Al convertir en ley el Presupuesto del año 2013 la Legislatura habilitó un instrumento especial para los 19 senadores de la provincia. Por el denominado Plan de Fortalecimiento institucional cada uno de los representantes de la Cámara alta pasó a manejar un monto de subsidios para colaborar con instituciones de bien público.

La iniciativa generó una polémica que llega hasta nuestros días. Incluyó una denuncia penal por la discrecionalidad con la que se manejaban las partidas y la opacidad de la rendición de cuentas. Varias circunstancias ahondaron las suspicacias y las controversias. Por ejemplo cuando se comprobó que las asignaciones de dinero aumentan en los meses electorales. O que muchas veces las fundaciones que recibían dinero tenían domicilios de allegados o de los propios legisladores o las controlaban personas de su cercanía familiar o afectiva.

En 2018 en la Fiscalía Regional Rosario se archivó una denuncia penal del ex concejal Jorge Boasso sobre la arbitrariedad en la gestión de esos fondos. Los fiscales David Carizza y Natalia Benvenutto no encontraron evidencia de acción dolosa en ello pero sentaron su "discrepancia ético-moral" en la administración de los fondos que constaban en la presentación y dejaron en claro que los datos consignados eran reales.

Las pujas históricas se reeditaron hace dos semanas cuando en una reunión con los referentes de todos los nucleamientos de Unidos para Cambiar Santa Fe, luego de la victoria en las primarias, el ex gobernador Antonio Bonfatti se refirió al tema. “Yo goberné con la Legislatura en contra y extorsionado por el Senado”, dijo.

Ningún secreto es que precisamente los polémicos subsidios fueron un intento de llave para la gobernabilidad que Bonfatti encontró para una Legislatura fuertemente adversa. Al asumir en la Casa Gris en 2011 el socialismo, su partido, tenía 4 diputados sobre los 18 del Frente Progresista, en tanto que la oposición dominaba con los 32 restantes. En el Senado el PJ tenía 11 bancas y el oficialismo 8. En ese escenario de fragilidad legislativa aparecieron los subsidios. Que se mantuvieron en las gestiones de Miguel Lisfchitz y de Omar Perotti. Que tuvieron sus recordados tironeos con el Senado.

El primer turno de las urnas dejó insinuada una reconfiguración de las relaciones de fuerzas en el Senado. Ocurre que en siete departamentos los actuales senadores del PJ no tienen asegurada su reelección. Eso podría alterar la hegemonía histórica justicialista en esa cámara. Actualmente el Senado está integrado por doce peronistas y siete radicales. Estos últimos aparecen, tras las primarias, con buenas chances de permanecer en sus escaños.

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La pregunta que surge es si en un contexto políticamente transformado qué podría pasar con los polémicos subsidios. ¿Deben permanecer? ¿Habría que cambiarlos? ¿O directamente derogarlos? Los cuatro candidatos a quedarse con la banca de senador por Rosario, que hoy detenta Miguel Rabbia (PJ) dieron su punto de vista.

En principio todos cuestionan la discrecionalidad de la forma actual de las asignaciones. Pero mientras dos de las postulantes plantean su eliminación lisa y llana los dos candidatos que obtuvieron más adhesiones piden fuertes modificaciones y distinciones según la población y dimensión de cada departamento.

Lisandro Cavatorta (Juntos Avancemos-PJ)

Personalmente estoy de acuerdo con que el senador cuente con la posibilidad de otorgar subsidios. Totalmente, y mientras más mejor, porque voy a poder hacer más. Más tecnología para prevenir delitos desde lo local, más vestuarios para clubes, más aulas para talleres escolares, más equipamiento para la salud, más ambulancias, más cultura, más turismo. De todos modos, creo que el problema no es “subsidio sí” o “subsidio no”.

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La cuestión es, en primer lugar, que lleguen al departamento, tenga el intendente que tenga, para resolver los problemas concretos de la gente. Ahora bien, no puede recibir el mismo subsidio un departamento de un millón y medio de habitantes que uno que no llega a los 50 mil. Eso no es bueno para la democracia ni para la calidad institucional de la provincia. Insisto, no se trata de repartir plata sino de resolver los problemas de la gente.

En segundo lugar, tenemos que exigir que haya un control más estricto de a quién, cómo y para qué se dan esos subsidios. Los subsidios no pueden ser usados para fidelizar electores, comprar favores o favorecer amigos. No da todo lo mismo.

Y en tercer lugar, los subsidios tienen que servir para hacer mejor el trabajo del senador. Que se pueda usar ese dinero para hacer las reformas que queremos, hacer de las leyes que precisamos, las mejores leyes que podamos. Esos subsidios tienen que servir para dar discusiones que colectivamente no hemos dado seriamente en los últimos años, al menos no en la Legislatura, sobre los privilegios de los senadores -por ejemplo los fueros-. Sobre la policía que tenemos y la policía que queremos, sobre el MPA y sus recursos o para discutir seriamente, sin hacer demagogia punitiva, qué hacemos con el narcomenudeo –que en nuestro caso estamos en contra: provincializar el narcomenudeo no resuelve el problema de la violencia que tenemos en Rosario, solo va a servir para meter perejiles presos.

Como periodista, siempre critiqué a los políticos que decían “lo que la gente quería escuchar”. Yo trato de no hacer lo mismo. Puedo ganar votos o perderlos, pero siempre digo lo que pienso y lo que creo. Debemos ser responsables, trabajar mucho y ser coherentes con lo que sentimos, pensamos y creemos que es lo correcto. No nos ha ido muy bien con políticos que dicen lo que la gente quiere escuchar en las campañas y después fracasan cuando tienen que gestionar.

Antonella Oliveto (Coalición Cívica – ARI)

Considero fervientemente que ese subsidio extraordinario que percibe cada senador debe dejarse sin efecto. Es mas de lo que el presupuesto destina a la estructura del Ministerio Publico de la Acusación, en un departamento trazado por el narcotráfico y la narcocriminalidad como lo es Rosario.

Asimismo, hay que destacar que a esos fondos los senadores los reparten indiscriminadamente, es decir, no rinden cuentas de ellos, ni justifican donde o a quienes se los asignan. Claramente es una herramienta para garantizar la reiterada gobernabilidad y perpetuarse en el poder ilegítimamente.

Actualmente hay senadores provinciales que van por su tercer o cuarto mandato consecutivo. Se han convertido en verdaderos señores feudales con fueros e inmunidad de arresto e investigación, que desangran al Estado ya que lo único que saben es vivir a costa y en detrimento de este. Dicho esto, queda clara mi posición de eliminar en su totalidad este subsidio como regla, y redistribuirlo automáticamente con carácter de urgencia en materias como educación, salud y seguridad.

La función de los senadores es la de legislar, es decir, cumplir con su función exclusiva en virtud de haber ganado su banca democráticamente. Eso se traduce en representar a la sociedad en las labores que le fueron asignadas, rindiendo cuentas de su labor parlamentaria a quienes le han confiado su voto.

Por ultimo debo destacar, que lo que yo postulo es impulsar consensos para el cierre del Senado, es decir, convertir la Legislatura en unicameral. Funciona hace muchos años en varias provincias de nuestro país, mucho mas adelantadas a nivel parlamentario. En este sentido, habría solo una cámara legislativa, en pos de facilitar y agilizar notablemente la sanción de leyes, achicar el numero de legisladores y por ende reducir el gasto publico eliminando, entre otros, este tipo de subsidios desmedidos que abren las puertas de la corrupción.

Ciro Seisas (Unidos para Cambiar Santa Fe)

No creo que el dilema deba plantearse entre subsidios sí o no. Estoy a favor de la existencia de subsidios como herramienta para equilibrar desigualdades y para promover el desarrollo económico y social. Los subsidios sirven para asistir a quienes lo necesitan y son también incentivo para aquellos que tienen proyectos o emprendimientos que precisan de apoyo del Estado. El Senado del que espero formar parte a partir del 10 de diciembre es parte del Estado santafesino y una parte muy importante: la que garantiza el federalismo al interior de la provincia. Siempre reclamamos federalismo y criticamos el centralismo porteño, lo hacemos cuando reclamamos la deuda de Nación con Santa Fe, lo hacemos cuando exponemos las desigualdades en los subsidios al transporte entre Buenos Aires y el interior. Si defendemos el federalismo a nivel nacional, también debemos practicarlo a nivel provincial.

Los subsidios deben atender a las desigualdades entre norte y sur, deben servir para dar respuesta a problemas como sequías o inundaciones en el agro, para promover capacitaciones y actividades deportivas, garantizar acceso a servicios, o responder a situaciones excepcionales como la pandemia, donde el Estado no puede estar ausente. También considero que deberían rediseñarse y ser más equitativos en relación a la población de cada departamento. El reparto igualitario lo que hace es favorecer la perpetuidad de señores feudales en departamentos pequeños, porque cuentan con una caja per cápita que es desmesuradamente superior a la que poseen departamentos como Rosario o La Capital.

El problema de los subsidios que reciben los senadores no es el monto, que podría sí, repensarse. El problema de este fondo extraordinario es la discrecionalidad de su reparto, y a eso sí me opongo. Creo que hay que revisar las condiciones o fundamentos por los que se asignan los subsidios y, sobre todo, como he venido proponiendo durante la campaña, creo que debemos avanzar hacia un Senado más transparente. Los subsidios deben asignarse bajo condiciones institucionales de transparencia y acceso a la información pública. La ausencia de estos mecanismos son los que dan lugar a oportunidades y situaciones de corrupción y clientelismo.

Mi propuesta es avanzar hacia un sistema de “Senado Abierto”, en sintonía con las premisas del “Gobierno Abierto” que apunta a formas de gobernanza y administración pública más transparentes, colaborativas, éticas y con una rendición de cuentas más clara. En el sistema de subsidios importan, desde ya, los beneficiarios, pero también importan los contribuyentes: la ciudadanía tiene derecho a saber a dónde van los fondos y el Senado debe poder detallar y fundamentar qué instituciones o individuos los reciben. Basta de cajas negras; el acceso a la información pública es clave en materia de subsidios. Los subsidios deben ser identificables, auditables y trazables, se debe saber de quién, para quiénes y con qué fin se utilizarán. Debemos habilitar el control social y el acceso público a través de internet de las políticas de subsidios, tanto a las y los ciudadanos como a los medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y/o universidades o centros de estudios que quieran monitorear y analizar esos datos. La información clara y transparente es esencial para la toma de decisiones, incluso, para evitar la duplicación de subsidios entre diferentes niveles y poderes del Estado o distintos ministerios o secretarías.

Gabriela Meglio (Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad)

Propondría derogar el llamado "Plan de Fortalecimiento Institucional", que es un sistema de coimas "a cielo abierto" pactado desde el 2013 entre el gobierno provincial y el Senado, una cueva de ladrones y corruptos.

Desde que Bonfatti pactó con el PJ este otorgamiento de subsidios, quedó claro que no tiene nada que ver con el financiamiento de clubes y demás instituciones benéficas. Es un mecanismo para aceitar los acuerdos espurios entre el gobierno de turno y los senadores, cuyos fines están ocultos ante la ciudadanía y puede terminar en el financiamiento de la narco policía, que cuida a políticos acusados de corrupción, como sucedió con el caso de Armando Traferri en San Lorenzo.

Por otro lado, son fondos que los senadores utilizan para condicionar la vida de la gente, otorgando arbitrariamente dinero para garantizar su dominio territorial por la vía de dar prebendas a los punteros políticos que les responden y así seguir siendo los señores feudales de sus territorios. El dinero para financiar los clubes de barrios, las asociaciones civiles que acompañan a las víctimas de violencia de género, las bibliotecas populares y comedores, entre otras importantes instancias de organización popular, tienen que tener una partida presupuestaria propia dentro del presupuesto provincial, actualizada mes a mes por inflación y transferirse de manera directa a las cuentas bancarias de esas instituciones sin intermediarios. A su vez, debe ser obligatoria una rendición de cuentas sistemática al interior de cada una de esas organizaciones, para que exista un control vecinal y obrero, en base a una Asamblea que fije el destino de esos fondos y tenga poder directo de revocatoria sobre sus autoridades, en caso de que el dinero no sea destinado a los fines correspondientes resueltos por la mayoría.

Por último, planteamos que los senadores y diputados rebajen su dieta, para llevarla al costo de la canasta familiar. Basta de políticos capitalistas y trabajadores pobres.