Política

Legisladores van a la sesión sin la certeza de poder suspender a Sain

La Justicia provincial ordenó archivar el proceso sancionatorio contra el titular del Organismo de Investigaciones. La magistrada Calace Vigo consideró el planteo de la Casa Gris que alude a una ilegítima persecución al ex ministro de Seguridad

Jueves 01 de Julio de 2021

Las aguas institucionales están lejos de aquietarse en Santa Fe: luego de que la Justicia provincial ordenara ayer el archivo del proceso sancionatorio —también solicitado por el Ejecutivo— por presuntas faltas graves contra el director del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marcelo Sain, senadores y diputados provinciales ratificaron la realización de la sesión conjunta programada para hoy. Aunque sin certezas de poder avanzar con el pedido de suspensión del ex ministro de Seguridad, eje de la cita parlamentaria.

Pasado el mediodía, salió a la luz la resolución de Paula Calace Vigo, jueza Laboral de Rosario, quien hizo lugar al amparo presentado el jueves pasado por Sain y ordenó a la comisión bicameral de Acuerdos dejar sin efecto y archivar el sumario que se le realiza al titular del OI y ex jefe de la cartera de Seguridad.

Sain había formalizado el amparo en paralelo a la decisión de senadores y diputados de ir por su suspensión (con reducción de 50 por ciento de haberes) mientras se instruye la investigación interna por supuestas faltas graves encarada por el auditor ad hoc del MPA, el fiscal Regional de Reconquista, Rubén Martínez.

Fundamentos

La decisión de la jueza se sustentó en el “allanamiento” al recurso del conductor del Organismo de Investigaciones aportado horas antes por el fiscal de Estado, Rubén Weder, quien de ese modo le dio la razón a la contraparte (Sain).

El titular del OI había planteado un amparo contra la provincia para solicitar que se declare inconstitucional la aplicación retroactiva de la ley N° 14.016 (incompatibilidades y prohibiciones para miembros del MPA) con el objetivo de evitar cualquier medida disciplinaria dentro del sumario administrativo ordenado por el fiscal general, Jorge Baclini.

La magistrada repasó también el pedido del ex jefe de Seguridad, que reiteró que la ley conocida como anti Sain “fue hecha a medida para que no pueda volver a ejercer el cargo de director del OI en consideración de la persecución política que vivió” como funcionario provincial, entre otras objeciones. Incluso, avisó que no descartaba recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

A su vez, Calace Vigo indicó que el fiscal de Estado dio cuenta de un decreto del gobernador Omar Perotti (del martes) por el que dispuso, en ejercicio de atribuciones constitucionales, “instruir el allanamiento a la acción de amparo interpuesta por Sain”, además de señalar que la avanzada sobre el titular del OI “afecta derechos protegidos por el ordenamiento jurídico”, entre otros puntos.

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El director del Organismo de Investigaciones del MPA.

El director del Organismo de Investigaciones del MPA.

En esa línea, la jueza destacó “la voluntad del Ejecutivo en cuanto a la oportunidad y conveniencia de ponerle fin al litigio mediante el allanamiento con fundamento exclusivo en la ilegitimidad de perseguir disciplinariamente al director del OI por hechos ocurridos en el uso de licencia en ese cargo y cumpliendo funciones políticas como ministro de Seguridad”.

Asimismo, la resolución de Calace Vigo sostuvo que el fiscal de Estado aclaró que “quedan excluidos de los fundamentos del allanamiento los otros agravios traídos a la causa por Sain”.

El planteo contra el titular del OI había corrido por cuenta del fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, y de 27 diputados de la oposición por —entre otras acusaciones— el hacinamiento de presos en comisarías, escuchas a integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, presuntas irregularidades en una licitación para la compra de armas de fuego y manifestaciones discriminatorias (denunciadas ante el Inadi).

Pese a que las denuncias aluden a casos registrados durante su paso por la cartera de Seguridad —hasta la renuncia oficializada en marzo—, el auditor ad hoc sostuvo que Sain seguía perteneciendo al MPA ya que había solicitado licencia en el OI (al que accedió por concurso en 2018) para sumarse al gabinete de Perotti. En el oficialismo, en tanto, alertaron acerca de la “inconstitucionalidad” de la arremetida contra el ex funcionario provincial.

Contrarreloj

Tras el fallo de la jueza, los legisladores que fogonean el avance sobre Sain evaluaron distintas alternativas. Por lo pronto, a las 12, habrá reunión de Acuerdos y, una hora después, tendrá lugar la sesión conjunta de las Cámaras alta y baja.

No obstante, las dudas se centraban anoche en la suerte a correr por el pedido de suspensión de Sain, al tiempo que en algunos despachos opositores analizaban apuntar sus cañones al decreto firmado por Perotti e incluido en la respuesta de la Fiscalía de Estado y al rol de Weder (“Es el responsable de defender los tres Poderes del Estado”, deslizaron).

La medida de Calace Vigo también llegó un día después de que la Corte Suprema santafesina se pronunciara, de modo dividido (cuatro votos contra dos), a favor de la constitucionalidad de la norma que otorga a los legisladores el control disciplinario de fiscales y defensores del Ministerio Público de la Acusación.

En espera

Paralelamente, la bicameral de Acuerdos reactivará el proceso sancionatorio contra el fiscal rosarino Adrián Spelta una vez que reciba la resolución de la Corte Suprema.

Spelta tiene abierto un proceso en la Legislatura por haber acordado una excarcelación a Emanuel Ema Pimpi Sandoval, implicado junto a su hermano en un intento de triple homicidio en un incidente con un contexto de narcomenudeo.

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