Licitación de armas: el pliego habría sido redactado por el oferente que se quería favorecer

El 29 de noviembre del año pasado, en un registro de una oficina del Ministerio de Seguridad solicitado por fiscales el personal actuante encontró a Maximiliano Novas, ex subsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera de esa cartera que para entonces ya había presentado su renuncia, designado durante la gestión del ministro del área Marcelo Sain. En esa requisa a Novas le secuestraron entre otros elementos un pendrive. Al abrirlo el equipo de la fiscalía ubicó un documento de texto que tenía la redacción idéntica a lo que sería el contenido del pliego para una licitación para la compra de 12 mil armas para la provincia por 17 millones de dólares. El documento estaba registrado con el nombre Menajovsky. Así se llama uno de los oferentes que compró el pliego para la licitación y que, para los investigadores, era el seleccionado de antemano para ganarla.

Los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández mostraron este jueves ese elemento como una de las evidencias que revela, a criterio de ambos, que en la gestión de Sain como ministro se direccionó ese concurso multimillonario en favor de un oferente para procurarle al vendedor un beneficio indebido afectando los intereses de la provincia. Lo que señalaron es que Bernardo Fabián Menajovsky, representante de Emprendimientos Grupo Patagónico SRL y uno de los interesados en quedarse con la adjudicación, fue quien en realidad redactó los términos del pliego licitatorio. Afirmaron también que a ese contenido se lo envió a Novas el 7 de septiembre de 2020 que es una fecha previa al llamado a licitación.

Los acusadores alegaron que el diseño de la licitación a medida se hizo además con la redacción de un pliego que impidiera la competencia de oferentes distintos al grupo de Menajovsky -quien falleció en marzo- que es el representante en Argentina de las armas IWI de origen israelí y es un proveedor que participó en el pasado de otros concursos similares en la provincia. Esta última fue una iniciativa diseñada para defraudar a la administración pública que no prosperó, dijeron los fiscales, por razones ajenas a la voluntad de los acusados. Entre ellos la denuncia de la empresa Bersa SA, que en enero de 2021 denunció el contenido del pliego como una maniobra, lo que llevó a que llevó a que la Cámara Contencioso Administrativo de Santa Fe el 4 de febrero de 2021 ordenara de manera provisoria la suspensión de la licitación.

¿Qué había pasado? Todo comenzó el 25 de junio de 2020 con una nota que el entonces secretario de Seguridad Germán Montenegro remitía a Sain en donde se realiza una justificación de carácter técnico-política, al entender de los fiscales, para la compra de las armas. El proceso licitatorio era para la compra de cinco tipos de bienes o pertrechos diferentes, incluidos en cinco distintos renglones, para la policía provincia. Lo llamativo y anormal fue que en el pliego de condiciones se obligaba a que los oferentes cotizaran para todos los ítems. Vale decir que no se podía ofrecer para comprar pistolas 9 milímetros Jericho si no se ofertaban además equipos francotirador Dan larga distancia con mira nocturna y a la vez 130 ametralladoras UZI PRO con mira 5 de punto rojo.

Esta condición era inusual a tal punto que le resultó inaceptable a la Subsecretaría de Contrataciones y Gestión de Bienes del Ministerio de Economía de la provincia que el 15 de diciembre de 2000 advirtió que esa redacción era inválida en cuanto obligaba a los proveedores a cotizar en todos los renglones. Por eso la Secretaría Técnica y de Administración Financiera a cargo de Novas modificó el pliego a los 20 días. Señaló entonces que la forma de cotización era de un renglón con varios ítems. Pero eso fue una estrategia, según los fiscales, para que nada cambiara, ya que el proveedor que se presentara debería igualmente ofrecer para todos los ítems o quedaba fuera del concurso.

Hubo una sobresaliente salvedad de acuerdo a los fiscales: el único oferente capaz de ofrecer todas las armas requeridas era Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, es decir, el de Menajovksy. Los acusadores dijeron en la audiencia que Sain, Montenegro y Novas sabían que solo esa empresa podía hacer el ofrecimiento. Y agregaron que las características del armamento descriptas en el pliego habían sido copiadas de folletos comerciales de la misma firma a la que, según ellos, querían beneficiar.

Los fiscales señalan además que todo estaba coordinado en detalle. No solamente porque Menajovsky redactó el pliego licitatorio dado sino por la correspondencia entre los precios que pagaría la provincia y los ofertados. El precio de referencia de las pistolas Jericho fijado en el proceso fue de 1.168,50 dólares por unidad. Y Emprendimientos Grupo Patagónico SRL cotizó 1.149,50 que es 19 dólares por debajo de lo pautado por la provincia como límite.

Las condiciones de la licitación dijeron los fiscales en la audiencia se redactó de manera de evitar que los oferentes participaran en condiciones de igualdad y crear obstáculos a la competencia entre ellos. Para eso los tres funcionarios, a decir de los investigadores, afectaron los principios legales de las contrataciones del Estado, impidieron que las firmas interesadas concertaran un precio justo e incorporaron vicios legales que terminaron frustrando la compra del armamento a fin de beneficiar a una sola.

La situación fue tan anormal que varias reparticiones administrativas de distinto nivel advirtieron que la denuncia de Bersa, que se sintió injustamente marginada de la licitación, tenía lógica. Además de la Asesoría Letrada del Ministerio de Economía que obligó a ratificar el pliego la Fiscalía de Estado dictaminó el 1 de marzo de 2021 que debía suspenderse el proceso por las irregularidades que presentaba. Y el Tribunal de Cuentas de la provincia informó que objetaba que los requerimientos técnicos no hubieran sido realizados por organismos técnicos competentes.

Este mismo organismo indicó que había en el pedido gestionado por Montenegro a Sain para comprar las 12 mil armas "falta de precisión en torno a los alcances de la noción de sistema de armas" y asimismo "inexistencia de fundamentos categóricos que habiliten a encuadrar los bienes requeridos en una unidad funcional indivisible". Del mismo modo el Tribunal de Cuentas valoró que los requerimientos técnicos no habían sido realizados por los organismos técnicos competentes.

Esto fue algo que contribuyó a explicar en su declaración testimonial el ex jefe de policía provincial Víctor Sarnaglia que tuvo ese cargo durante la gestión de Sain y del que salió tras mantener con él un conflicto manifiesto. Lo que dijo es que la gestión para la provisión de insumos para la fuerza la tiene que determinar el responsable del Departamento Logística (D4) de la policía provincial que es el que sabe en base a información de las necesidades de la policía. Los fiscales indican que como parte de la maniobra y para dar apariencia de rigor técnico a los documentos los tres funcionarios imputados le ordenaron al jefe del D4, Marcelo Correa, que suscribiera un documento que hacía referencia al cuadro de necesidades sobre armamento para la policía, pero no al principio sino después de iniciado el trámite. Esas notas figuran presentadas el 25 de junio de 2020 en el expediente administrativo. Pero Correa suscribió el documento con posterioridad en una fecha indeterminada entre el 26 de marzo y el 2 de julio de 2021 de acuerdo a lo planteado por los fiscales santafesinos.

Los fiscales calcularon el perjuicio calculado para el erario público entre 2.814.000 y 8.274.000 dólares en relación a las ofertas parciales efectuadas por empresas distintas en relación a productos similares a los ofrecidos por la empresa IWI, la que representaba el oferente privilegiado, que cumplían con las condiciones del pliego respecto del ítem pistolas 9 milímetros. El monto total de la adjudicación que los investigadores denominan fraudulentas fue, dijeron en la audiencia, de 17.103.543 dólares.

También marcaron los fiscales que había contradicciones en la fundamentación del pedido de armas en la nota en la que Montenegro las solicita. Por un lado en el texto el funcionario afirma que hay deficiencias en el manejo de la información relativa al parque de armas que impiden determinar con exactitud la cantidad de armas pero luego refiere, dicen los acusadores, que un dato no menor es la antigüedad de las armas y que las que cuenta el personal es armamento obsoleto. Los funcionarios, dijeron los fiscales, no precisan cuán obsoleto es el armamento, qué proporción y cuantas armas deberían reemplazarse. Pero requieren una compra que es mucho mayor a las del pasado. Según las verificaciones de compras previas lo que se piden son 12 mil armas cuando en casos del pasado las mayores licitaciones fueron por 4 mil.

Los fiscales imputaron a Sain por los delitos presuntos de negociaciones incompatibles en el cargo con tentativa de defraudación a la administración pública. Al final de la audiencia Hernández y Jiménez dijeron que en la audiencia los ex funcionarios hicieron consideraciones particulares y políticas sobre los motivos de la acusación. Pero que en la audiencia no respondieron nada respecto de la evidencia desplegada allí.