artificial, y habilita en esos casos la revisión humana y auditorías estatales para detectar posibles discriminaciones.

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Para De Ponti, el planteo del gobierno nacional sobre el endeudamiento de las familias "miente al decir que la economía anda bien, y miente cuando dice que el problema es que hay gente que gasta de más". "El problema es su modelo económico, que está destruyendo el poder adquisitivo mientras barre con la producción y el trabajo argentinos", apuntó.

La legisladora sostuvo que "se puede legislar a favor de la gente" y que "el Estado sirve justamente para ponerle un freno al vale todo".