Leonardo Fariña, convertido en una figura central de la causa por la llamada "ruta del dinero K" tras hacer una extensa confesión en la que salpicó a numerosas personas, fue excarcelado ayer por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que lo tenía preso desde hace dos años por evasión impositiva agravada.
Según indicaron fuentes judiciales, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que hace unas semanas había decidido prorrogar su prisión preventiva hasta el juicio oral, resolvió ahora hacer lugar al pedido de la defensa para excarcelarlo.
La resolución fue comunicada al juez federal Sebastián Casanello, quien deberá coordinar con el Ministerio de Justicia de la Nación los pasos a seguir para mantener a Fariña, ahora libre, dentro del programa de Protección de Testigos al que se acogió.
Fariña estaba preso desde 2014 por la presunta evasión de 4.620.000 de pesos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) del ejercicio anual 2010 y la presunta evasión del pago del Impuesto a las Ganancias por $7.700.000 del período fiscal 2010.
Esos impuestos surgían de la compra de un campo que está siendo investigado en el marco de la causa de la "ruta del dinero".
El lunes, la abogada Giselle Robles había pedido la libertad de su cliente, preso hace dos años en Ezeiza, porque ya no había riesgo de fuga debido a que, tras la confesión que brindó el viernes en la causa por presunto lavado de dinero en la que está preso Lázaro Báez, ahora es vigilado por el Ministerio de Justicia.
El viernes pasado Fariña declaró doce horas ante Casanello, quien lo tiene procesado (pero sin prisión preventiva) por la presunta "ruta del dinero K". Dio detalles de las maniobras y fue devuelto a la cárcel de Ezeiza, donde fue alojado el Hospital Central Penitenciario, lugar en el que según su abogada se encontraba aislado durante 24 horas, monitoreado y filmado.
"La circunstancia de que Fariña haya sido aceptado dentro del «Programa de protección de testigos e imputados» perteneciente al Ministerio de Justicia de la Nación, neutraliza el riesgo de fuga que ponderó el Tribunal en la resolución anterior", dijo la abogada.
El pedido de excarcelación (o al menos el otorgamiento de la prisión domiciliaria) lo hizo ante la Sala III de la Cámara de Casación Penal —que analizaba la prórroga de la prisión preventiva— y ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, que someterá a juicio a Fariña.
La Sala III de Casación confirmó la prórroga de la preventiva, pero ayer el TOF de La Plata resolvió liberarlo.
En los fundamentos de su presentación, la defensora de Fariña recalcó el trato "inhumano" al que estaba siendo sometido y la necesidad de un contacto fluido con sus abogados, pero además subrayó: Fariña "corre riesgo de vida en un penal".
El fiscal Carlos Dulau Dumm se opuso a la solicitud, pero los jueces tuvieron otro criterio.
El juez Germán Castelli dijo que "la prisión preventiva rigurosa dispuesta por este Tribunal, y homologada por el órgano casatorio, resulta incompatible con la correcta implementación del Programa de protección de testigos e imputados, al que se acogió Jorge Leonardo Fariña".
Y recordó que "dicho Programa ha sido creado por el legislador argentino para satisfacer responsable y eficazmente situaciones de la naturaleza bajo estudio".
Allanaron otra vez La Rosadita
El juez federal Sebastián Casanello ordenó ayer una serie de allanamientos, entre ellos a la sede de la financiera SGI conocida como La Rosadita, en el marco de la causa por presunto lavado de dinero conocida también como “la ruta del dinero K” y en la que está preso el empresario Lázaro Báez. Fuentes judiciales indicaron que el juez dispuso siete allanamientos, en los que incluyó a la SGI y oficinas en la avenida de Mayo 570, en pleno microcentro porteño.
La Justicia ordenó reabrir la causa Skanska
La Justicia ordenó ayer reabrir la causa Skanska, el primer escándalo de presunta corrupción del gobierno kirchnerista, y reflotó la validez de una prueba clave, una conversación que corroboraba el pago de coimas por la adjudicación de obras públicas.
La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal se conoció justo el mismo día en que la ex presidenta Cristina Fernández irrumpía en los tribunales federales para protagonizar su primera declaración indagatoria —como acusada— por la causa de la venta de dólares a futuro.
Durante la anterior pesquisa, el caso salpicó a funcionarios que dependían del entonces ministro de Planificación, Julio De Vido, cuya cartera fue allanada en esa ocasión.
La Sala IV de la Casación, integrada por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Angela Ledesma, resolvió revocar la decisión de la Sala I de la Cámara Federal que había excluido como medio de prueba la grabación secuestrada en un allanamiento a la sede de la empresa Skanska.
La causa investiga el pago de sobornos a funcionarios kirchneristas para la adjudicación de la ampliación de gasoductos: allí estaban comprometidos el ex titular del Enargas Fulvio Madaro —que dependía del ex ministro de Planificación Julio De Vido— y el ex director de Nación Fideicomisos Néstor Ulloa.
Ocurrió en Fisherton en 2021. La sentencia incluye 4 años de reglas de conducta, 10 de inhabilitación para conducir y una reparación económica.
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