Tras las discusiones y la represión que ocurrió el sábado en Juncal y Uruguay, la esquina de la casa donde vive Cristina Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, el Ministerio Público Fiscal convocó a Nación y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para generar pautas de convivencia al respecto de las manifestaciones en apoyo a la vicepresidenta. La negociación derivó en que no habrá más acampes, ni cortes de calle como tampoco batucadas y fuegos artificiales en las inmediaciones de la residencia de la expresidenta.

Según se informó, se definieron criterios claros que van a impedir que se afecte el normal desarrollo de la vida de los vecinos de la zona. "No se van a realizar acampes, ni ferias, ni podrá haber fuegos artificiales o parrillas. Tampoco batucadas ni, especialmente, cortes de calle", reza la presentación ante el Ministerio Público Fiscal que lleva las firmas de los ministros de Seguridad nacional y porteño, Aníbal Fernández y Marcelo D'Alessandro respectivamente, y el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel.

El acompañamiento de militantes de diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles acumula a este jueves 11 días consecutivos. La vigilia comenzó el lunes 22 de agosto, luego que el fiscal Diego Luciani solicitara, en el alegato que formuló en el juicio de la obra pública en Santa Cruz, una condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta.

El sábado pasado, durante una de las jornada de movilización, la policía de la ciudad de Buenos Aires reprimió con palos, agua lanzada desde camiones hidrantes y gases lacrimógenos a los militantes que se habían congregado en cercanías del domicilio de la vicepresidenta Cristina Kirchner en el barrio de Recoleta para darle su apoyo. Los incidentes comenzaron luego de que un grupo de manifestantes tumbara las vallas que ordenó colocar cerca del departamento de la exmandataria el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.