Política

Ley de medios: para el fiscal, la desinversión es "constitucional"

Dictaminó que los artículos objetados por Clarín son válidos y le pidió al juez Alfonso que desestime el pedido del grupo multimediático.  

Miércoles 12 de Diciembre de 2012

El fiscal federal Fernando Uriarte dictaminó que los artículos 45 y 161 de la ley de servicios de comunicación audiovisual son "constitucionales" y le pidió al juez de primera instancia Horacio Alfonso que desestime el planteo del Grupo Clarín contra su aplicación, la que se encuentra suspendida a raíz de una medida cautelar. Durante la jornada, además, el gobierno presentó un "recurso extraordinario" ante la Cámara en lo Civil y Comercial Federal contra el fallo que prorrogó la medida cautelar que mantiene en suspenso la aplicación de esos artículos clave.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Civil y Comercial Federal 5 concluyó que la normativa impugnada "no conculca los derechos constitucionales de propiedad y de comercio del Grupo Clarín", al expedirse con carácter no vinculante sobre la llamada cuestión de fondo de la ley de medios. Ahora, el juez Alfonso tiene un plazo de 40 días para pronunciarse, aunque todo indica que no tomará tanto tiempo, teniendo en cuenta la reciente orden de la Corte Suprema de Justicia para que falle con celeridad.

En el dictamen, que no es vinculante, y no obliga al juez, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que la normativa impugnada "no conculca los derechos constitucionales de propiedad y de comercio del Grupo Clarín". El fiscal está primero en un concurso para ser magistrado de la Cámara Civil y Comercial, según trascendió ayer en tribunales. El constitucionalista Daniel Sabsay aclaró que el dictamen del fiscal "no es vinculante" y precisó que "muchas veces los jueces los hacen suyos y muchas no". Indicó, no obstante, que lo que sí hace el pronunciamiento de Uriarte es dejar la causa en "autos de sentencia", es decir, sin que puedan mediar dilaciones para que el juez falle. "Alfonso tiene un plazo máximo de 40 días" para decidir, explicó.

El lunes, el gobierno presentó un "recurso extraordinario" ante la Cámara contra el fallo que prorrogó la medida cautelar. Un día después de que la Corte Suprema rechazara el recurso de per saltum solicitado por el Ejecutivo, la Jefatura de Gabinete de Ministros formalizó la apelación ante la Cámara en lo Civil y Comercial, a cuyos integrantes el máximo tribunal les ordenó que habiliten fines de semana, feriados y vacaciones para tramitarlo.

Ahora, la Cámara le dará traslado al recurso por diez días, es decir, le dará ese tiempo al Grupo Clarín para que realice su descargo en su condición de contraparte y, una vez recibida la respuesta, el tribunal decidirá si el planteo del Gobierno es admisible o no.

Si la Cámara acepta el recurso, el gobierno quedará habilitado para pedirle a la Corte Suprema que revoque la prórroga de la cautelar que exime al Grupo Clarín de la obligación de desprenderse de licencias de radio y televisión para adecuarse a la nueva ley, y si lo rechaza el Ejecutivo tendría que ir "en queja" directamente a la Corte.

La vía del recurso extraordinario se produjo luego de que la Corte deslizara esa posibilidad en su fallo de el último lunes, en el que consideró improcedente el recurso del per saltum porque éste había sido presentado contra un fallo de segunda instancia y no de primera, por lo cual "no hubo salto de instancia".

En su planteo, el gobierno reclama la suspensión de los efectos de la resolución dictada el 6 de diciembre por la Sala I de la Cámara, que prorrogó la cautelar más allá del 7 de diciembre, fecha límite que había fijado la Corte Suprema en un fallo de mayo pasado. En este sentido, el ministro de Justicia, Julio Alak, reiteró que la resolución de la Cámara Civil y Comercial dictada días atrás "que extiende la cautelar mas allá del límite máximo que había fijado la Corte, es decir el pasado 7 de diciembre, debe ser revocada y dejada sin efecto".

Alak subrayó que la sentencia de la Cámara "tiene graves vicios procesales, que precedieron al fallo, ya que las recusaciones que presentó la Afsca contra sus integrantes, fueron resueltos por ellos mismos". Sostuvo también que la resolución "es arbitraria y contiene graves autocontradicciones".

"Esta extensión de la medida cautelar ha ingresado al selecto grupo de cautelares eternas, lo que constituye toda una sentencia en sí misma", agregó el ministro del área. Además, recordó que "el propio juez Raúl Zaffaroni hizo saber en su voto que, de verificarse la contradicción invocada por el Estado, esto es, la extensión de la cautelar más allá del plazo fijado por la propia Corte, podría importar un alzamiento de la Cámara contra la propia Corte".

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