La Cámara Federal porteña revocó ayer el arresto domiciliario de Omar Caballo Suárez, ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (Somu), y dispuso su traslado a la cárcel de Ezeiza. El sindicalista, investigado por extorsión a empresas navieras y manejo irregular de fondos del sindicato, había sido beneficiado con la prisión domiciliaria por el magistrado federal Luis Rodríguez el 29 de diciembre, último día hábil previo a la feria judicial, por los problemas de salud que padece.
Pero el fiscal Gerardo Pollicita apeló el fallo, a lo que se sumó las condiciones que impusieron los jueces Sebastián Ramos y Sergio Torres al beneficio del sindicalista en la ciudad bonaerense de Olivos, como una consigna permanente de Prefectura Naval y la prohibición de ingresar bebidas alcohólicas.
Finalmente, los camaristas de feria Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia resolvieron ayer poner fin al arresto domiciliario que cumplía Suárez. Los magistrados consideran que Suárez "recibió, dentro de las limitaciones que lógicamente implica el encierro en una dependencia carcelaria, la atención médica adecuada respecto a sus dolencias, más allá de los intentos de su asistencia técnica de demostrar lo contrario". Destacaron que en varias oportunidades "la atención no se produjo por la propia negativa del imputado".
Según el informe médico presentado por la defensa, Suárez es un paciente "hipertenso, con sobrepeso, hemiparesia braquiocrural, hemorroides externas y limitación funcional secuelar de codo izquierdo". Además evidenciaba "una severa alteración conductual (paranoia), que lo lleva a negarse a recibir el régimen dietético recomendado y, muchas veces, atención médica porque alega temor a ser envenenado".
Después del último examen médico, se indicó sin embargo que el ex sindicalista "se encuentra clínicamente compensado, sin evidencia de sangrados activos ni patologías físicas agudas en evolución", por lo que el cuerpo médico forense concluyó que "no surgen evidencias, al momento presente, que el mismo requiera de una internación de urgencia en un centro hospitalario".
El Caballo estaba en la cárcel desde septiembre de 2016. Entre otras cuestiones, enfrenta acusaciones de extorsionar a empresarios marítimos y de fraudes millonarios con su gremio, además de ser jefe y organizador de una asociación ilícita, de administración fraudulenta y de lavado de dinero.
Se ordenó el traslado del procesado al Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza, donde a su vez tiene su sede el Hospital Penitenciario Central, que cuenta con mayor complejidad asistencial que la unidad médica del Complejo de Marcos Paz, para dar respuesta a un caso de urgencia.
Suárez está acusado de "haber administrado fraudulentamente los bienes e intereses de la Obra Social del Personal Marítimo", en su carácter de presidente, obteniendo un lucro indebido, en violación de los deberes correspondientes al cargo que ostentaba en la entidad y en perjuicio de los intereses de los afiliados que le fueran confiados.
Se lo procesó por el desvío "injustificado" de fondos de la obra social hacia la Fundación Azul para el Cuidado y Preservación del Medio Ambiente Marino Fluvial y Lacustre, de la cual también era presidente.
Ese desvío fue realizado "en forma irregular y sin justificación alguna y/o que guarde relación con los fines de la obra ocial, la suma de tres millones de pesos ($3.000.000) desde los fondos de la OSPM hacia a la Fundación Azul, dinero que nunca fue devuelto", según el fallo.